Se adherirá al planteo judicial de la Cámara de Comercio de San Rafael y solicitará a la Suprema Corte llame a audiencia de conciliación
La Asamblea Legislativa convocada para sentar una posición en torno a la promoción industrial, resolvió, a través de una Resolución, adherir a las acciones legales
desarrolladas por la Cámara de Comercio de San Rafael y pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llame a una audiencia de conciliación entre las partes involucradas.El texto de la Resolución, aprobada por unanimidad, durante la Asamblea, señala:
1- Adherir en todas sus partes a las acciones desplegadas por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael en los autos Nro 87602 caratulados “Cámara de Comercio de San Rafael S/ ACCION DE AMPARO C/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO”, asimismo las acciones desplegadas en los autos 90303-C-6949 (origen) caratulados “Compulsa en AS. 87602 Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria San Rafael P/ acción de amparo contra Estado Nacional Argentino”, ambos ante el Juzgado Federal de la Ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.
2- Que vería con agrado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ámbito de su competencia, facultades y prerrogativas, convoque a una audiencia de conciliación entre las partes del proceso y analice la posibilidad de invitar a la misma, autoridades del gobierno de la provincia de Mendoza, en la condición procesal que estime aplicable.
3- Encomiéndese a las presidencias de ambas Cámaras la comunicación de la presente Resolución. Debate
Durante el desarrollo de la Asamblea Legislativa, legisladores de distintas bancadas hicieron uso de la palabra sintetizando el pensamiento en relación al decreto presidencial 699 que prorroga los beneficios impositivos de la promoción industrial para las provincias de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja; y posibles soluciones futuras que beneficien a Mendoza.
El diputado Gustavo Arenas (PJ), destacó “la madurez política” demostrada por el cuerpo legislativo “porque se acordó mirar hacia el futuro y ver cuál es el rol que tiene que tener Mendoza en el marco de un proyecto nacional”.
Agregó al respecto que “el rol que nos toca ahora es acompañar a la acción interpuesta por la Cámara de Comercio de San Rafael” y encontrar las soluciones necesarias en un tema importante para la Provincia.
Por su parte, Ricardo Puga (PIM), indicó que “esto requiere además una solución política, no solamente judicial”, destacando que no se puede desconocer “la realidad de otras provincias que tienen pobreza y necesitan de la promoción industrial.”
“Nosotros hemos estado equivocados durante 30 años confrontando con los puntanos, los sanjuaninos, los riojanos, en vez de luchar por una ley de promoción industrial que nos alcance a todos”, dijo y agregó que “esta Legislatura debe dialogar con el Poder Ejecutivo para lograr discutir una legislación nacional” en ese sentido.
Puga, bregó para que las comisiones de Economía de ambas Cámaras gestionen ante el gobierno nacional la posibilidad de poner en vigencia nuevamente la denominada ley Socchi – Bordón, o bien redactar una nueva normativa.
Finalmente, resaltó que “no podemos desperdiciar esta asamblea legislativa solamente para imaginar que vamos a solucionar judicialmente este problema, porque seguiremos con él. Hay que cambiar el eje de la discusión dejando la agresividad hacia esas provincias para que Cuyo sea una región importante”.
A su turno, Roberto Pradines (PD), subrayó que “este es un tema trascendente e importante para la provincia de Mendoza” por las “proyecciones realizadas sobre las pérdidas económicas por la promoción”.
Tras realizar un repaso sobre las normativas legales nacionales que en distintos gobiernos pusieron en vigencia este régimen, puntualizó que “esto es una cuestión política: la única forma que no se perjudique a Mendoza es eliminando el decreto 699”.
Esta tiene que ser una “posición política ante el gobierno nacional para que se derogue el decreto 699 y una vez derogado podemos hacer algo nuevo”, resaltó.
Desde la bancada radical, el diputado Raúl Vicchi expresó que su planteo se basa en la “ratificación de la postura histórica de la provincia de Mendoza. Si nos quedamos solamente en que le damos el apoyo a la Cámara de Comercio, estamos dejando de lado la posición histórica de la provincia. Si planteamos un rechazo, también estaríamos volcando un principio de conflicto, de pelea, lo cual a veces cierra muchas puertas en vez de abrirlas”.
Según su parecer, una “medida superadora” tendría que contemplar al menos cuatro puntos: “la ratificación de la postura histórica de la provincia respecto a este tema”, la aplicación de aspectos de la ley Socchi - Bordón, la ratificación de lo actuado por la Cámara de Comercio de San Rafael y que se hicieran las “comunicaciones de estilo” tanto a la Presidencia de la Nación como al Congreso nacional y el Poder Judicial de la Nación.
Prensa agosto 30