La comisión de Derechos y Garantía de la Cámara de Diputados presentará a la justicia penal, los antecedentes obrantes en ese órgano legislativo sobre presuntas
irregularidades cometidas por la cooperativa de viviendas San Vicente, denunciadas por los vecinos afectados.En el V Barrio San Vicente, ubicado en Corralitos, Guaymallén, se construyeron a la fecha 46 viviendas sobre terrenos que están con sentencia judicial, por lo que los vecinos no pueden obtener los títulos de propiedad correspondientes.
Ante el conflicto legal de los terrenos, tanto aquellos que ya construyeron sus casas como quienes compraron un lote, temen que se vean vulnerados sus derechos.
Para el titular de la comisión, Ricardo Puga (PIM), se estaría ante una “estafa”, por lo que todo lo actuado desde Derechos y Garantías se remitirá a la fiscalía de Guaymallén para que sea la justicia la que inicie una investigación penal sobre el tema.
“Los profesionales abogados que tenemos en la comisión están para auxiliarlos”, les dijo el legislador al grupo de vecinos que hoy recibió en comisiones, aunque aclaró que sólo “en materia de asesoramiento para proteger los derechos de ustedes en la medida de nuestras posibilidades”. Al parecer, el dueño original de los terrenos se los vendió a la cooperativa pero después hizo un juicio para que se los pagaran. Cuando la resolución judicial advierte que hay que restituirle el terreno, en el predio ya estaban levantadas las 46 viviendas que hoy son habitadas por los denunciantes.
Además de la justicia, desde la comisión se pedirá también la intervención de la Dirección de Cooperativas de la provincia.
Prensa Septiembre 8