La Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales de la Cámara de Diputados - bajo la presidencia del diputado José Luis Ramón – recibió a representantes de la Cámara de Prestadores de Servicios del Parque Provincial Aconcagua, quienes presentaron una serie de planteos vinculados a la actividad.

Laura Suárez y Juan Herrera, presidente de la entidad, encabezaron la comitiva que estuvo integrada también por otros prestadores, expresando objeciones al decreto tarifario vigente para la temporada 2025-2026, especialmente en relación con la responsabilidad solidaria e ilimitada que se atribuye a los prestadores ante eventuales evacuaciones aéreas cuando el seguro del visitante no cubre la prestación.

Sostuvieron que la decisión de evacuar corresponde exclusivamente al médico actuante o a la autoridad de guardaparques. Asimismo, manifestaron preocupación por el incremento en el valor de los permisos de ingreso, que se suman a los costos de seguros internacionales exigidos para evacuaciones, cuyos valores rondan los 694 dólares por persona para estadías promedio de 14 días.

Según expresaron, la combinación entre el valor del permiso, los seguros y determinados paquetes comerciales eleva considerablemente el costo total de una expedición, generando —a su entender— un esquema restrictivo para deportistas argentinos y visitantes de menor poder adquisitivo.

En otro tramo de la exposición, plantearon también inquietudes en torno a la licitación para la concesión de servicios en el parque, indicando que el pliego establece requisitos excluyentes, como inspecciones previas obligatorias, certificados de visita y un sistema de puntaje mínimo para poder acceder. Afirmaron que algunos de estos requerimientos implican costos adicionales significativos y podrían generar barreras económicas para empresas pequeñas.

Por otra parte, los representantes hicieron referencia al rol de control del Estado, el financiamiento del sistema de áreas protegidas y la preservación ambiental en zonas de alta montaña.

El presidente de la comisión propuso poner el tema en estudio con el cuerpo de asesores del órgano legislativo y coordinar un trabajo técnico conjunto, a fin de contar con información detallada que permita evaluar posibles herramientas institucionales.