presidentes de cada bloque, por el que se establece cuales serán los pasos a seguir frente al análisis del proyecto de Ley que permite la explotación minera San Jorge, en Uspallata.
El proyecto a analizar contiene la ratificación de la “Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería, dependiente de la Subsecretaría de Hidrocarburos, Minería y Energía del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte; y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge, en los términos señalados en el Informe Ambiental presentado por la empresa, y condicionada al cumplimiento de las instrucciones de carácter obligatorio que se enumeran en la resolución conjunta”.
De este modo las comisiones de Obras Públicas; Hacienda y Presupuesto; Ambiente; Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales; comenzarán su trabajo el 22 de febrero a las 17. Las reuniones se sucederán todos los martes, a la misma hora, hasta el 30 de marzo. En este plazo, el plenario de comisiones recepcionará inquietudes de las organizaciones sociales y particulares preocupados en hacer conocer su parecer en relación al emprendimiento minero.
Transcurrida esa fecha, los legisladores se abocarán a la elaboración del despacho para ser analizado en el reciento, dentro de los 30 días que podrán ser prorrogables.
instancia del juicio”, según explicó la autora del proyecto, Mireya Díaz (PJ).
La diputada agregó que esto sería válido “siempre que no se haya llegado a la instancia del desapoderamiento del bien inmueble”.
Según el texto que se aprobó “en todos los casos en que se aplique el procedimiento especial previsto en el artículo 255 inc. V-A) del Código Procesal Civil (…) se entenderá que el deudor o quien esté autorizado por este a pagar la liquidación (…) podrá efectuar el pago cancelatorio en cualquier instancia judicial”.
Díaz explicó que la intención es dar una interpretación que beneficie a los deudores que buscan obtener la vivienda única.
La iniciativa cuenta con sanción inicial de Diputados y fue enviada a la Cámara Alta para su revisión.
o de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socioeconómico, a transferir hasta $ 110 millones con el fin de aplicarla a la constitución o modificación de los fideicomisos existentes o los previstos de constitución en 2011.
Esta norma permitirá “utilizar la misma estructura financiera realizada para la cosecha de los años 2009 y 2010”. Además, mediante este proyecto se asistirá y procurará una mejora competitiva en el sector vitivinícola y se formalizarán contratos de fideicomisos con finalidades de promoción agroindustrial.
Por otra parte, el proyecto aprobado establece la prórroga a la autorización otorgada al Fondo para avalar y/o afianzar la devolución de la inversión que realice el Banco de la Nación Argentina, el Gobierno Nacional u otras entidades públicas y privadas.
r buenas prácticas, tales como la sustitución de equipos obsoletos, reemplazo de ampolletas incandescentes por fluorescentes o las denominadas “bajo consumo”, apagado automático de computadoras o luminarias y propondrá incentivos que mejoren el comportamiento de los consumidores”.
La norma explica que “en una primera etapa se hará auditoría a las reparticiones públicas provinciales y nacionales, y a los grandes consumidores, fijándose una tarifa por el servicio prestado que guarde relación con los beneficios que obtendrá el usuario por el mejoramiento de su consumo.”
Asimismo, la auditoría para los consumidores residenciales será opcional y si ellos decidieran solicitar el servicio deberán abonar una tarifa acorde con la complejidad del trabajo realizado.
Del mismo modo, una vez realizadas las auditorías se confeccionará un informe final, que fijará pautas y recomendaciones a los inmuebles auditados.
recibió de familiares de detenidos en cárceles provinciales, nuevas denuncias sobre presuntos hechos de violencia por parte de agentes penitenciarios.
El legislador, indicó que en la comisión que preside suman casi 30 denuncias al respecto y que por tal motivo, remitirá los antecedentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se analice la situación de los penales en Mendoza.
"Los hechos acreditan que no se ha cumplido con ninguna de las disposiciones sobre el trato de los penitenciarios hacia los detenidos", afirmó.
Por otra parte, adelantó que como presidente de la comisión, pedirá un informe detallado al Procurador de la Corte sobre denuncias que pudieran haber formulado los familiares de los internos ante las distintas dependencias judiciales de la provincia.
"La conducta del Estado debe ser ejemplificadora", manifestó, y agregó que en ese sentido, hay penitenciarios que han pedido el dictado de cursos de derechos humanos, lo que demuestra, según el legislador, que "muchos se sienten avergonzados de lo que sucedió".
de Areas Protegidas, Soledad Sallenave y Flavio Martínez. El objetivo fue analizar la legislación vigente y la pendiente de esa incumbencia ambiental.
La preocupación fundamental es la necesidad de lograr una legislación complementaria a la ley 6045, que data de hace 20 años, para incluir nuevos criterios técnicos y paradigmas actualizados de conservación del ambiente. Manifestaron que cada día se van descubriendo nuevos potenciales de las áreas en cuestión y es indispensable mejorar su conservación y explotación desde el punto de vista científico, de límites geográficos, como desde el poblacional, turístico, de recursos de agua y minero entre otros.
