La diputada Daniela García (UCR) presentó una iniciativa que busca promover el uso de papeles posibles de ser reciclados tanto para la propaganda de campaña como para las boletas. Qué papeles prohibiría y cuál promueve.

La autora explicó en el segmento En Cámara –producido por Diputados- los objetivos que persigue su iniciativa, que se analiza  en la comisión de Ambiente.

“El proyecto insta a que los partidos políticos, en las próximas elecciones, utilicen papel obra para hacer su publicidad”, explicó García, y sumó que ese papel es de “fácil reciclabilidad” y es por eso que se menciona específicamente en el texto.

Otro beneficio del papel obra es que su producción necesita menos cantidad de agua y eso lo hace más amigable con el ambiente.

Además, la diputada subrayó que, actualmente, se utilizan papeles que tienen “ciertas tintas, un plastificado o ceras que hace que no se pueda reciclar”.

En ese sentido es que el proyecto tiene como objetivo  “generar mayor sustentabilidad en el proceso de publicidad de las campañas electorales”.

La integrante del bloque radical advirtió que las campañas significan la impresión de tres materiales de propaganda por votante, lo que en Mendoza significa la impresión de “unos tres millones de folletos” por partido, en cada campaña y, en ese sentido, subrayó la cantidad de “árboles, agua y energía” que se necesitan para generar esas cantidades de papel.

Así como promueve el papel obra por ser más amigable, el proyecto busca prohibir el papel ilustración por utilizar una película plastificada que dificulta el proceso de reciclado e incluso de degradado mucho más lento.

Si el proyecto se convirtiera en ley, estipularía una aplicación progresiva de las prohibiciones. La idea es que en la primera elección se exija un 50 por ciento de disminución del papel más contaminante porque “apostamos a la concientización de imprentas, diseñadoras y de todas las personas que integran la cadena”.

Si la iniciativa prosperara, también instituiría multas para los partidos que no cumplan, a la vez que obligaría a que lo recaudado “vaya a un fondo ambiental para mitigar el daño”, explicó la diputada Daniela García.