Este Fondo permitirá una intervención inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. Será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales.

La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto de Ley por el cual se propone la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, que tiene como objetivo definir una herramienta concreta que permita acompañar el desarrollo sustentable.

La votación, donde se rechazó un despacho en minoría, resultó 39 positivos y 6 negativos, de los diputados José Luis Ramón (CyC), Valentina Morán (PJ), Roxana Escudero (PJ), Emanuel Fugazzotto (PV), Rolando Scanio (LUM) y Jorge Difonso (LUM).

Los recursos de este Fondo – que permitirá una intervención inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas -, podrán destinarse a la restauración o mitigación de daños ambientales de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados; a acciones de compensación para recomponer áreas afectadas por actividades industriales; también a la atención de emergencias ambientales; y a la ejecución de obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades afectadas.

Fundamentos

La fundamentación señala que la Ley General del Ambiente, Ley Nacional 25.675, estableció la Política Ambiental Nacional, definiendo “los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41° de la Constitución argentina.

Así, dicha normativa prevé la creación de un Fondo de Compensación Ambiental administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción, y destinado a “garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente”.

Además, contempla que las autoridades “podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado y que la integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley especial”.

En la provincia, en tanto, el Artículo 3° de la Ley 5.961 “abre las puertas a la conformación de este fondo, a través de la enumeración de los distintos aspectos que quedan comprendidos en la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente”. No obstante, agrega, Mendoza se encuentra en deuda con su conformación y “con lo dispuesto en el Artículo 34° de la normativa nacional ambiental, la cual fija los presupuestos mínimos que actúan como un marco legal fundamental, estableciendo las bases para la protección ambiental”.

El proyecto

En el articulado se establece que el Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de  aplicación encargada de su administración, quien deberá elaborar un informe anual respecto de la gestión, ingresos y destinos del Fondo.

Asimismo, señala que la reglamentación determinará el sistema de gestión financiera de los fondos, así como también los sistemas de control de gestión de los mismos, de conformidad con las normas de gestión financiera y administrativa vigentes para la administración pública provincial.

EI Fondo estará destinado a obras y acciones de cese, restauración y/o mitigación de perjuicios generados por un daño de incidencia colectiva, en los casos en que los responsables no puedan solventar la totalidad de las acciones necesarias, ya sea porque son insolventes, o se trata de personas indeterminadas, o por cualquier otra causa que impida una adecuada reparación del daño ambiental producido, con el fin de evitar la propagación del daño en situaciones de emergencia que requieran una intervención urgente.

En caso de indemnizaciones impuestas en sede judicial, y en ausencia de indicaciones expresas en la sentencia, la totalidad del monto asignado se destinará a la restauración, reparación, mitigación o acciones específicas para la compensación ambiental de la zona o área objeto de la actuación judicial.

Será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales.

Por otra parte, se exime al Fondo Compensador de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales existentes y a crearse en el futuro, incluyendo Sellos e Ingresos Brutos, “en la medida en que dichos gravámenes pudieran afectar los recursos del Fondo”. También declara que “no constituye una garantía supletoria a favor de los damnificados directos de daños ambientales”, así como la “inembargabilidad y afectación exclusiva de los recursos” que lo integran “al cumplimiento de su objeto legal”.

El texto del proyecto invita tanto al Departamento General de Irrigación como a los Municipios a adherir y destinar recursos al Fondo, y establece un plazo de 180 días para la reglamentación posterior a su promulgación.

Debate

Érica Pulido (UCR), resaltó que “este es un instrumento legal, largamente esperado”, es una “herramienta transversal para toda la provincia y todas las actividades que puedan generar un impacto ambiental”, desde la  Industria, el turismo,  porque “cualquier actividad humana puede generar un pasivo ambiental. No excluye a ninguna”.

En esa línea, sostuvo que “viene a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, la moderniza, alineándose con los principios de prevención, precaución y responsabilidad de los contaminadores”, porque “la regla es la misma: el que contamina paga y nadie queda exento”.

Pulido destacó que otras provincias cuentan con instrumentos similares, y que este Fondo que se está creando, "contará con auditorías, trazabilidad y mecanismos de control que van a asegurar la transparencia y la disponibilidad permanente”, a lo que agregó que este proyecto “no es algo ideológico, no es sectorial y no es coyuntural; es una política pública, moderna, eficiente y necesaria”.

“Hoy estamos dando un paso fundamental, un paso que trasciende gobiernos y gestiones, un paso que convierte un mandato constitucional en una política de Estado”.

