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Ponemos a consideración de los señores diputados el siguiente proyecto de ley, con el objeto de regular, ordenar y fomentar el aprovechamiento de las aguas minerales y termales cuyo lugar de alumbramiento se sitúe dentro del ámbito territorial de la Provincia de Mendoza.

Nuestros Legisladores en un inteligente y claro empeño de legislar para regular el recurso hídrico de la provincia, desarrollaron a través del tiempo un sistema constitucional, jurídico e institucional que permitió, en el transcurso de los años, desarrollar al territorio provincial partiendo de la justa y social distribución y explotación de un bien escaso, como lo es en nestra provincia, el agua.

El crecimiento económico y poblacional en nuestro territorio se ha desarrollado en los oasis creados por mano del hombre, en los espacios cercanos a los ríos de montaña que surcan nuestro suelo.

La explotación de aguas subterráneas también ha permitido convertir algunos páramos provinciales en fuentes de riqueza y producción provincial.

La regulación de ríos de montaña a través de diques y embalses, y la posterior distribución del agua a través de un numeroso y bien pensado sistema de canales, hijuelas y acequias, también han colaborado a que en esta tierra de características desérticas y semidesérticas se haya convertido en parte en un oasis productivo, que sólo abarca, aún con todos estos esfuerzos una superficie que no supera el 3% del territorio provincial.

Vemos que solamente a través de grandes esfuerzos humanos, laborales y económicos, acompañados por un celo legislativo sabio y visionario, se ha conseguido a través de los años un desarrollo provincial.

Ahora bien, no todo está resuelto, la preocupación a futuro es un desafío aún mayor ante la inminente e irremediable escasez de agua dulce a nivel mundial.

Nuestra provincia por lo anteriormente expuesto no sólo no está libre de este problema sino que al contrario va a ser uno de los lugares donde se sufra esa escasez, siempre y cuando no legislemos para establecer las formas de explotación de uno de nuestros bienes más preciados como son nuestros yacimientos de aguas dulces.

Estos yacimientos de aguas dulces, que a su vez poseen las preciadas características de ser minerales, se encuentran guardados en las entrañas de nuestra tierra, convirtiéndose en una de las reservas de este tipo más importantes del mundo. Hoy, estas reservas son explotadas por dos grandes grupos internacionales radicados en nuestra provincia (77% de la explotación está bajo su órbita), sin que exista una legislación específica que regule estos emprendimientos, siendo de vital importancia hacerlo, porque el agua dulce es un bien público de las generaciones presentes y futuras.

La crisis mundial de falta de agua dulce produce problemas críticos en la salud pública en gran parte del mundo. La contaminación de aguas, el déficit de agua potable y las condiciones de vida insalubre causan la muerte de 12 millones de personas al año.

La explotación del agua dulce produce tensiones sociales y políticas. Las cuencas fluviales y otras masas de agua no respetan fronteras nacionales ni provinciales.

Así, por ejemplo la utilización de aguas por un país o una provincia situada aguas arriba suele menoscabar el suministro posible para quienes se encuentran más abajo, siendo este elemento en muchos casos el disparador de conflictos judiciales, políticos y hasta bélicos. (Recuérdese el conflicto del caso del Atuel entre las Provincias de Mendoza y La Pampa).

No proteger los recursos de agua dulce hoy, nos hará responsables de los problemas de convivencia de las generaciones futuras.

De prevenir una crisis se trata, la utilizacón indiscriminada,excesiva y equivocada debe cesar lo más pronto posible, no podemos seguir despilfarrado y contaminando nuestros preciosos suministros de agua.

Las explotaciones sin control están alterando cada vez más el caudal de agua y extrayendo el agua dulce y sin dar tiempo a que ese volumen se reponga.

En la Conferencia sobre el Agua de Dublín en 1.992 se resumieron los principios de regulación sostenible del agua, enunciando los siguientes tópicos:

1-El agua dulce es un recurso limitado y vulnerable, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente.

2-El desarrollo y la gestión de recursos hídricos deberán fundarse en un enfoque participatorio en el que intervengan usuarios, planificadores y autoridades de todos los niveles.

En nuestra Constitución Nacional, precisamente en el Art. 41 se establece "el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras".

En otro párrafo dice "...las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural...".

Además indica que las normas de protección corresponden a la Nación y a las Provincias. En el Art. 75, Inc. 19 de la Constitución Nacional se considera la distribución equitativa de los bienes asegurando la igualdad de oportunidades a las generaciones presentes y futuras.

