La Cámara de Diputados remitió en segunda revisión al Senado un proyecto de Ley por el que se propone un procedimiento administrativo en materia de defensa de los derechos de los consumidores, incorporando la virtualidad y los planteos colectivos.
Esta iniciativa que contaba con media sanción de la Cámara Alta y fue modificada durante el tratamiento en comisiones de Diputados, tiene por objeto regular el procedimiento administrativo especial para la efectiva implementación, en el ámbito de la Provincia de Mendoza, de la investigación, comprobación, determinación e imposición de sanciones por violaciones a los derechos de los consumidores y usuarios previstos por la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, en la provincial N° 5547, los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito previstas en la Ley Nacional N° 25.065 - de Tarjetas de Crédito, en lo que se refiera a los aspectos comerciales de la misma -, y toda Ley que establezca que su autoridad de contralor será la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza.
Algunos de los aspectos que se contemplan en el articulado, son la incorporación de la virtualidad como las notificaciones electrónicas y la mediación y audiencia virtual; reglamentaciones sobre las actuaciones de oficio y por denuncia; inspecciones; la instancia conciliatoria; la audiencia de conciliación: la etapa sumarial; imputaciones, descargos y pruebas, entre otras disposiciones. Incorpora la posibilidad de que se hagan intervenciones en forma colectiva, sea a través de asociaciones de defensa al consumidor o de personas que plantean una acción colectiva, y, en general, unifica el procedimiento en toda la provincia, resguarda y federaliza derechos de los consumidores e institucionaliza el procedimiento online.
El proyecto, que fuera impulsado por la actual diputada Daniela García (UCR), señala en la fundamentación que “la comprensión de las particularidades que se presentan en la realidad de las relaciones de consumo, la necesidad de una claridad normativa en la aplicación de las normas de fondo que otorgue mayor seguridad jurídica a la implementación de los derechos de los consumidores y usuarios”, hacen necesario contar con una legislación acorde.
De igual forma, “el irrenunciable amparo al derecho de defensa de los sumariados, sumado a la creciente autonomía científica del Derecho de Consumo, conducen a la indefectiblemente necesidad de contar con un instrumento legal que garantice una fiscalización y aplicación ajustada a derecho de las posibles sanciones, legitimando así las mismas y consecuentemente coadyuvando a una mayor concientización en los proveedores respecto al cumplimiento de sus correspondientes deberes con respecto a los consumidores y usuarios”, subraya la legisladora.
Otra de las particularidades de esta propuesta, es que el particular afectado por una infracción podrá, “por sí, por representante, por medio del Defensor del Pueblo o a través de una asociación de consumidores debidamente registrada, presentar una denuncia ante la Autoridad de Aplicación, por escrito en su Mesa de Entradas o vía correo electrónico, sin necesidad de patrocinio letrado”.
Asimismo, destaca que “podrán iniciar denuncias y ser parte en la instancia conciliatoria en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y entidades intermedias que lo requieran, debiendo estar debidamente inscriptas; previa evaluación de la autoridad competente sobre la legitimación de éstas. Todo de acuerdo a lo establecido en los arts. 54, 55, 56 y 58 de la Ley N° 24.240 y Ley N|° 5547”.
Para iniciar denuncias y ser parte en la instancia conciliatoria en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores deberán estar debidamente inscriptas-
Durante el tratamiento en el recinto, la diputada García señaló que con este proyecto “fijamos el procedimiento administrativo para la defensa del consumidor. Tiene media sanción (de Senado), lo presentamos hace ya dos años y ha tenido varias modificaciones adecuándolo a diversos procedimientos nuevos que instan a que todo proceso de defensa del consumidor sea de tipo virtual, incluso aquellas que son las conciliaciones”.
“Se detalla cada procedimiento adecuándolo a las localidades”, dijo, agregando que “en pandemia se generaron más de mil tickets para la etapa de conciliación. Sin embargo, por ventanilla única entraron más de 3000. Hablo de un procedimiento unido para todas las localidades para facilitar el derecho del usuario y consumidor. Es una federalización del derecho del consumidor. Contempla también las tarjetas de crédito que hoy son tan usadas, se fija un procedimiento para que no existan contradicciones y superposiciones”.
En esa línea, sostuvo que “el Estado debe seguir protegiendo al consumidor. Ayudando a una mayor concientización respecto a los derechos que tienen los consumidores”.
Por su parte, Mario Vadillo (CxM), quien realizó aportes a este proyecto incorporando los planteos colectivos, sostuvo que “este proyecto dio un salto digital”, porque “todo el sistema digital acelera la defensa del consumidor. Es la posibilidad de que las empresas no nos dañen el bolsillo. Es empoderar a la defensa del consumidor”.
Apuntó en esa línea, que “aportamos el art 16 y 42. En materia de defensa del consumidor son miles las transacciones que hacemos los consumidores. Nuestro aporte tiene que ver con las acciones colectivas”, y resaltó al respecto que “en defensa al consumidor los daños individuales a veces son menores. Pero si tienen peso las denuncias colectivas y era necesario para la representación de lo colectivo” hacer estas incorporaciones al texto legislativo, para contemplar casos como “las cuotas de universidades privadas”. “De qué nos sirve tener un daño colectivo si no tenemos respuesta rápida”, señaló.
A su turno, Jorge Difonso (UP-FR), resaltó el trabajo realizado durante varios meses en el seno de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde “tuvo aportes de los diputados, los municipios, de las autoridades que están frente al área en el Poder Ejecutivo. Es un proyecto que , garantiza los derechos. Necesitábamos una actualización digital, se tuvieron en cuenta todos los aportes y se pone a Mendoza a la vanguardia en derechos al consumidor en el país”.
De igual forma, Adrián Reche (UCR), expresó que “estamos adecuándonos a una evolución, en respuesta a los abusos que se cometían contra los consumidores. Es muy importante resaltar la evolución de este procedimiento dándole claridad y que concilia situaciones que son engorrosas. Es un muy buen aporte para los mendocinos con el que buscamos generar uniformidad y adaptarlo a las nuevas circunstancias que vamos teniendo”.