Sistema de prestaciones de atención integral a favor de personas discapacitadas
Las Comisiones de Desarrollo Social y de Salud Pública analizan un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo por el cual se instituiría en el ámbito provincial un sistema de prestaciones de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de promoción, prevención y asistencia. El Estado, a través de sus organismos competentes, brindará cobertura y seguridad social a las personas que carecieran de obra social.
La Obra Social de Empleados Públicos –OSEP- tendrá a su cargo la cobertura que requieran las personas con discapacidad afiliadas a la misma. Quedarían excluidas de esta ley los beneficiarios de PAMI, PROFE y prepagas contempladas en la ley nacional 24901 y su modificatoria.
En la oportunidad, estuvieron presentes los titulares de las Comisiones mencionadas, Nélida Negri y Alberto Recabarren, respectivamente, acompañados por los diputados radicales Raúl Vicchi, Florinda Seoane y María Rosa Lemos y la justicialista Sonia Carmona. Asistió la directora provincial de Discapacidad, María Elena Cabutti.
La funcionaria del área dio una semblanza respecto de la evolución de la legislación respectiva a través del tiempo, incluyendo cambio de terminología para definir a las personas con capacidades diferentes que constan en las convenciones internacionales. A partir del 2008, Argentina adhiere a las mismas y se pretende abarcar no sólo las necesidades de los discapacitados sino también su inserción en el medio social, más allá de lo asistencial, considerando sus derechos y el ejercicio ciudadano como parte de la sociedad para su participación civil.
Manifestó que, además, se universaliza el modelo de evaluación de la diferentes discapacidades para lograr un procedimiento internacional que permita certificar la discapacidad. En Mendoza, se han emitido 9 mil certificados único de discapacidad –CUD.
Luego se refirió a las prestaciones que ofrece la Provincia y el Presupuesto que disponen, que asciende a 15 millones de pesos, de los cuales el 50 % se gasta en salarios de personal. Resaltó la necesidad de armar un nomenclador propio para Mendoza, con los valores diferenciales respecto de Buenos Aires y otras Provincias con el objeto de optimizar los recursos para lograr más cantidad y calidad en las prestaciones.
Los legisladores comprometieron el análisis de la iniciativa, a la luz de los instrumentos legales nacionales que existen; como así también si, quizá, sólo correspondería un protocolo sobre el tema con un nomenclador local que permita una eficiente gestión. También solicitarán la consideración de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para conocer la disponibilidad presupuestaria para su concreción fehaciente.
Prensa 27/6