En el tema que nos compete, la explotación de un bien público escaso como es el agua dulce, indudalemente se debe legislar para su protección, asegurando su utilización racional, además de establecer una participación económica de todos los ciudadanos presentes y futuros.

En la Constitución Provincial en su Art. 1 establece claramente la propiedad exclusiva, inalienable e imprescriptible del Estado Provincial de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, como así también de toda fuente de energía gaseosa, líquida o sólida, situada en el suelo o subsuelo. Aclarando además que su explotación debe ser preservada en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

Está absolutamente claro que en el caso de las aguas termales el patrimonio de este bien es exclusivamente del Estado Provincial, pero podemos inferir por analogía que en el caso de aguas minerales, que también se pueden incluir en generadoras de energía, ya que son fuentes de vida; también son de propiedad de todos los mendocinos y por ende del Estado.

En el Artículo 186 de la Constitución Provincial se establece sabiamente la inherencia del uso del agua, de dominio público, a la tierra, pero se concede dicha explotación en la medida y condiciones determinadas en el Código Civil y Leyes locales.

En el Artículo 2340 del Código Civil después de la reforma a través de la Ley 17.711 en su Artículo 1 Inc. 91 establece que las aguas de los ríos, sus cauces, todas las aguas que corren a través de cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación.

"Esta disposición tiende a permitir el uso público de las aguas subterráneas (incluidas vertientes) y a evitar que el dueño del suelo pueda hacer una extracción excesiva e irracional que perjudique a otros vecinos y a la comunidad. Estudios geológicos han puesto de relieve la existencia de napas acuíferas importantísimas y muy dilatadas cuyo aprovechamiento debe ser regulado para evitar su agotamiento temporal o definitivo. Por ello la ley establece que la extracción debe hacerse en la medida del interés del propietario del suelo conforme con la reglamentación, que, por cierto podrá limitar la cantidad que puede extraer el propietario". (Borda, Guillermo. Tratado de Derecho Civil. Parte General. Tomo II pag. 53 y 54).

Queda claro en el caso de marras que el agua no es un bien susceptible de apropiación privada, tal cual queda establecido también en los Art. 1; 11; 103;111 y 117 de la Ley General de Aguas de la Provincia de Mendoza de 1.884.

Siempre se establece el uso y goce, no la propiedad; ésta queda reservada al Estado y éste puede conceder su uso exclusivo, mediante condiciones establecidas y asegurando su imprescriptibilidad y el uso gratuito para todos los miembros de la comunidad.

Planteado en términos de carácter económico, el aprovechamiento de aguas destinadas al consumo humano tal cual se da en el caso de aguas minerales y termales, y atentos al carácter de bien social que posee el agua potable (según lo planteado por el Dip. Rubio en su proyecto de Resolución fechado el 11 de Enero de 2.002), es que resulta de vital importancia la aprobación de una Ley que establezca la regulación, ordenamiento y fomento de la explotación de las aguas minerales y termales en nuestro territorio provincial.

Por estos fundamentos y los que oportunamente se darán es que vamos a solicitar el tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de ley.

Artículo 1:Las aguas minerales y termales constituyen un recurso declarado de utilidad pública, que forma parte del dominio público del Estado en los términos que establecen la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, el Código Civil y la Ley General de Aguas de la Provincia de Mendoza, y constituye el objeto de la presente Ley, ordenar y reglamentar el uso de estos bienes.

Artículo 2:Corresponde a la Dirección General de Irrigación, la regulación del aprovechamiento, ordenamiento y fomento de la explotación de las aguas minerales y termales cuyo lugar de alumbramiento se sitúa dentro del ámbito territorial de la Provincia de Mendoza.

Artículo 3:Corresponde a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia el control del volumen de explotación y de contaminación; asegurando un equilibrado aprovechamiento del bien, protegiendo los intereses de generaciones presentes y futuras.

Artículo 4:Corresponde al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia la declaración pública de la calidad de las aguas minerales, así como la reglamentación del uso de las instalaciones de explotación en los casos descriptos en el Capítulo II de la presente Ley.

a)- Aguas minero-medicinales: Son aguas superficiales o subterráneas alumbradas natural o artificialmente que por su composición y, en su caso, por su temperatura poseen propiedades terapéuticas susceptibles de ser utilizadas en establecimientos balnearios en el área de emergencia o como aguas envasadas.

b)-Aguas minero-industriales: Son aguas superficiales o subterráneas alumbradas natural o artificialmente que por su composición permiten el aprovechamiento racional de las sustancias que contengan.

c)- Aguas minerales naturales: Son aquellas aguas bacteriológicamente sanas que tengan su origen en un estrato o depósito subterráneo o que broten de un manantial en uno o varios puntos de alumbramiento naturales o artificiales y por cuyo contenido en minerales, oligoelementos y otros componentes, produce en el organismo efectos favorables complementarios de las funciones fisiológicas, sin poseer necesariamente propiedades terapéuticas.

