En el segmento de entrevistas En Cámara, el Diputado José Luis Ramón (Protectora) dio detalles sobre su proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza que pretende garantizar el acceso al agua potable a toda la población.

Bajo el título "Programa Provincial de Tanques de Agua para el Hogar", la propuesta busca “eliminar obstáculos económicos y de otra índole que afectan la adecuada conservación del agua en los hogares”, según el autor.

Para Ramón, el proyecto surge como respuesta a una problemática palpable en la provincia, donde miles de personas enfrentan dificultades para acceder al servicio domiciliario de agua potable, viéndose obligadas en algunos casos a depender de camiones cisterna de forma periódica que brindan agua que se almacena de manera precaria y poco saludable.

En este sentido es que el primer artículo establece la creación del programa que garantizaría que a través de subsidios o colaboraciones todas las viviendas de Mendoza puedan disponer de la infraestructura de almacenamiento de agua.

“El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, necesario para la vida digna y la preservación de la salud” se fundamenta en el texto.

El proyecto resalta la importancia de garantizar este acceso, especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad, y cita ejemplos de decisiones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que subrayan la estrecha relación entre el acceso al agua potable y el respeto a diversos derechos fundamentales.

El Diputado José Luis Ramón enfatizó que, sin un acceso adecuado al agua potable, se produce una violación clara del derecho humano al agua y del principio de dignidad humana.

El proyecto establece dos modalidades de beneficio: la entrega gratuita o subsidiada de tanques e insumos, y la entrega de tanques bajo modalidades de pago accesibles, con la posibilidad de subsidiar la tasa de interés. Además, se contempla la utilización de lenguaje claro y accesible en la difusión del programa, para llegar a todas las personas.

El proyecto se basa en la premisa de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso al agua potable para todos, sin discriminación, especialmente en los sectores más desprotegidos y marginados.