La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), recibió a la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez, y a la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Daniela García, con quienes analizó un proyecto con media sanción del Senado, por el cual se busca optimizar la aplicación de la Ley 9139, que establece el marco de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, obtuvo despacho favorable.

Si bien dicha norma ubica estructuras esenciales para el desarrollo integral, como los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF), los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los Espacios de Primera Infancia (EPI), bajo la órbita de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, la coexistencia de estas estructuras con los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) dentro del mismo Ministerio, “ha generado una confluencia de competencias y una dispersión de la gestión que dificulta la coherencia programática”, indica la fundamentación.

El proyecto del Poder Ejecutivo se enmarca en el “Principio de la Buena Administración, la Racionalización del Gasto Público y la Especialización Técnica. Por ello, resulta imprescindible y razonable que los organismos cuya función primordial es el cuidado, la contención y la gestión pedagógica de los niños, niñas y adolescentes se concentren bajo la órbita de la Dirección de Centros Educativos de Primera Infancia (Dirección de CEPI), que opera bajo la dependencia de la Subsecretaría de Educación”, añade el texto.

En esa línea, afirma que esta reorganización funcional “está diseñada para garantizar el cumplimiento de los derechos hasta los 17 años, permitiendo una profesionalización del servicio al integrarlo en una esfera con competencias primarias en la gestión educativa”.

Lo que se pretende, es “un abordaje integral y especializado que consolide la atención, asegure un proceso técnicamente sustentado y evite la duplicación de funciones, logrando así la optimización de los recursos internos del Ministerio. Al unificar la gestión, se garantiza la coherencia con los lineamientos de la Ley General de Educación y las políticas dispuestas por la Dirección General de Escuelas”, subraya.

Daniela García, hizo referencia a la disminución de la natalidad no sólo en la Argentina sino en el mundo. “En el mundo se estima un 50%, en Argentina el 31,6% y la tasa bruta de natalidad en Argentina que se calcula cada 1000 habitantes, nos marca que mientras en 1980 nacían 25 bebés cada mil habitantes, ahora estamos en 9,3 cada mil”.

“Hay que repensar la educación, de forma más integral y a largo plazo”, dijo, a lo que agregó que Mendoza, “es una de las provincias en donde mayor caída existe, y en ese marco había que repensar un proceso pedagógico dentro de las infancias y de refuncionalización”.

Por otra parte, en ese contexto, lo que se busca es que “tengamos todos los programas dentro de una unidad pedagógica. Eso nos permite tener trazabilidad desde los 45 días en adelante, respondiendo a principios de buena administración de los recursos, que no exista superposición, racionalización del gasto, la especialización técnica pedagógica, donde esté el proyecto educativo”.

Por su parte, Álvarez explicó que se trata de “aggiornarnos al nuevo Ministerio”, evitando la dispersión y garantizando una guía pedagógica.

El texto de elevación a la Legislatura, asegura por otra parte que la reforma se fundamenta en la necesidad de profesionalizar la atención de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo. En ese sentido, se orienta a fortalecer las competencias del personal responsable, mejorar los procesos de intervención y asegurar un abordaje integral, especializado y técnicamente sustentado, para “garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de interés superior del niño, igualdad, no discriminación y accesibilidad establecidos en la normativa nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos”.

En la misma línea, sostiene que contribuye “a elevar la calidad del servicio educativo mediante la implementación de estándares técnicos y protocolos de actuación, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y coherente con los lineamientos establecidos por la Ley General de Educación, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y demás disposiciones reglamentarias aplicables”.

En suma, “la reforma no solo mejora la calidad de la atención y los procesos educativos, sino que también consolida un modelo de gestión alineado con las obligaciones legales del Estado en materia de protección, desarrollo integral y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes”, expresa.