La comisión de Salud Pública, que preside Daniel Llaver (UCR), continuó con el análisis de una iniciativa presentada por el diputado Enrique Thomas (PRO Libertad), que propone modificaciones a la Ley 6.728, norma que regula los derechos y obligaciones de los profesionales de la salud y de su Caja previsional. Participaron de la reunión representantes de otras Cajas de Profesionales en la provincia: Víctor Cattaneo (Ingenieros-Arquitectos), Gustavo Ferro y Mario Comellas (Ciencias Económicas de Mendoza), Fabián Ferre y Mario Valestra (Arte de Curar); Gonzalo Barrio (Caja Forense); y Alejandro Rafael Echeverría (Escribanos).

La propuesta de Thomas apunta a actualizar la legislación vigente y plantea sustituir la denominación Caja de Previsión para Profesionales del Arte de Curar por Caja de Previsión para Profesionales de la Salud, al considerar que todos los estamentos comprendidos “trabajan por la salud individual y social de la población”.

Thomas señala la necesidad de incorporar estamentos que actualmente no están comprendidos y que también desarrollan tareas vinculadas a la salud individual y colectiva. Asimismo, se busca “ordenar y clarificar los objetivos de la Caja e incorporar la promoción de políticas previsionales con un enfoque integrador, interdisciplinario y preventivo, articulando la seguridad social con otras disciplinas que abordan el proceso de envejecimiento desde una mirada anticipatoria y centrada en el ciclo vital”.

El proyecto resume que la normativa que rige a las cajas previsionales en Argentina —y particularmente en Mendoza— fue concebida en un contexto histórico diferente, con una menor esperanza de vida, trayectorias laborales más lineales y una estructura demográfica más joven. Frente a los cambios actuales, se advierte que el sistema previsional enfrenta desafíos crecientes para ser sostenible, justo y humano. En ese marco, se plantea como premisa “organizar, implementar y administrar un régimen de jubilaciones y pensiones basado en los principios de solidaridad profesional, capitalización con carácter redistributivo y sustitutivo respecto de cualquier otro régimen previsional nacional o provincial”.

Durante el encuentro, el diputado Daniel Llaver detalló algunos puntos importantes respecto al funcionamiento de cada una de las Cajas, abriendo el debate hacia los invitados.

En ese sentido, cada uno de los representantes de las Cajas que participaron de la reunión coincidieron en afirmar que funcionan con lo que se denomina “comunidad vinculada”, algo que consideraron vital para el correcto ejercicio de las tareas de estas instituciones, y que consiste en un aporte que corre por cuenta del cliente, paciente, solicitante de servicios, que administra la Caja para los futuros salarios de retiro de los profesionales.

Si bien este aporte varía de acuerdo a la Caja de la cual se trate, los montos representan un 60% de los ingresos de algunas llegando hasta el 100% en otras. Se dejó ver, además, que los aportes en todas las Cajas son obligatorios por sus profesionales, ya que si así no se hiciese “habría pocos que harían sus aportes de manera voluntaria”. Agregaron que, igualmente, existe una “morosidad importante” en lo referido a estos aportes.

A su vez, se mencionó durante el encuentro que las “jubilaciones” que las cajas pagan difieren en sus montos rondando las mínimas los 550.000 pesos y alcanzando poco más de 4.000.000 los casos máximos. “Sabemos que ningún profesional de esta mesa vive con 500.000 pesos al mes”, indicaron, por lo que “no hay jubilación digna si no se incorpora la comunidad vinculada”, reseñó el representante de la Caja de los Profesionales del Arte de Curar, Fabián Ferre.

Antes de finalizar la reunión, Daniel Llaver hizo algunas consideraciones principalmente respecto a este concepto de “comunidad vinculada”, mencionando que algunas de las Cajas no tienen todavía mayor cantidad de jubilados que de aportantes, por lo que el panorama a futuro es incierto. Por otro lado, destacó la duda que se plantea sobre la obligatoriedad de los aportes; y que el Estado audite para que no se produzcan desviaciones por malas administraciones.

Valestra manifestó que en el caso de la Caja de los Profesionales del Arte de Curar, si está previsto en la legislación vigente (N° 6728) la figura del veedor del Estado, que se aplica y que tienen auditorías respecto a sus procedimientos y administración de manera anual.

Al concluir el encuentro, los legisladores acordaron continuar con el estudio de esta propuesta legislativa; indicaron que proseguirán con la invitación a otros sectores para que expongan sus posturas; y se propuso profundizar en la letra legal buscando como objeto que la iniciativa modificatoria debe ser lo más abarcativa posible y que aúne los criterios de todos los sectores y actores involucrados.