Artículo 6:Se define como aguas de manantial a aquellas aguas de origen subterráneo que emergen espontáneamente en la superficie de la tierra o se captan mediante labores practicadas al efecto, que por cuyo contenido en minerales, oligoelementos y otros componente cumple las normas de potabilidad vigentes y que, por su condición bacterieológica natural, son susceptibles de utilización como agua para consumo en el lugar de emergencia o como agua de bebida envasada.

Artículo 7:Son aguas termales todas aquellas superficiales o subterráneas alumbradas natural o artificialmente cuya temperatura de surgencia sea superior a 4 grados centígrados a la temperatura media anual del lugar de surgencia, y que son susceptibles de aprovechamiento energético.

Artículo 8:La declaración de la condición de mineral de unas aguas determinadas será requisito previo para la concesión de su aprovechamiento como tales, pudiendo acordarse de oficio o a solicitud de cualquier persona que así lo requiera.

Artículo 9:La declaración de la condición de mineral corresponderá al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza y notificándose individualmente a los interesados, cuando no se actuare de oficio.

Artículo 10:De igual forma a lo establecido en los Artículos precedentes se procederá para declarar la pérdida de la condición de mineral de determinadas aguas.

Artículo 11:En el expediente de declaración deberá incluirse un estudio hidrogeológico, aportado por el solicitante, que acredite suficientemente la procedencia de las aguas y la protección del acuífero frente a la contaminación.

Artículo 12:Iniciado el expediente para la declaración de la condición de mineral de determinadas aguas, el propietario del terreno donde emergen o el titular de un derecho de aprovechamiento de las mismas tendrá opción de subrogar los derechos adquiridos, en un plazo de 4 (cuatro) meses desde la notificación del mismo.

Artículo 13:Una vez efectuada la declaración o reconocimiento de la aptitud mineral de unas aguas, quien hubiera iniciado el expediente dispondrá de un plazo de 1 (1) año, desde la notificación de la resolución causante, para solicitar la concesión o autorización administrativa de aprovechamiento.

Artículo 14:Declarada de oficio la condición de mineral de las aguas, o no solicitada la concesión de aprovechamiento de éstas según lo previsto en el Art. 13, el órgano competente podrá otorgar dicho aprovechamiento mediante licitación pública.

Artículo 15:Para ejercer el derecho a la explotación de las aguas termales y minerales deberá solicitarse la oportuna concesión administrativa, presentando un proyecto general de aprovechamiento, compuesto por el presupuesto de las inversiones a realizar y el estudio económico de su financiación, con las garantías que se ofrecen sobre su viabilidad.

Además se fijará un perímetro de protección tendiente a la conservación del acuífero y un estudio justificando la necesidad del mismo y la delimitación propuesta.

Artículo 16:Dicho perímetro, definido por coordenadas geográficas referidas al meridiano de Greenwich. Estará constituido por 3 (tres) zonas, que limitarán las actividades que se pretendan llevar en las mismas:

Las tres zonas se establecerán en función a lo que se denomina "tiempo de tránsito" que se define como el tiempo que transcurre entre la entrada de un elemento en el seno acuífero y su extracción por captación.

Al inicio del aprovechamiento de las aguas, el titular deberá disponer de los terrenos que comprendan las zonas de restricciones máximas.

Artículo 17:Las explotaciones de aguas minerales o termales son exclusivamente los que se relacionan en el artículo siguiente para cada tipo de aguas.

Cualquier otro aprovechamiento de aguas está sometido a la Ley de Aguas vigente, quedando fuera del ámbito de la presente Ley.

a)-De aguas minero-medicinales: usos terapéuticos en instalaciones balnearias situadas en áreas de emergencias; aguas envasadas.

d)-De aguas minero-industriales: usos industriales para extracción de las sales disueltas o como salmueras.

Artículo 19:En el caso de aprovechamiento de aguas mineromedicinales el concesionario deberá asegurar un lugar de acceso público gratuito para baños de usos terapéuticos en el lugar de emergencia.

