La Diputada Provincial Giuliana Díaz (UCR) dio detalles en “En Cámara” sobre su proyecto de ley, cuyo objetivo de promover la seguridad y protección en las asociaciones civiles deportivas de primer y segundo grado, es decir, clubes, ligas, asociaciones y federaciones.
La iniciativa busca establecer la obligatoriedad de solicitar un certificado de antecedentes penales a todo el personal que forme parte del cuerpo técnico de estas instituciones y tiene como fundamentos principales “la generación de espacios deportivos seguros, la garantía de la idoneidad ética y moral del personal a cargo, y la promoción de la tranquilidad y confianza en el ámbito familiar respecto a las instituciones deportivas”.
Según la propuesta, todas las asociaciones civiles deportivas deberán exigir, antes de la incorporación de cualquier persona al cuerpo técnico, un certificado de antecedentes penales vigente emitido por la autoridad competente. Este certificado deberá ser presentado nuevamente al acompañar las planillas de cada categoría para participar en torneos y ligas deportivas.
El proyecto define como parte del cuerpo técnico a aquellos responsables de la dirección técnica, preparación física, entrenamiento de arqueros/as y otras funciones similares y además, establece que las asociaciones civiles de primer grado deberán presentar los certificados de antecedentes penales al entregar las planillas de cada categoría a la asociación civil de segundo grado correspondiente.
La Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, será la autoridad de aplicación y control de esta ley. Entre sus funciones se encuentra controlar la implementación de la misma, asesorar a las asociaciones civiles deportivas y publicar anualmente la cantidad de certificados de antecedentes penales recibidos.
Si se convirtiera en ley, el incumplimiento acarreará sanciones para las asociaciones civiles, que podrían incluir la imposibilidad de participar en los torneos y ligas deportivas correspondientes.
La iniciativa busca brindar mayor seguridad y transparencia en el ámbito deportivo, promoviendo la protección de los derechos fundamentales, especialmente de los menores de edad y las mujeres, contra situaciones de abuso y acoso sexual.