Presidió el encuentro el titular de la Comisión, Antonio Spezia (PD), acompañado por Silvia Ramos (Eje Peronista), Juan Dávila (PJ), Patricia Gutiérrez (UP) y los radicales Teresa Maza y Edgardo Pintos.
Los funcionarios presentes manifestaron que están trabajando junto al IADIZA en un documento que incluirá a todos los actores e intereses de distinta índole respecto de la Areas Protegidas, con el objeto de instrumentar una planificación y armar un plan de manejo que derive en un manual de procedimiento respecto del tema a nivel general y particular de cada zona.
en los penales y en otras instituciones. Podría tratarse mañana.
LAC se reunió con funcionarios de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos con quienes analizó una iniciativa-que ya tiene sanción en el Senado- por la cual se busca prevenir casos de torturas dentro de las cárceles mendocinas.
Además la norma tiende a impedir tormentos en otras instituciones como asilos y hospitales psiquiátricos.
Según el subsecretario, Carlos Quiroga Nanclares, se busca “cumplir con los acuerdos para el levantamiento de las medidas provisionales de la Corte Interamericana” y lograr un mecanismo de control externo que permita “la mejoría en todos los establecimientos penales y no penales donde se encentre una persona privada de la libertad”.
Por su parte el presidente de la comisión, Raúl Vicchi (UCR) especificó que “se trata de un proyecto que crea la figura del procurador en el ámbito del resguardo de los Derechos Humanos” y que este trabajaría en lugares de detención para garantizar los derechos de los reclusos pero también en asilos y hospitales públicos y privados.
Al poner en consideración el proyecto se estableció, de acuerdo al reglamento, que los legisladores que votaran afirmativamente estarían aceptando la media sanción otorgada por la Cámara Alta y rechazarían la sanción de Diputados. Del mismo modo, los diputados que votaran de forma negativa rechazarían la sanción de Senadores y aceptarían por ello la media sanción otorgada en Diputados anteriormente.
En consecuencia, la votación arrojó 23 votos afirmativos (aceptando la sanción del Senado) desde los bloques de la Unión Cívica Radical (a excepción de la diputada Liliana Vietti), la diputada Patricia Gutiérrez de Unidad Popular y el Partido Demócrata, que mantuvo su posición de rechazar los aumentos propuestos contenidos en la norma enviada por el Poder Ejecutivo.
Por su parte, quienes votaron negativamente (insistiendo en la sanción de Diputados) fueron los bloques del Partido Justicialista, Eje Peronista, PJ Federal, ARI, PIM, PJ Unipersonal, y la diputada Liliana Vietti (UCR) quien después de un detallado análisis del trabajo realizado y pormenorizada fundamentación explicó las razones de su voto.
modifica el Código Procesal Penal, que contaba con sanción del Senado.
La norma -impulsada por el actual diputado Daniel Cassia (Peronismo Federal) cuando ocupaba una banca como senador- establece que “el Juez de Delitos de Tenencia juzgará en única instancia los delitos previstos en los apartados (2) y primer párrafo del (3) del artículo 189 bis del Código Penal, cualesquiera fuera su pena” y que “asimismo, juzgará de aquellos delitos cuya acción típica esté constituida por la tenencia o portación de objetos, cualesquiera fuera la pena conminada en la ley penal, y que la Suprema Corte de Justicia incluya en su competencia.”
Lo hizo la Cámara Baja con el objetivo de que la medida ayude a encontrar a los infantes. La iniciativa es de Silvia Cardozo (PJ).
Diputados aprobó un proyecto de ley que establece que “en cada página Web perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado Provincial, sus entes centralizados, descentralizados y/o autárquicos, un espacio específicamente destinado a publicar y difundir la fotografía y los datos de las personas menores de edad mendocinas extraviadas que la autoridad judicial competente considere pertinentes”.
La iniciativa, de Silvia Cardozo, especifica también que “del mismo modo procederá el Poder Judicial y el Poder Legislativo Provincial, como así también los Municipios y Concejos Deliberantes en sus propias jurisdicciones y en sus propios organismos”.
los ambientes y recintos de orden hospitalario, comercial, industrial, educativo y recreativo, en ámbitos laborales de orden privado y estatal, que posean como sistemas climatizadores equipos centrales y/o calderas de difusión por ductos, a través del control de la limpieza y sanitizacion de todos sus componentes.
La iniciativa explica que el sistema se aplicará en recintos laborales que cuenten con equipos centrales con potencia igual o mayor a 5 toneladas de refrigeración y los directivos, propietarios o responsables de los edificios con estos sistemas deberán tramitar un certificado de aptitud de “sistema de climatización limpio de contaminantes”. Éstos mismos responsables deberán contar con un Libro de Inspección a disposición de los inspectores designados para las tareas de fiscalización.
Del mismo modo, la norma explica que se entenderá por limpieza y saneamiento total del sistema a todos los componentes, entre ellos, superficie interna de los conductos; difusores, rejillas y otros; tomas de aire exterior; sala de máquinas, etcétera.
Por último, el proyecto manifiesta que la presente Ley deberá ser reglamentada en un término de 180 días a partir de su promulgación y que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud quien coordinará con las demás instituciones grados de competencia.