La Cámara de Diputados dio sanción final a incorporar la responsabilidad parental ante casos de acoso escolar o bullying, al Código Contravencional de la provincia. La iniciativa del Poder Ejecutivo tiene como finalidad establecer un procedimiento progresivo ante estos casos.
El bullying “es una problemática social grave con consecuencias devastadoras para las víctimas, que pueden sufrir daños psicológicos, emocionales y físicos. Si bien las escuelas tienen un papel fundamental en la prevención, la responsabilidad de educar y supervisar a los hijos es, en primera instancia, de los padres o tutores”, señala la fundamentación.
En ese sentido, uno de los principios en los que se fundamenta la propuesta es la “Responsabilidad parental y tutelar”, ya que reconoce que “los padres tienen un deber de cuidado y supervisión sobre sus hijos”. La iniciativa, pretende al respecto “hacer a los adultos corresponsables del comportamiento de los niños/as y adolescentes a su cargo, promoviendo una participación más activa”.
Otro principio es el “enfoque educativo y preventivo”, basado en que las acciones previstas en la normativa que se propone “no tienen como fin principal el castigo”, sino generar conciencia y proporcionar a los padres herramientas efectivas para la crianza y la prevención: la meta es romper el ciclo de violencia desde el hogar y la familia.
Asimismo, contempla el principio de “Protección de las víctimas”; porque al “responsabilizar a los adultos, se espera una intervención más rápida y efectiva que ponga fin a las agresiones y garantice un entorno seguro para todos los estudiantes”.
En esa línea, se considera que “la sanción del trabajo comunitario es una medida ejemplarizante que, además de penalizar, busca crear conciencia sobre el impacto negativo del bullying y fomenta la participación de los adultos en la construcción de una comunidad más segura y respetuosa. Todos los involucrados deben tomar su lugar frente a la resolución de los conflictos sociales y escolares, dado que cada uno de ellos está llamado a desempeñar un rol diferente en su resolución”.
Qué dice esta Ley
Establece la incorporación al Código de Contravenciones de Mendoza, Título III: “Contravenciones contra la moralidad, buenas costumbres, solidaridad y educación”, los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater, que quedan redactados de la siguiente manera:
“Art. 100 bis- Responsabilidad parental por acoso escolar (bullying)- Si el padre, madre, tutor, guardador o responsable legal de un niño, niña o adolescente, una vez notificado por las autoridades escolares o de protección de la infancia de la conducta de acoso escolar o bullying cometida por la persona menor de edad a su cargo, incumpliere el deber de orientación, diálogo, vigilancia o cuidado, o no adoptare las medidas necesarias para evitar la reiteración o reparar el daño, será sancionado con multa de mil quinientas (1.500) a tres mil (3.000) U.F. o con tareas educativas o comunitarias de hasta treinta (30) días, según la gravedad del caso, conforme a las pautas establecidas en el Art. 9º de este Código.
El producido de las multas que se apliquen, se destinarán al Fondo Provincial establecido por Ley N° 9545, cuyo objeto será la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, como así también a Bibliotecas Populares.”
“Art.100 ter- Procedimiento en Casos de Bullying- En el caso del artículo anterior, la autoridad escolar constituye la instancia originaria de actuación y deberá aplicar el Protocolo de Actuación en Casos de Bullying aprobado por Resolución N° 5679 de la Dirección General de Escuelas o la norma que en el futuro la remplace. Deberá dejar constancia en el expediente institucional del fracaso de la instancia previa por inasistencia de los adultos responsables, incumplimiento de los compromisos asumidos, o cuando, habiéndose presentado, no se logre un acuerdo en las medidas de orientación, acompañamiento o reparación por culpa o falta de cooperación del padre, madre, tutor o guardador. Las actuaciones serán remitidas con un informe pormenorizado de la situación denunciada y verificada, las acciones realizadas y el resultado de la instancia previa al Juzgado Contravencional competente del domicilio del padre, madre, tutor, guardador o responsable legal de la persona menor de edad.”
“Art. 100 quater- Eximición de responsabilidad de los progenitores. Quedarán eximidos de responsabilidad los progenitores que:
- a) Se encuentren privados o suspendidos del ejercicio de la responsabilidad parental;
- b) Tengan discernido judicialmente el cuidado personal unilateral en el otro progenitor;
- c) Se hallen alcanzados por medidas de prohibición de acercamiento o medidas de protección vigentes que les impidan intervenir en la crianza o supervisión del niño, niña o adolescente al momento del hecho.”
Debate
La diputada Claudia Salas (UCR), destacó que “no podemos ni debemos minimizar el acoso escolar. Este proyecto se sustenta en un hecho innegable, el bullying no es un conflicto menor ni circunstancial, sino que es un fenómeno persistente marcado por un desequilibrio de poder que ocasiona daños emocionales, físicos y psicológicos de gran magnitud. La escuela es protagonista en la prevención, sin embargo, llega un momento en el que su capacidad de acción se ve limitada si no cuenta con una respuesta adecuada y comprometida por parte del hogar”.