Por su parte, José Luis Ramón (CyC) manifestó que este Fondo “no tiene nada que ver con un proyecto de avanzada”, sino que tiene como objetivo “establecer un régimen autónomo distinto del régimen de la Ley nacional, cuyo objetivo sería establecer una tarifación de los daños que produzcan estas empresas que van a tener la concesión de estos proyectos”.

Expresó al respecto que “hay una doctrina jurídica muy especializada en estos temas”, donde “tiene que haber, en un fondo de compensación, triple garantía y en este proyecto no está.

Este proyecto adolece de vacíos, ambigüedades y ambiciones”.

Ramón, quien propuso un despacho en minoría que fue rechazado luego en la votación, enumeró una serie de aspectos que consideró que faltan en el proyecto, como “mecanismos financieros, el procedimiento de asignación del dinero, como serán los controles, la estructura Fiduciaria y no Fiduciaria”. Además, dijo que es necesario el abordaje de una ley de cierre y post cierre de minas.

A su turno, Jimena Cogo (PRO) afirmó que está a favor de la industria “que creemos totalmente necesaria y virtuosa para la Provincia. Hoy no podemos darnos el lujo de decirle que no a la diversificación y a la ampliación de la matriz productiva”.

Expresó asimismo que “el miedo ha provocado más de 3 décadas de atraso y que nos veamos perjudicados en relación a otras regiones vecinas como San Juan o Chile. Creo que como mendocinos debemos aprender de los errores, de esa experiencia comparada, no repetirlos y hacer leyes adecuadas a la realidad”.

Al mismo, aseguró que los proyectos mineros “dinamizan economías regionales, trae beneficios económicos, y empleos de calidad”, y aclaró que “debemos mejorar los controles y eso es lo que creo que la sociedad mendocina nos pide”.

Remarcó que “Mendoza necesita un modelo de desarrollo que respete el agua pero también que genere oportunidades”, y subrayó que “como malargüina, en el departamento hay consenso social para la industria minera. La provincia de Mendoza debe arrancar de una vez por todas, debemos darle seguridad política y jurídica para que las inversiones lleguen”.

Gabriela Lizana (FRMLN), manifestó que “realmente lo vemos como una propuesta interesante, creo que es muy positivo. Crear un fondo destinado a responder rápidamente a estas situaciones, me parece sumamente necesario. Estoy a favor del Fondo Compensador Ambiental”.

Remarcó en ese sentido, que “sé positivamente que todas las actividades industriales y productivas conllevan riesgos ambientales y posibilidades de daños, de contaminación. He sido una defensora implacable de los conceptos de sostenibilidad en todas las cadenas industriales, comerciales y productivas de la provincia de Mendoza y del país, como gran parte del mundo lo hace. La sostenibilidad exige este tipo de reparos y de previsiones. No quiere decir que uno le tenga miedo, no es miedo. No le tenemos miedo a la minería”.

Al finalizar, destacó que “me parece muy oportuno que este Fondo Compensador Ambiental no lo sea sólo de la minería, con parámetros y estándares altos. Necesitamos una minería sostenible de verdad”.

En tanto, el diputado Emanuel Fugazzotto (PV), adelantó su voto negativo y manifestó que “entiendo que este proyecto es positivo para los agentes contaminantes y para las mineras. Va a terminar siendo un proyecto perjudicial para la sociedad”. Argumentó que “la sociedad de Mendoza entiende la importancia de equilibrar desarrollo con cuidado de ambiente, pero lo que no quiere es que ese equilibrio se logre a cualquier precio”.

El legislador expresó algunas críticas respecto al Fondo Compensador porque “no significa que esté mal, significa que están delegando indirectamente la responsabilidad a todos los mendocinos con créditos de organismos internacionales”, y prosiguió: “me preocupa que las multas que le pueden aplicar a las empresas contaminantes son el único aporte que van a realizar al Fondo de Compensación. Los responsables de las actividades riesgosas deben aportar a estos fondos compensadores. El ambiente no es sujeto indemnizable”.

Finalmente, Jorge Difonso (LUM) adelantó también su voto negativo expresando que “este proyecto, así como la reforma del Código Procesal Minero, está cambiando las reglas de juego en beneficio de las empresas que van a venir a la provincia, y esto es en desmedro del patrimonio de cada uno de los mendocinos”.

Añadió que tiene “serias observaciones con los cuatro proyectos”, y que la creación del Fondo Compensador “afecta el patrimonio de la provincia”, porque “tenemos un cambio en las reglas de juego”.