La iniciativa pertenece a la diputada Carmona, y plantea como Atención Integral, el conjunto de actuaciones que se desarrollan en el abordaje de las niñas y niños, familia y su entorno, encaminados a optimizar su desarrollo y crecimiento, en particular aquel que desde el nacimiento a lo largo de su primera infancia presenta vulnerabilidad de sus derechos y/o trastornos de desarrollo y crecimiento o riesgos de padecerlo.
Como objetivo general, plantea “instalar en la provincia la prevención como estrategia de atención del desarrollo y crecimiento infantil, en forma integral, organizando una red transversal, desde lo institucional a lo social, y desde aquí a lo institucional”, que “unifique criterios de abordaje, intervención y seguimiento en el ámbito social, salud y educación de la provincia, optimizando los recursos existentes”.
Además, como objetivos específicos, propone reducir los índices de morbimortalidad neonatal; institucionalizar en forma interministerial la atención de los niños en riesgo, en forma sistémica y sistemática; federalizar los programas y servicios de los organismos implicados en el control y seguimiento de los niños en riesgo; crear un registro único transversal de prestaciones de control y seguimiento del desarrollo y crecimiento materno – infantil, y diseñar un sistema de auditoría del circuito estadístico de control y seguimiento, entre otros.
Según explicó Navia, el Servicio De.S.E.Prec, funciona en la provincia desde hace 25 años y es desde allí donde nace esta propuesta de creación de un plan integral. “Es producto de la experiencia institucional de 25 años en la atención primaria, de contacto incluso, con los jardines maternales. Es de allí de donde surge la visión de un plan”.
Hugo Vásquez quienes hicieron aportes al proyecto de Ley para crear la colegiación de estos profesionales en Mendoza.
El proyecto en análisis determina que para ejercer las profesiones de Martillero y Corredor, en la provincia, hay que estar inscripto en algunas de las delegaciones del Colegio, donde tenga denunciado su domicilio legal a los efectos del desarrollo de su actividad.
La iniciativa del diputado Viadana (FPV) creando el Colegio de Martilleros y Corredores de Mendoza “es una necesidad”, según dijo Vásquez que consideró además que “sin esta legislación hoy se cometen muchas irregularidades en la actividad sin que nadie pueda controlar lo jurídico ni lo ético”.
Por su parte el legislador autor de la Ley, señala en los fundamentos de la misma que “esta ley mantiene el espíritu y la filosofía de la Ley Nacional 20266 y sus modificatorias, tiene en cuenta los requisitos académicos que imperan y pretende actualizare la normativa vigente en el ámbito provincial, con la participación de los verdaderos beneficiarios de esta reforma que son los egresados universitarios y lo equiparados por a ley 25.028 Art. 1ª b y 31ª b”.
“Lo que se propone es poder contar con un Colegio Profesional que ampare y regule la actividad de ambas profesiones, dando la mayor pluralidad y participación democrática a los profesionales de toda la provincia”,señaló.
para quienes quieran descargarlo, de cara a la última consulta sobre la ley que se realizará el próximo viernes 7 de noviembre en las escuelas de la Provincia de Mendoza.
La intención es que la comunidad educativa participe activamente de esta última consulta, que estará abierta a docentes y público en general.
.Descargue aquí los documentos.
Los presentes integran las organizaciones que participan del Comité de Contingencia y Defensa del Río Atuel, que preside el propio fiscal Fernández, y parte de ellos son los que tratan las demandas de La Pampa contra Mendoza al conocerse que la Corte Suprema aceptó tratar dos instancias de la vecina provincia.
Tanús señaló que el objetivo del encuentro fue determinar las fortalezas y delinear las estrategias para defender a Mendoza de los embates de La Pampa; no obstante dijo que su posición “es la de buscar acuerdos políticos y dejar las instancias jurídicas para poder avanzar en la concreción de obras de ingeniería que ambas provincias necesitan parta optimizar sus recursos hídricos”.
Sobre el convenio que firmó Celso Jaque con el gobernador de La Pampa, Fernández dijo que el mismo “fue cuestionado y rechazado recientemente por las Legislatura” y enfatizó en “la imposibilidad que tiene Mendoza de suministrar agua a La Pampa por la escasez de la misma en suelo mendocino”.
En tanto, el Dr. Moyano tuvo a su cargo la explicación de la situación judicial que atraviesa Mendoza tras la cuarta demanda (aún sin notificación) interpuesta por La Pampa, por la utilización de las aguas del Atuel y las estrategias que llevará a cabo nuestra provincia para defender su posición.
Amilcar Moyano subrayó la dificultad de otorgarle a la vecina provincia lo que reclama ya que según indicó “el cambio climático ha hecho que los glaciares retrocedan en un 15 por ciento y que las estaciones nivométricas muestren una disminución del 68 por ciento, lo que habla a las claras de que no tenemos agua suficiente”.
La Ley 6354, de Protección Integral del Niño y el Adolescente, data de 1995 y fue en su momento pionera en el país en esta materia. Sin embargo, la posterior sanción de la ley nacional 26061, hizo necesaria una adaptación de la legislación local, según sostienen los integrantes de la comisión.
En ese sentido, Chahla hizo hincapié en la necesidad de unificar criterios y establecer coordinación entre los distintos ámbitos que entienden en esta temática, tales como el OAL – Órgano Administrativo Local -, el GAR – Grupo de Alto Riesgo -, y la justicia, de manera tal que nadie “se patee la pelota” porque en el medio, “ocurran casos como los de Luciana o Amitrano, y tantos otros”.
Además, dijo que se necesitan recursos humanos calificados para el tratamiento y abordaje de esta problemática.
El reconocido pediatra, entregó a la comisión un compilado de “varios documentos” relacionados con su actividad profesional en el área infanto – juvenil, como así también aportes para la modificación de la legislación vigente, para su “aggiornamiento a la Ley Nacional 26061”, señaló.
La titular del Programa de Diabetes, expresó que la adhesión a la ley Nacional es muy importante para la Provincia, porque ampliaría la prevención y la educación, que son los ejes fundamentales para el tratamiento adecuado de la enfermedad. Explicó que permitiría lograr una nueva orientación de los servicios, que se busca hace tiempo en el Programa, ya no tanto de asistencialismo, sino de prevención, concientización y educación.
Además, Charparín explicó que para la aplicación adecuada de la ley, es primordial ampliar el presupuesto destinado al programa, el cual actualmente es de un millón doscientos mil pesos. Y que teniendo en cuenta que la mitad de éste es destinado a la compra de medicamentos, resulta insuficiente si se quiere realizar prevención, “el presupuesto actual sólo permite salir en ayuda”, afirmó.
También, dijo que el Programa trabaja con los Centros de Salud de la Provincia, y asiste a los Hospitales cuando lo necesitan.