El edificio en el que funciona esta institución alberga a 48 pacientes, que son atendidos por 25 personas, las cuales diariamente se encargan de darles de comer, vestir y asear. Si bien, este número de personas parece ser alto, la atención casi personalizada que requieren los pacientes, hacen imprescindible que se incrementen en 5 o 6 personas más para la tarea de levantarlos por la mañana, expresó el diputado Barrigón.
Asimismo, el legislador indicó que “debería agregarse un médico permanente, ya que si bien existe un psiquiatra, este debe cumplir con sus funciones y no la de médico clínico”. También agregó que “es necesario proveer a la institución de una trabajadora social y que se equipe mejor la cocina”.
La norma fue apoyada por los bloques de la UCR, PJ Federal, PD, Eje Peronista, y PJ. En tanto Néstor Piedrafita (NE) y Lucas Ilardo y Marina Femenia (PJ) se manifestaron en contra del proyecto.
En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que a partir de la sanción de esta ley no podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por los siguientes delitos:
1) Homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal.
2) Delitos contra la integridad sexual, previstos en los arts. 119 segundo, tercer y cuarto párrafo, 120 segundo párrafo, 124, 125, 125 bis, 126, 127 del Código Penal;
3) Robo agravado (artículo 166 del Código Penal)
4) Homicidio en ocasión de robo (artículo 165 del Código Penal);
5) Tortura seguida de muerte (artículo 144 tercero, inciso 2, del Código Penal)
elito, que continuará a primera hora de la tarde de hoy jueves 5, con la presencia del fiscal de federal Fernando Arcaraz.
Tal como se había previsto, el presidente de la Cámara efectuó un primer llamado a las 9 hs y, reunido el quórum necesario, la sesión dio comienzo a las 10 hs. En ese momento hicieron uso de la palabra los presidentes de los bloques justicialista, Gustavo Arenas, y radical, Néstor Parés, proponiendo una metodología de trabajo para dar lugar a las reuniones previstas con los distintos referentes convocados. Se acordó consultar a los especialistas y atender a las exposiciones pertinentes sin confrontaciones ideológicas ni políticas; por lo tanto el debate legislativo se daría posteriormente en el recinto. Los diputados Daniel Cassia (Peronismo Federal) y Luis Petri (UCR) apoyaron la moción.
A continuación, los legisladores se trasladaron al salón Azul para recibir a los invitados.
En primer lugar, expuso su posición sobre el proyecto Leopoldo Orquín, integrante de la Inspección General de Seguridad, quien consideró que la propuesta es constitucional, sobre todo teniendo en cuenta que ya la Corte provincial ha emitido un fallo donde acepta la constitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, que es el que establece la prohibición de acceder a la libertad condicional por parte de los reincidentes.
Además, dijo que el Poder Legislativo es a quien le corresponde fijar la política criminal, mientras que al Judicial, salvo casos excepcionales, limitarse a aplicarla.
Desde ese punto de vista, el ex ministro de Seguridad de la provincia, afirmó que las leyes que dicta la Legislatura “tienen presunción de legitimidad”.
Advirtió también que la seguridad es un tema muy complejo como para que una sola herramienta “mueva la balanza”. Tiene “causas más profundas, pero si no vamos poniendo ladrillos, vamos por lo menos, agravando la situación”, destacó.
Por su parte, el director del Servicio Penitenciario, Sebastián Sarmiento, señaló que si bien está de acuerdo con el espíritu del proyecto de ley, tiene errores de técnica legislativa y en cuanto al funcionamiento de la ejecución penal.
antecedentes de trabajo infantil o de mantener a sus trabajadores en condiciones similares al trabajo esclavo, no podrán acceder a beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole otorgados o próximos a otorgarse por la Provincia de Mendoza.
Afirma la iniciativa que se publicarán en los medios de comunicación los nombres de los infractores comprendidos por la norma.
Su autor explica que el proyecto tiende a sumar la condena social para las empresas infractoras, además de contemplar las sanciones administrativas y económicas correspondientes.
Del mismo modo, el texto aprobado en la media sanción, establece que la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia deberá remitir mensualmente, en forma obligatoria, “la nómina de empleadores inscriptos en el Registro de Infractores Laborales por las infracciones previstas en el artículo primero (de la norma) a la Administración Pública Provincial, centralizada o descentralizada; entes autárquicos, empresas y sociedades del estado, y todo otro organismo dependiente del Estado provincial, así como también a los medios masivos de comunicación de la provincia de Mendoza y a toda organización privada que así lo requiera”.
Estado provincial correspondiente al impuesto inmobiliario, hasta el 31 de julio de este año, “respecto del que grava los inmuebles de beneficiarios incluidos en el Programa PROMEBA u otros programas de financiamiento internacional, nacional, provincial o municipal cuyos costos deban ser subsidiados total o parcialmente por el Gobierno y/o Nacional, a efectos de viabilizar a efectos de viabilizar la confección de la correspondiente escritura traslativa de dominio y con el objeto de posibilitar la aprobación del loteo y posterior escrituración de los inmuebles afectados a la concreción de políticas de vivienda, urbanización, relocalización y regularización dominial, destinadas a familias de bajos recursos con necesidades básicas insatisfechas, incluidas en dichos programas”.
Modifican artículo de la Ley Impositiva 2012
Diputados convirtió en ley una iniciativa por la cual se modifica el artículo 93 de la Ley nº 8398 (Impositiva 2012), estableciendo que estarán exentos de abonar el 50% del impuesto a los Ingresos Brutos que grave la actividad y el 100% del Impuesto Automotor de los vehículos afectados a esta actividad por el plazo improrrogable establecido en el párrafo inmediato posterior, los permisionarios del servicio de taxímetros y remis que incorporen o hayan incorporado en sus unidades el sistema de seguimiento G.P.R.S., debidamente homologado y autorizado por el Ministerio de Seguridad, debiendo contar para ello con certificación expedida por la Secretaría de Transporte de la Provincia.
La comisión Bicameral de Seguimiento de la empresa VALE, quedó conformada de la siguiente manera por los diputados Humberto Montenegro(UCR), José Muñoz (PJ), Aníbal Ríos (PD) y Silvia Ramos (Eje Peronista) y por los senadores, Silvia Calvi (PJ), Germán Gómez (Eje Peronista) y Ernesto Corvalán (PD).
Este año la presidencia de la Bicameral estará a cargo del diputado José Muñoz, mientras el resto de las autoridades serán elegidas durante la primera reunión.
La comisión ha fijado como día para sesionar los miércoles a las 9:30 hs.
La norma establece que cuando por necesidades de subrogancia o por vacancia del cargo resulte necesario integrar un tribunal la Suprema Corte podrá optar por integrarlo con magistrados subrogantes, y en su caso con conjueces de las listas formadas por el Poder Ejecutivo, para lo que deberá considerar naturaleza, causa y duración de los impedimentos, ausencias y vacancias que deban cubrirse, en las que se fundamentará la resolución correspondiente.
Asimismo la formación de las listas de conjueces de los distintos fueros y circunscripciones se integrará con el número de abogados que determine la reglamentación, para cada una de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia, designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo de la Magistratura.
En tanto cuando la lista de conjueces haya quedado vacante y no hubieren aspirantes en condiciones de integrarla, la subrogancia se organizará transitoriamente por la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia distribuyendo proporcionalmente las causas entre todos los conjueces de igual competencia.