La Cámara de Diputados aprobó una resolución de Presidencia, que establece la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo estándares internacionales ISO, con el objetivo de elevar la calidad legislativa y consolidar el fortalecimiento institucional. Los proyectos que voluntariamente se ajusten a estos parámetros, tendrán un sello de calidad legislativa. La iniciativa surge por impulso de un proyecto de Sol Salinas (Unión PRO).

La medida se fundamenta en que los órganos legislativos “enfrentan el desafío de producir numerosas normas que, en ocasiones, carecen de evaluación de impacto o mecanismos de revisión posterior”, señala el texto. Frente a ello, la Resolución propone ordenar y profesionalizar los procesos internos de la Cámara mediante la aplicación progresiva de estándares reconocidos internacionalmente de Gestión de la Calidad.

El corazón de la iniciativa es incorporar una lógica de trabajo basada en procesos, evidencia y mejora continua, lo que en términos prácticos, implica que los proyectos de Ley, Resolución o Declaración que voluntariamente se ajusten a estos parámetros deberán fundamentar con claridad el problema que buscan resolver, incluyendo diagnóstico, datos verificables y análisis de riesgos; definir objetivos concretos, medibles y alcanzables; evaluar el impacto económico, social y ambiental; identificar con precisión a los beneficiarios y partes interesadas; y, en caso de implicar gasto público, detallar costos estimados, fuentes de financiamiento y sostenibilidad en el tiempo.

Aquellas iniciativas que cumplan con estos requisitos serán identificadas como “Proyectos Gestionados bajo Sistema de Gestión de Calidad”, una distinción que constará en el Sistema de Gestión Documental, en el Orden del Día y en las publicaciones oficiales, mediante un sello de calidad legislativa.

Debate

La diputada Sol Salinas (Unión PRO) explicó al Cuerpo Legislativo que “con esta Resolución venimos a ratificar un trabajo de hace más de un año de todas las áreas administrativas de la Cámara de Diputados, un proceso silencioso, técnico y extremadamente riguroso y exigente. Buscamos el enfoque de cada uno de los procesos, con los análisis de los riesgos de todos los procesos que establece cada área de esta Cámara, con la toma de decisiones basadas en evidencias y sobre todo con un punto principal que es la mejora continua”.

En ese sentido, detalló que la Resolución introduce la posibilidad de que los proyectos legislativos se gestionen bajo estándares de calidad, incorporando diagnóstico basado en evidencia, identificación precisa del problema, evaluación de impacto social, económico y ambiental, gestión de riesgos y sustentabilidad presupuestaria. “Dejamos atrás respuestas apresuradas o demagógicas para avanzar hacia proyectos diseñados con metodología”, afirmó, al tiempo que remarcó que la adhesión será optativa y no limitará la libertad legislativa ni las atribuciones constitucionales de los diputados.

Salinas subrayó que la iniciativa “no reemplaza el debate político”, sino que busca elevar su calidad, “fortaleciendo la transparencia, la integridad y la cultura institucional” y agradeció especialmente al personal de la Cámara por el trabajo técnico realizado durante más de un año en la elaboración de manuales de procedimiento, construcción de indicadores y digitalización de procesos. “Esto no se hace solo con discursos, sino con compromiso y mejora continua”, expresó, destacando también el acompañamiento de la Presidencia del cuerpo para profundizar la transformación institucional.

Por su parte, José Luis Ramón (CyC), quien votó negativamente, cuestionó la implementación de estándares internacionales en el proceso legislativo, al considerar que la legitimidad de las leyes nace del voto popular y que el trabajo legislativo implica creatividad y libertad, atributos que “podrían verse condicionados por la estandarización”. Asimismo, sostuvo que  “no podemos permitir que deje de crecer  un acto de voluntad política para que pasemos a tener un acto administrado por una certificación externa que va a decir qué tipo de calidad va a tener el proyecto legislativo”.

A su turno, Mauro Giambastiani (MM) adelantó el acompañamiento a la propuesta expresando que la implementación de estos estándares representa un desafío adicional para quienes integran la Cámara, en tanto permitirá a los legisladores que lo deseen sumar herramientas para mejorar la calidad de sus iniciativas. Destacó que la propuesta involucró a distintas áreas administrativas y técnicas, valorando el capital humano de la Legislatura.

Asimismo, remarcó que la Cámara de Diputados es una de las más austeras del país y sostuvo que la incorporación de mecanismos de calidad puede “consolidar su funcionamiento eficiente. Se trata de una oportunidad para fortalecer el rol institucional del cuerpo y responder a una sociedad que exige cada vez mayor profesionalismo en la tarea legislativa”, acotó.

Por otra parte, Emanuel Fugazzotto (PV) indicó que “uno invierte tiempo, horas, recursos, para tratar de verificar o construir una propuesta para que se discuta en comisiones, las comisiones puedan citar a los miembros del Poder Ejecutivo para que podamos trabajar en la construcción de una propuesta legislativa consensuada y que permita finalmente encauzar una política pública”.

“Considero que este proyecto parte de una premisa que es preocupante, que es la subestimación, cuestionando el estudio, la preparación o la investigación de los legisladores. El problema está en las decisiones políticas. En temas sensibles tenemos que construir consensos”, afirmó, y adelantó el voto negativo a la propuesta.

En tanto, Verónica Valverde (PJ) expresó reparos respecto del alcance de la iniciativa y sostuvo que la distancia entre la política y la ciudadanía no se resuelve únicamente mediante la incorporación de normas técnicas.  En esa línea, planteó que la calidad institucional también implica respuestas concretas en materia de gestión pública y transparencia.

En la misma línea se expresó el presidente de esa bancada, Germán Gómez, quien manifestó dudas sobre la aplicación práctica de la resolución y cuestionó la falta de precisiones en torno a los alcances reales del sistema. Afirmó que, pese a su carácter optativo para la presentación de proyectos, la resolución implica una “definición institucional que podría condicionar el funcionamiento general de la Cámara”, subrayando que “la actividad legislativa ya se encuentra regulada por la Constitución y el reglamento interno”, y que “incorporar estándares externos no garantiza un mejor tratamiento de las iniciativas ni mayor apertura al debate”.

El cierre del debate estuvo a cargo del presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, quien expuso que se apunta centralmente a consolidar un proceso de modernización institucional basado en transparencia, control y mejora continua. Hizo hincapié en que la implementación de estándares de calidad en las áreas administrativas “busca ordenar procedimientos, fijar objetivos medibles y garantizar mayor eficiencia en el funcionamiento interno del cuerpo, estableciendo parámetros claros en compras, recursos humanos, mantenimiento y sistemas”, y que “se trata de una decisión de política institucional para fortalecer la calidad del Estado desde adentro”.

En cuanto al plano legislativo, Lombardi enfatizó que la iniciativa no limita la libertad ni la creatividad de los diputados, sino que “ofrece una herramienta voluntaria para elevar la calidad de los proyectos”, explicando que el sistema propone “requisitos básicos como la identificación del problema, la definición de objetivos, la evaluación de impacto y el análisis de beneficiarios, con el objetivo de fortalecer el trabajo cualitativo del legislador”.

“Es una invitación a mejorar, a debatir con más fundamentos y a jerarquizar la tarea parlamentaria”, señaló, cuya meta es elevar el estándar institucional de la Cámara.