Artículo 20:En el caso de explotación de aguas minerales naturales el concesionario deberá dispones de un dispositivo público para el suministro de aguas con destino a consumo personal.

Artículo 21:El Estado Provincial y los Departamentos Ejecutivos Departamentales fijarán un canon para el derecho de explotación. Este canon será establecido como una alícuota de la facturación anual de la explotación. La medición del agua extraída por cada aprovechamiento se realizará a través de caudalímetros habilitados y controlados a tal fin por los organismos competentes.

d)-Fomentar todos aquellos emprendimiento que tengan por objeto final el uso racional y equilibrado de un bien no renovable y escaso como es el agua dulce.

Artículo 22:Las concesiones de explotación tendrán un plazo de concesión de 30 (treinta) años, salvo que se extingan con anterioridad de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 23:Con antelación mínima de 1 (un) año a la finalización del plazo concesional, el titular de la explotación podrá solicitar al órgano competente la prórroga por dos periodos de igual tiempo al anterior.

Artículo 24:Cualquier modificación, ampliación o restricción del aprovechamiento concedido requerirá la previa autorización del órgano competente.

Las modificaciones sustanciales en las instalaciones inicialmente aprobadas, así como cualquier paralización que en las mimas se produzca, deberán comunicarse a la Dirección General de Irrigación.

Artículo 25:El titular de una concesión de explotación de aguas minerales o termales estará obligado a iniciar los trabajos en un plazo de 6 (seis) meses a partir de la fecha en que estén debidamente autorizadas las instalaciones.

Asimismo deberá presentar un plan anual de explotación de acuerdo a lo que reglamentariamente se establezca.

Artículo 26:La concesión de aprovechamiento de las aguas minerales y termales, otorga a su titular el derecho exclusivo de utilizarlas en las condiciones fijadas en la misma. El órgano competente a instancia del concesionario proveerá las medidas precisas para impedir que se realicen en el perímetro de protección aprobado trabajos o actividades que puedan perjudicar el normal aprovechamiento de las mismas.

La realización de cualquier clase de trabajo subterráneo dentro del perímetro citado, deberá contar previamente con la autorización del órgano competente.

Si los trabajos citados en el párrafo anterior perjudican al titular de la concesión de explotación, quienes hayan obtenido la autorización para la ejecución de los mismos estarán obligados a indemnizar a aquel.

Artículo 27:Los órganos competentes, a través de controles periódicos, que se establecerán reglamentariamente, garantizarán la permanencia de las características que motivaron la declaración de aguas mineral o termal, así como la adecuación de su uso a las condiciones establecidas en la concesión de explotación y los planes anuales de explotación aprobados.

Artículo 28:Los derechos que otorga una concesión de explotación de aguas termales o minerales podrán ser transmitidos, arrendados y gravados en todo o en parte, por cualquier medio admitido en derecho, a personas que reúnan las condiciones determinadas en el Código Civil.

Artículo 29:El ejercicio de cualquiera de los derechos a que se refiere el Art. 28 requerirá la autorización previa del órgano competente.

Artículo 30:Las concesiones de explotación reguladas en la presente Ley tendrán únicamente efectos administrativos, dejando a salvo los derechos y obligaciones de carácter civil.

Artículo 31:Las concesiones de aprovechamiento reguladas en la presente Ley se declararán extinguidas por resolución de cualquiera de los órganos competentes en los siguientes supuestos:

d)-Por disminución del caudal acuífero o por cualquier otra causa que ponga en peligro las características y las cualidades de mineral o termal, por las cuales se otorgó el aprovechamiento de las aguas.

f)-Por la finalización del plazo por el que fue otorgada la concesión o, en su caso, las prórrogas sucesivas.

g)-Por mantener paralizados los trabajos de explotación más de 1 (un) año sin autorización administrativa.

Artículo 32:Declarada la extinción de una, concesión, y siempre que no se debiera a la pérdida de las condiciones o características que sirvieron de base para su aprovechamiento, el órgano competente podrá conceder la explotación mediante licitación pública, de acuerdo a lo establecido en esta Ley y en las normas reglamentarias que la desarrollen.

Artículo 33:El Departamento General de Irrigación, llevará un Registro de Aguas Minerales y Termales permanentemente actualizado, en el que se inscribirán de oficio las declaraciones de la condición de mineral o termal de unas aguas determinadas, así como las explotaciones de las mismas legalmente constituídas.