Agregó que la normativa propuesta “se apoya en un enfoque educativo y preventivo; no persigue castigos ni criminalización, sino que busca generar conciencia, reparación y compromiso”. Desde la Legislatura, manifestó, “tenemos la responsabilidad de ofrecer respuestas concretas, herramientas claras y un mensaje único. El cuidado y la convivencia son prioridades y compromisos que asumimos con firmeza”; y subrayó que esta iniciativa “fortalece nuestro sistema de protección y reafirma nuestra convicción de seguir construyendo entornos educativos respetuosos, empáticos y seguros. Este es un paso más de una política sostenida que nos convoca a todos, más allá de las diferencias, a priorizar el bienestar de nuestras infancias y adolescencias, y a consolidar una convivencia escolar basada en el cuidado y en la responsabilidad compartida”.
Por su parte, la diputada Laura Balsells Miró (PRO) argumentó que “vamos a acompañar este proyecto pero creemos que ha quedado solo en lo punitivo. Necesitamos como sociedad ser conscientes, y acompañar a las escuelas y a las familias. El bullying deja cicatrices para toda la vida”.
Destacó al respecto que “estamos hablando del bullying, que no es un juego, que es la reiteración durante mucho tiempo de violencia física, psíquica, moral, de una o varias personas hacia una víctima, y que esa violencia a veces genera consecuencias gravísimas. Somos todos responsables como sociedad, del bullying;”, agregando que “se necesita un plan, una verdadera política educativa específica de prevención del bullying, un programa integrado donde haya observación”, por lo que abogó por un proyecto de su autoría referido a la creación de un observatorio provincial de bullying y de violencia escolar.
Por su parte, el diputado Emanuel Fugazzotto (PV) indicó que acompañaba con el voto afirmativo el proyecto, mencionando que “analizando el protocolo, la verdad que es un protocolo interesante, es un protocolo amplio y es un protocolo que inclusive, dentro de los ejes de trabajo, plantea algo que es elemental, que es la participación activa de todos los actores escolares, donde dice que la construcción de la convivencia no puede recaer exclusivamente en los equipos directivos y docentes, sino que es fundamental involucrar a los estudiantes, docentes, personal directivo, auxiliar y familia en el diseño, implementación y revisión de los acuerdos de convivencia”.
Asimismo, sumó que “tenemos la responsabilidad no solamente de definir políticas públicas, sino también de asumir nuestra responsabilidad parental” porque “la escuela forma, pero la educación está en la casa. Esto es avanzar con uno de los actores que no puede desentenderse de esa responsabilidad”.
En otro orden, la diputada Valentina Morán (PJ) junto a su par Natalia Vicencio (PJ) adelantaron el voto afirmativo de su bloque aunque remarcaron que el proyecto tiene “una mirada más punitiva, que no va a solucionar un problema que es profundo y que tiene que ver con un montón de aristas y de causas que es necesario analizarlas”. Plantearon, por un lado, la incorporación de la “alfabetización digital”, y también ofrecer desde el Estado más herramientas al cuerpo docente y a la comunidad educativa.
Morán puntualizó que existe una “falta de planes integrales que aborden esta problemática tan compleja, por lo que se tiene que incorporar, necesariamente, la alfabetización digital”, abogando además por una “crianza digital responsable”.
A su vez, Vicencio hizo hincapié en la importancia del Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes y el rango constitucional que tienen. “La necesidad de reconocerlos, después generar instituciones y organismos para que estos derechos puedan ser llevados adelante, garantizar el acceso y la permanencia de todos estos derechos”, manifestó y agregó el objetivo de la “corresponsabilidad”, basada en “el Estado, la sociedad y la familia”. Cerró indicando que “hay que darles herramientas a los educadores. Es necesario acompañar este proyecto, con la necesidad de continuar mejorando y con un abordaje integral en el interés superior de niños, niñas y adolescentes”.
De igual forma, Verónica Valverde (PJ) manifestó que “vamos a apoyar esta iniciativa que fue votada por unanimidad en el Senado. Nos parece importante porque lo punitivo viene a ser un límite y los límites no solamente son disuasivos para las conductas, sino que también permite que los chicos vayan creciendo dentro de un marco donde se sabe qué está bien, qué está mal, hasta dónde se llega, y hasta dónde no”. A la vez, agradeció la acumulación de un expediente de su autoría que plantea la incorporación de la educación emocional en la currícula escolar.
En tanto, el diputado José Luis Ramón (CyC) adelantó su voto negativo afirmando que el bullying, “no es un tema que se pueda resolver de una manera liviana, sino que necesita de un abordaje, sobre todo desde la prestación del servicio educativo”, y que “el protocolo contra el bullying en Mendoza es virtuoso, tendiente a lograr la contención; y el responsable de aplicarlo es la autoridad escolar”, por lo que esta ley resultaría “contradictoria”.
Expuso también que “la paz en las escuelas no tiene precio de mercado, la paz en las escuelas tiene necesariamente que cumplirla el proveedor del servicio educativo que es el gobierno de la provincia de Mendoza. Aplicando sanciones no se soluciona el problema del bulliyng; y la Argentina está entre los 10 países a nivel mundial donde los problemas de bullying son los más graves”.