Por unanimidad, la Cámara de Diputados expresó su rechazo “a todo tipo de acciones de hostigamiento, intimidaciones, escraches y manifestaciones violentas”, instando a “las organizaciones sociales y a los actores políticos a que las peticiones y reclamos se realicen manteniendo el orden y la paz social, respetando todas las Normas de Convivencia, las Leyes y la Constitución Nacional y Provincial”.
La Resolución aprobada por el Cuerpo, fue impulsada por el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, junto a legisladores de distintos bloques, tras lo sucedido en los últimos días luego de la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental de proyectos mineros.
En la misma normativa, se encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, y al al Poder Judicial, a tomar las medidas preventivas y acciones jurisdiccionales necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, el Código Penal de la Nación y el Código de Contravenciones de la Provincia (Ley N° 9099”.
Según desatacan los fundamentos, resulta necesario “visibilizar el rechazo de esta Cámara a los recientes episodios de hostigamiento y escrache público dirigido a quienes acompañaron las leyes sobre la ratificación de declaraciones de impacto ambiental recientemente aprobados por esta Legislatura”.
Asimismo, “resulta imperiosa la necesidad de preservar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas de la Provincia, en el marco de los debates y en la búsqueda continua de consensos para la sanción de leyes, respetando las opiniones de aquellos legisladores con diferente criterio, los que deben dirimirse en el ámbito del recinto legislativo y no a través de la violencia verbal, física ni de acciones tendientes al escrache público”, subraya la iniciativa.
Los legisladores coinciden en ese sentido, en que es de “vital importancia remarcar que el sistema democrático se sustenta en el respeto a las instituciones, a la ley y a los derechos garantizados por la Constitución Nacional y Provincial”, y que los recientes acontecimientos de escrache y hostigamiento en los domicilios particulares de miembros de esta Cámara, “trascienden el legítimo derecho a la protesta, configurando un avasallamiento de derechos fundamentales como la libertad de circulación, la intimidad y la inviolabilidad del domicilio”.
Finalmente, afirma que es deber de este Cuerpo, “como representantes de la sociedad mendocina, pugnar por la paz social y el respeto irrestricto al Estado de Derecho, condenando toda forma de violencia que altere la convivencia social, pacífica y el normal desenvolvimiento de la vida pública”.
Debate
Andrés Lombardi destacó el valor del debate democrático dentro del ámbito institucional y reivindicó el rol del recinto legislativo como espacio legítimo para la confrontación de ideas. “Hemos tratado muchas ideas con fuerza, con discusiones, pero todo eso era acá, en este recinto, que está armado para debatir las ideas, defender posiciones y encontrar consensos cuando es posible”, afirmó. En ese sentido, subrayó que, como presidente de la Cámara, valora especialmente los acuerdos alcanzados mediante el diálogo: “Me voy mucho más contento cuando en esta Cámara se obtienen los consensos, y no cuando la idea individual de un sector se impone por una votación”.
En su alocución, puso el foco en la dimensión humana de la tarea legislativa y en la responsabilidad que implica la función pública, señalando que “todas las personas que estamos acá somos padres, hijos, abuelos; somos personas de bien que hemos tomado una decisión de vida, que es abocarnos a lo público”, y remarcó que cada decisión se toma con convicción y bajo la mirada permanente de la sociedad. “Tomamos decisiones muy complejas, pero todos votamos y hablamos convencidos de lo que estamos haciendo, porque soñamos con una Mendoza mejor”.
Al mismo tiempo, fue enfático al repudiar los escraches, la violencia y los ataques a la vida privada de los legisladores y sus familias. “No puede ser que nuestros hijos tengan que sufrir un escrache, ni que se violente el derecho a la intimidad; somos personas y tenemos derecho a que nuestra vida privada sea respetada”, afirmó.
Lombardi diferenció el reclamo legítimo de los actos violentos y advirtió al respecto que “todos tienen derecho a protestar en el marco de las reglas de la democracia, pero cuando se afectan derechos, cuando hay vandalismo o agresiones, estamos hablando de delincuentes, y como tales deben ser sancionados”. En ese marco, reafirmó que Mendoza “decidió hace muchos años ser una provincia ordenada, donde las disputas se den respetando la ley y los derechos de todos”.
José Luis Ramón (CyC), al hacer uso de la palabra advirtió sobre la peligrosidad de naturalizar el escrache como práctica política y sostuvo que se trata de una acción que “violenta derechos constitucionales”. Remarcó que existe una diferencia clara entre el debate democrático y la intimidación, y subrayó que cuando un diputado argumenta en el recinto, “equivocado o no, es el ejercicio del poder democrático en una República”.