Artículo 34:Se consideran establecimiento balnearios aquellos que estando dotados de los medios adecuados utilizan las aguas minero-medicinales y termales con fines terapéuticos.

Artículo 35:Los establecimientos indicados en el Art. 34 tendrán carácter de centros sanitarios y como tal se ajustarán a lo concerniente a dicho aspecto.

Artículo 36:Los establecimientos balnearios podrán disponer de instalaciones industriales, hotelera, de complemento turístico, de ocio y demás complementarias que tengan por objeto la prestación de servicios distintos.

b)-Llevar a cabo modificaciones, ampliaciones, restricciones o paralizaciones de la explotación sin la previa autorización o nueva concesión, en su caso.

d)-La transmisión de los derechos que otorgan la concesión o autorización, en su caso, de aprovechamiento sin la autorización administrativa previa.

e)-La presentación del plan anual de explotación fuera del plazo reglamentario previsto, pero dentro del primer semestre del año en curso.

a)-La presentación del plan anual fuera del plazo reglamentariamente establecido pero dentro del primer semestre del año en curso.

b)-En general, cualquier incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley que no este tipificado como grave o muy grave.

Artículo 40:Las infracciones tipificadas en los Art. 37; 38 y 39 serán sancionados con multas o extinción de la concesión de acuerdo con la siguiente graduación:

En estos casos además podrá decretarse una suspensión de una concesión o autorización, en su caso, de aprovechamiento de hasta 6 (seis) meses o la extinción definitiva de dicha concesión o autorización.

Artículo 41:Para la graduación de las anteriores sanciones se tendrá en cuenta el grado de repercusión en el aprovechamiento concedido, su trascendencia respecto a las personas y los bienes, participación y beneficio obtenido, intencionalidad del infractor, así como el deterioro producido en la calidad del recurso.

Artículo 42:Las infracciones tipificadas en los Art. 37; 38 y 39 darán lugar a la formación del correspondiente expediente sancionador, instituyéndose y tramitándose de acuerdo con las normas vigentes de procedimiento administrativo.

Artículo 43:La competencia para imponer sanciones a que se refiere el Art. Anterior corresponderá según la distribución de competencias descrita en el Art. 2; 3 y 4 de la presente Ley.

Artículo 44:Toda agua mineral envasada fuera del territorio de la Provincia deberá cumplir para que su expendio o venta sea permitida dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, los siguientes requisitos:

c)-Presentar las características del agua en base a las cuales se ha hecho la correspondiente declaración de agua mineral.

Artículo 45:Una vez realizada la evaluación determinada en el Art. 44, el órgano competente autorizará o no el expendio a título gratuito o venta del agua mineral en cuestión, e informará al interesado en forma directa, como así también publicará lo dispuesto, en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza.

Artículo 46:Cualquier infracción cometida en contra de lo dispuesto en los Art. 44 y 45 será sancionado de acuerdo a lo determinado en el Código Alimentario Argentino, Leyes Provinciales y Municipales vigentes.

1a:Los titulares de explotación de aguas minerales o termales que vinieran explotándolos a la entrada en vigencia de la presente Ley, deberán acreditar ante el Departamento General de Irrigación, en el plazo máximo de 6 (seis) meses, lo siguiente:

c-La existencia de una declaración o concesión de aprovechamiento expedida a favor del interesado por la autoridad competente.

2a:Una vez considerada suficiente la acreditación de los puntos descritos anteriormente, el Departamento General de Irrigación procederá a verificar la permanencia de las características que motivaron la declaración de mineral o termal.

3a:Si de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 1a. y 2a., el interesado hubiese acreditado suficientemente la existencia de una declaración de agua mineral o termal, pero no la correspondiente autorización o concesión de explotación, deberá solicitarla de acuerdo a todo lo establecido en la presente Ley.

4a:Si el interesado no acreditara suficientemente la existencia de una declaración de agua mineral o termal, no podrá obtener el reconocimiento de su derecho, sin perjuicio de que, en los términos que establece la presente Ley, pueda atribuírsele la preferencia para solicitar la declaración de aguas minerales o termales.

5a:Los emprendimientos que no cuenten con la instalación de un caudalímetro, tal cual lo dispuesto en el Art. 21 de la presente Ley, tendrán un plazo de 6 (seis) meses a partir de la vigencia de la misma para colocar los instrumentos de medición de volumen.

Se autoriza al Gobierno de la Provincia de Mendoza para el desarrollo reglamentario de la presente Ley, que deberá efectuarse en un plazo de 6 (seis) meses desde su entrada en vigencia.