Integrantes de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), y de Ambiente y Recursos Hídricos, que presiden Franco Ambrosini (UCR) y Gabriel Vilche (Unión PRO), respectivamente; se reunieron para dar estudio a una iniciativa de Érica Pulido (UCR) -y Ricardo Tribiño (UCR) como coautor- por el que se propone “regular de manera integral la actividad de los camiones atmosféricos en la provincia, como agentes transportadores de efluentes cloacales e industriales”.
Participaron de la reunión también los ingenieros del Departamento General de Irrigación, Fabio Lorenzo (Director de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico) y Claudio Rigoni (Jefe de departamento de control sanitario del servicio sanitario y ex EPAS), quienes se explayaron en distintos datos técnicos sobre la aplicación de la normativa, como así también de cómo se lleva actualmente la tarea en las distintas zonas de la provincia.
El marco normativo propuesto tiene como fin específico regular “la carga, el transporte, la descarga y la disposición final de los residuos líquidos”, a fin de “prevenir riesgos ambientales, sanitarios y sociales de gran magnitud”. En los fundamentos de la propuesta de Pulido se indica que “la gestión adecuada de los efluentes constituye un componente esencial de la política ambiental y sanitaria provincial. Los camiones atmosféricos manipulan líquidos residuales que, de no ser tratados o dispuestos correctamente, pueden contaminar el suelo, los cursos de agua superficiales y las napas subterráneas, afectando la calidad del recurso hídrico y la salud pública. Por ello, es imprescindible establecer reglas claras, transparentes y fiscalizables que aseguren el manejo responsable de estos residuos líquidos en todo su ciclo”.
Durante el encuentro, la diputada Érica Pulido (UCR), autora del proyecto, hizo la presentación formal y destacó distintos puntos de la normativa. Expresó que “ha sido un proyecto muy participativo y articulado desde varios organismos e instituciones. Se comenzó a trabajar a principios del 2024, se hacían reuniones periódicamente y todos iban haciendo sus aportes; por lo que la letra presentada tiene el visto bueno de todos los organismos y de sus directivos”.
Pulido remarcó que el proyecto “contempla la creación de un registro de transportistas; la inscripción en ese registro es obligatoria, es pública, y es transparente. Todo este traslado de líquidos va a tener trazabilidad, y va a estar garantizada a través de un manifiesto de carga que es un documento electrónico obligatorio, que tiene carácter de declaración jurada, y va a estar firmado tanto por el generador de los efluentes, el transportista y los operadores”.
Sobre el control y la preservación ambiental, la legisladora remarcó que “el generador es el responsable por la naturaleza del efluente, el transportista es el que tiene que realizar el traslado seguro, bien conservado, y luego también es responsable de la descarga en puntos autorizados y habilitados. Se previenen las descargas clandestinas y los desvíos no autorizados”.
Al hacer uso de la palabra, los ingenieros puntualizaron en que es necesaria esta normativa puesto que para Irrigación, “este ha sido siempre un tema gris que ha generado inconvenientes. La población de Mendoza que no cuenta con servicios de cloacas, y tienen pozos sépticos, con cierta frecuencia deben remover el material almacenado pero el inconveniente ha sido la indefinición al respecto”.
Indicaron en la mesa que la situación “ha sido compleja” porque se encontraban con camiones que “podían estar llevando desagotes de líquidos cloacales, como así también camiones que transportan líquidos industriales (limpieza de pileta sedimentadora de una industria, por ejemplo)”. Ante ello, ha habido “mucha heterogeneidad respecto de cómo se ha trabajado”, indicaron los ingenieros, ya que “en algunos lugares la cosa ha estado más o menos controlada, porque hay operadores que han establecido puntos de descarga, pero en otros casos no, por lo que se genera un inconveniente serio. Al no haber puntos claros definidos para descargar, ni condiciones de descarga, ni condiciones de trazabilidad”.
A su vez, los ingenieros de Irrigación, manifestaron que “el proyecto contiene un montón de aspectos muy buenos”, y de alguna manera, viene a darle solución a la problemática expuesta. Remarcaron que lo más importante será la “definición de los puntos de descarga, generando condiciones de igualdad para los transportistas, y operadores”, entre algunos de los puntos. Asimismo, subrayaron que “nosotros tenemos la obligación de controlar que no descarguen en lugares donde no se puede”, y en ciertas situaciones “ellos nos planteaban que esto no estaba definido”, con lo cual la letra legal propuesta vendría a aportar soluciones frente a este tema.