Asimismo, cuestionó las protestas en domicilios particulares y subrayó que “el escrachador se esconde tras una supuesta posición política”.
“En este recinto”, sostuvo, “pensamos distinto pero hay respeto”, porque “la política, en cada rincón, ha elegido vivir en paz y en un proceso donde podamos discutir en el campo de batalla que es el recinto, en nuestro caso, o en la calle en caso de los manifestantes”.
Por su parte, Mauro Giambastiani (MM), distinguió entre quienes participan del debate de ideas y aquellos que recurren a la violencia y al “apriete”, al señalar que lo ocurrido en el domicilio del diputado Torres constituyó “un escrache que invadió su privacidad y la de su familia”, considerando al respecto que este tipo de acciones no pueden justificarse bajo ninguna forma de protesta.
También alertó sobre la normalización del odio en las redes sociales y sostuvo que el “hate” se ha vuelto frecuente en la discusión pública, algo que debe ser combatido. Finalmente, expresó su deseo de que estos hechos no vuelvan a repetirse y afirmó que “con palos y piedras no vamos a cambiar lo que dicen nuestros legisladores”.
De igual forma se expresó Alberto López (UCR), quien enfatizó que “no hay democracia sin disenso” y advirtió que, sin él, se caería en el autoritarismo. Sin embargo, señaló que el escrache genera un daño social profundo y que la violencia expresa una degradación social que debe ser rechazada.
“El disenso es pacífico, fomenta el debate, garantiza la pluralidad. En democracia hay disenso. Pero el escrache no lo es. En el momento en que el disenso se vuelve violento deja de ser disenso”, afirmó, subrayando que “el daño no solo está en el escrachado. El escrache es planificado, hay una degradación de la democracia. Repudio a estos exaltados y patoteros. Lamento lo que ha sucedido en San Carlos y Alvear”.
De la misma manera, Edgardo Civit Evans (PJA), expresó su acompañamiento a lo planteado en el recinto y a la resolución en tratamiento, y recordó que presentó un proyecto para sumar sanciones a quienes afecten el decoro personal.
Ponderó en ese sentido, que el derecho a disentir es esencial para la democracia, pero aclaró que los hechos ocurridos han violentado a las personas en sus domicilios, afectando derechos constitucionales.
A su turno, Gustavo Cairo (LLA), recordó que entre los derechos civiles está el de peticionar ante las autoridades, aunque aclaró que eso no implica atribuirse la representación del pueblo.
“Como país tenemos una historia que devino en la Constitución Nacional que establece que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes”, algo que tiene su correlato “en el artículo 9° de la Constitución Provincial”, dijo, añadiendo que los escraches no son una forma evolucionada de democracia.
Gabriela Lizana (FRMLN), en tanto, afirmó que el debate trasciende discusiones coyunturales y se vincula directamente con el concepto de democracia. Señaló que resulta un retroceso minimizar la gravedad de la violencia y rechazó “de manera clara los escraches intimidatorios”, al tiempo que “llamó a visibilizar también las violencias implícitas, como la estigmatización del disenso”.
En sintonía, Valentina Morán (PJ) sostuvo que está “en contra de los escraches sobre todo cuando involucra a las familias. Acá representamos al pueblo y está claro que hay una mayoría elegida democráticamente en las elecciones”. No obstante, defendió la legitimidad de la movilización social y la importancia de garantizar el derecho a la protesta pacífica, cuidando la convivencia democrática.
A su turno, Emanuel Fugazzotto (PV) manifestó que la violencia no es aceptable en ningún ámbito y marcó un límite cuando se afecta a las familias de los dirigentes. Reivindicó el carácter pacífico del ambientalismo y propuso mecanismos como los plebiscitos para canalizar conflictos profundos. “Este debe ser un mensaje para todos, organizaciones y actores políticos”.
Germán Gómez (PJ), expuso su rechazo “absoluto a todo acto de violencia” y manifestó su apoyo personal al diputado Mauricio Torres. “Defender las instituciones es defender la democracia, el poder convivir aunque discutamos acaloradamente entre quienes tenemos una formación política distinta. Hay respeto, y Mendoza no es igual a otras provincias. Esta es una expresión política de este Cuerpo.”
“Es bueno que Mendoza siga siendo un ejemplo. Esto es muy bueno para esta Cámara que rechace cualquier hecho de violencia”, ponderó.
También Enrique Thomas (PRO Libertad), calificó la sesión como histórica y advirtió sobre una escalada de violencia que ha perdido referencias éticas. Remarcó el mensaje institucional de la resolución aprobada y expuso otros casos de intimidación, como el del diputado José Vilches (UCR) y la diputada Flavia Dalmau (UCR).