La vicegobernadora Hebe Casado encabezó la presentación de la tercera etapa de la Ley Hojarasca, iniciativa que busca revisar, depurar y simplificar el marco normativo vigente en Mendoza. El acto contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y de los secretarios legislativos del Senado y de Diputados, Lucas Faure y Carolina Lettry, respectivamente.

Durante la actividad, Casado explicó que esta nueva etapa del programa abarca el análisis de leyes sancionadas entre 1976 y 1990, y forma parte de un proceso integral destinado a ordenar el sistema legislativo provincial. “La Ley Hojarasca tiene que ver con el ordenamiento del marco legislativo de Mendoza. Nació como una idea de generar un digesto para que las normas sean claras y para revisar temas que estaban sobrerregulados o que generaban demasiada burocracia para su aplicación”, sostuvo.

En ese sentido, la vicegobernadora remarcó la importancia de avanzar en la depuración normativa para mejorar la calidad institucional, considerando que “cuanto menos leyes haya, es mejor, porque es más fácil conocer el marco normativo sobre el cual uno tiene que trabajar y también es más sencillo para cualquier ciudadano consultar y cumplir las normas vigentes”. Asimismo, destacó el trabajo técnico desarrollado para revisar el cuerpo legal provincial y agradeció a los equipos que llevan adelante el proceso, señalando que “cada Ley que se analiza se consulta con el Ejecutivo y con los distintos actores vinculados, y a partir de ese trabajo se decide su derogación total o parcial”.

Casado también subrayó el impacto del programa en el funcionamiento legislativo y aseguró que la tarea parlamentaria no solo consiste en generar nuevas normas, sino también en revisar aquellas que han quedado obsoletas o en desuso.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, resaltó la relevancia del proceso de revisión normativa al señalar que “hay muchas normas que han quedado obsoletas o incluso son contradictorias, lo que termina complicando el funcionamiento del Poder Judicial”. En ese marco, felicitó el impulso de la iniciativa y comparó el trabajo con “ordenar un placard que durante años se fue llenando sin revisión”, destacando que el objetivo es “dejar más ordenado el sistema de leyes de la provincia”.

Además, Lombardi ratificó el acompañamiento de la Cámara Baja al proceso y anticipó que se prevé avanzar con la sanción definitiva de la segunda etapa del programa, tras completar su revisión legislativa.

A su turno, el secretario Legislativo del Senado, Lucas Faure, explicó que el ordenamiento legislativo busca combatir el fenómeno de la “sobrelegislación”, que se produce cuando existe un exceso de normas vigentes.

“Cuando hay más leyes de las necesarias aumenta la probabilidad de que la gente, los jueces y los funcionarios las desconozcan, lo que genera anomia legislativa: normas que no se conocen y, por lo tanto, no se cumplen”, detalló.

Faure señaló que la superposición normativa incrementa la discrecionalidad en la aplicación de las leyes y favorece la judicialización de conflictos, lo que impacta negativamente en la calidad institucional. En esa línea, dijo que lo que se pretende, es “derogar lo que está vigente pero no se aplica, mejorar la calidad normativa y generar un círculo virtuoso donde haya menos leyes, pero más claras y efectivas”.

Respecto de los resultados alcanzados, explicó que con la Ley Hojarasca I, se analizaron 102 leyes sancionadas entre 1896 y 1950, de las que se derogaron 75; en tanto que en la segunda etapa del programa que abarcó desde 1951 a 1975, se analizaron 172 leyes, de las cuales se derogaron 91.

En esta tercera etapa la revisión alcanzó a 303 normas entre 1976 y 1990, proponiendo la derogación de 133. Asimismo, indicó está prevista una cuarta etapa que abarcará desde 1991 a 1999, hacienda hincapié en que el proceso permitirá reducir significativamente el volumen del marco jurídico provincial.

La Ley Hojarasca constituye una política institucional orientada a simplificar el ordenamiento jurídico provincial, promoviendo normas más claras, coherentes y adaptadas a las necesidades actuales, en el marco de un proceso de modernización del Estado y fortalecimiento de la seguridad jurídica en Mendoza.