Puntos relevantes del articulado del proyecto
Dentro del articulado, se establecen los requisitos y obligaciones que deberán cumplir las empresas dedicadas a la recolección, transporte, operación y posterior vuelco de líquidos de origen sanitario provenientes de desagotes cloacales, derrames cloacales y efluentes industriales transportados mediante camiones atmosféricos o vehículos análogos. Se aclara, a su vez, que cuando durante la recolección, transporte, descarga o disposición final se detecte que los efluentes presentan características de residuos peligrosos, deberán ser gestionados conforme a la Ley Provincial Nº 5917 y la Ley Nacional Nº 24.051, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
Asimismo, la iniciativa incluye un glosario de definiciones para que no haya confusiones al referirse a distintos términos técnicos de la actividad. Entre ellos, se destaca, por ejemplo, el “manifiesto de carga” que consiste en un documento obligatorio que acompaña a cada transporte de efluentes, en el cual se detallan los datos del generador, del transportista, del vehículo, de la carga y del operador de destino. Este documento “revestirá carácter de declaración jurada, debiendo ser suscripto por las partes intervinientes, quienes asumen plena responsabilidad administrativa, civil y penal por la veracidad de la información consignada”.
La Autoridad de Aplicación propuesta es el Departamento General de Irrigación (DGI), ya que como se dijo en la mesa “tiene presencia en toda la provincia”, y porque es un “organismo con una larga trayectoria y reconocida capacidad técnica en la gestión del recurso hídrico”. Tendrá a su cargo este organismo: Administrar y fiscalizar el Registro Provincial de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales; Habilitar y controlar las empresas transportistas y sus vehículos; Definir los protocolos operativos para la recolección, transporte, descarga y disposición final de efluentes; e Implementar y administrar el sistema de manifiesto de carga.
También se establece que Irrigación autorizará los puntos de descarga y plantas de tratamiento habilitados para la recepción de los efluentes; Fijará y percibirá el canon de habilitación previsto en la presente ley, así como cualquier otro arancel que determine la reglamentación; Ejecutará controles e inspecciones periódicas sobre vehículos, empresas transportistas y operadores de servicio; entre otras de las actividades.
En sí, el proyecto de ley busca “establecer un marco claro que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a los generadores, transportistas y operadores, garantizando condiciones de transparencia, responsabilidad compartida y trazabilidad a lo largo de todo el proceso”.
Se destaca la protección del ambiente y la salud pública, evitando descargas clandestinas y asegurando el tratamiento adecuado de los residuos. Es por este motivo que dentro de los artículos se propone la creación de un Registro de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales; allí se inscribirán todas las personas humanas o jurídicas que presten servicios de recolección, transporte y/o traslado de efluentes.
Este Registro “será de carácter público, y publicará periódicamente la nómina de empresas que se encuentren registradas para su consulta”. Por otra parte, se establece el abono de un canon, por parte de las empresas de transporte que desarrollen la actividad, que tendrá el destino de “sustentar el operativo de control para la preservación del recurso hídrico”; su alcance, forma de cálculo y actualización serán determinados por la autoridad de aplicación.
Las empresas transportadoras recibirán exclusivamente la carga que cumpla con las características de efluente cloacal y/o industrial conforme de las definiciones. La misma “será transportada y volcada en los puntos de descarga autorizados de los operadores de servicio debidamente registrados y controlados por la autoridad competente. Igualmente, sobre la responsabilidad de la carga, “el generador de los efluentes cloacales o industriales será responsable de la naturaleza, características y veracidad de la información de la carga entregada para su transporte”; y el transportista “asumirá la responsabilidad del correcto traslado, conservación y vuelco de los líquidos en los puntos de descarga habilitados”.
Un punto que se destaca es el referido al formulario electrónico denominado “Manifiesto de Carga”, el cual informa sobre el líquido transportado. Ese documento “tendrá carácter de declaración jurada” y en él “se consignarán los datos del generador, del transportista, del vehículo, de la carga y del operador de destino”.
A su vez, se establecen prohibiciones para los transportistas entre las que se encuentran: Mezclar en la carga diversos efluentes; Almacenar la carga por más de cuarenta y ocho (48) horas; Aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento y/o disposición final; y Transportar simultáneamente residuos líquidos incompatibles en una misma unidad de transporte.
Consultas
Finalizados los diálogos y presentaciones de puntos importantes del proyecto, algunos legisladores realizaron consultas sobre distintos puntos del proyecto. Entre las mismas se destacó, por ejemplo, aquella vinculada a los controles que ejercerá Irrigación y alcance que tendrá el organismo sobre el territorio provincial. Los profesionales ingenieros hicieron hincapié en que justamente “Irrigación controla alrededor de 1800 unidades industriales actualmente y cada uno de estos establecimientos paga un canon. Por lo tanto, los recursos de esa repartición vienen desde ahí mismo, porque hay que cubrir costos de transporte, laboratorio, toma de muestras, análisis, etcétera. A todo ese universo, se sumarían los camiones atmosféricos”. Ejemplificaron con que hoy empresas chicas abonan alrededor de 250.000 a 300.000 pesos anuales, y las más grandes alcanzan varios millones; pero aquellas que dispongan de un camión no abonarán lo mismo que las que tienen cinco unidades o más.
Los ingenieros consideraron que todavía queda mucho por hacer, pero que “esta ley trae un marco de claridad en todos los sentidos. La intención es avanzar y que a medida que se vayan observando las necesidades solicitarle a quien corresponda (municipios, operadores, organismos varios) a que realicen las obras y esfuerzos necesarios”.