Se trata del uso y desarrollo de un lenguaje público claro, directo, sencillo, objetivo, inclusivo, no discriminatorio, comprensible y accesible en todas las comunicaciones, información y en todos los textos jurídico-legales y formales, propuesta que es promovida por la diputada del Frente de Todos, Marisa Garnica.
El afianzamiento del derecho de acceso a la información pública, de consolidación de la confianza en las instituciones republicanas, el desarrollo de los mecanismos de control social en conjunción con el respeto a los derechos humanos asegurando la certidumbre jurídica y el acceso a la justicia, son parte de los objetivos que persigue este proyecto y que están plasmados en la fundamentación del texto legislativo.
“Lo que pretendemos con este proyecto de Ley es justamente promover el uso y el desarrollo de un lenguaje claro, sencillo, directo, comprensible y accesible para todos y en todas las comunicaciones e información no discriminatorio, tanto en los textos jurídicos legales y formales. Es claro que en muchos lugares del mundo esto ya son iniciativas que se han venido formulando con el tiempo, y en nuestro país, es necesario sobre todo en los textos jurídicos”, dice la diputada en una entrevista concedida al ciclo “En Cámara”.
Garnica, sostiene al respecto que en la Argentina, hay algunos aspectos que “vienen dándose en el tiempo. Uno es la oralidad en lo jurídico, en los juicios laborales, penales; la oralidad hace quizá que uno tenga que expresarse de una forma mucho más clara, más sencilla y que llegue a todos”, algo que no sucede con los textos escritos. “Hay textos jurídicos que son muy difíciles de entender para la comunidad entera, si bien hay términos que no podríamos reemplazarlos por algunos sinónimos porque justamente, hay términos jurídicos irremplazables, si podemos pretender llegar con un lenguaje mucho más claro y más sencillo”.
Destaca al respecto que podría salvarse esta situación “quizás con frases mucho más cortas, con frases objetivas, mucho más simples, directas, sin obstáculos. En el juicio por jurado quienes son jurados no necesariamente deben ser personas que conozcan el derecho, entonces nos exige a todos en estos casos puntuales tener un lenguaje claro y sencillo, que quiénes están juzgando puedan entender claramente lo que quizás un juez está diciendo, o un fiscal en un alegato, o un abogado en una defensa”.
Por otra parte, hace hincapié en que se trata de un derecho, en tanto que “el derecho al lenguaje y a la lectura claros surgen de derechos republicanos que rigen en nuestra Constitución, que sea entendida por todos y no solamente por aquellos que escriben o que se dedican expresamente a estos temas”,
Países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Chile, entre otros, tienen iniciativas impulsadas al respecto y la idea en Mendoza, es “que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial puedan trabajar en este sentido, pero también invitamos a través de nuestro proyecto a que lo puedan adoptar los municipios”, subrayó.