Ley de Discapacidad adecuada a costos provinciales de prestaciones

Las Comisiones de la Cámara de Diputados continúan analizando y comparando la legislación vigente y las nuevas iniciativas para lograr un instrumento que permita alcanzar un sistema de prestaciones integrales para personas discapacitadas. Proponen extender la invitación a participar y trabajar a los senadores provinciales para darle mayor celeridad al debate y tratamiento final del tema.
En la jornada de hoy participaron nuevamente miembros del Consejo Provincial de Discapacidad, un representante del Consejo nacional y la directora de Discapacidad de Mendoza, María Elena Pereiro de Gabutti.
En esta oportunidad los legisladores dieron testimonios sobre la implementación de la ley nacional 24901, que data de 1997, en otras provincia argentinas. En San Juan, Salta y Entre Ríos se manifestó que la legislación nacional es de imposible cumplimiento por los costos que deben aplicarse, consecuencia de un nomenclador de prestaciones que no se ajusta a la realidad social y económica de esas provincias.
La categorización particular de cada prestación de acuerdo a la realidad y costos de Mendoza asegurará la continuidad efectiva de los pagos a los proveedores. También se solicitó prever un presupuesto definido para atender a esta problemática y sumar a instituciones, profesionales, proveedores, familiares y discapacitados en la discusión concreta del nomenclador.


Los interesados directos podrían participar en la elaboración de dicho nomenclador que atienda a los costos reales de las prácticas médicas y todas las necesidades del paciente estén cubiertas. Los costos deberán ser reales, accesibles y razonable el lucro que pretenda el proveedor.
La reunión fue presidida por la titular de la Comisión de Desarrollo Social, Nélida Negri (PJ) y participaron Alberto Recabarren (PJ) presidente de la Comisión de Salud; Raúl Rodríguez (PJ) presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; los demócratas Aldo Vinci y Antonio Spezia, y las diputadas Sonia Carmona (PJ) y Marta Yazenco (UCR).
Puntualmente trabajaron en conjunto el contenido de la ley nacional 24901 que asegura prestaciones médicas básicas pero no sociales de los discapacitados, por lo tanto no contempla derechos de ciudadanos de los mismos. Este se debe a que no se han actualizado viejos paradigmas, conceptos y definiciones, como tampoco la evolución cierta de los pacientes como consecuencia de nuevas técnicas científicas de abordaje de sus circunstancias de vida. Tampoco comprende el apoyo terapéutico que debe tener un discapacitado para ejercer sus derechos.

Observaron que algunas obras sociales de carácter nacional no cumplen con dicha ley, como así también la misma no incluye por ejemplo a las Fuerzas Armadas, entre otros organismos nacionales. También se preocuparon por las personas excluidas del sistema de asistencia sanitaria.
Este análisis se efectuó a la luz de la iniciativa que tiene el Consejo Provincial de Discapacidad, como consecuencia de haber actualizado debidamente el tratamiento que correspondería darle actualmente a los discapacitados. En este sentido manifestaron que el primer derecho de estas personas es el de ser evaluada según las normas vigentes de la Organización Mundial de la Salud y la posibilidad de evolución de sus circunstancias, tras recibir tratamientos adecuados, para la recuperación progresiva de sus capacidades.
Insistieron en la necesidad de transversalizar políticas, responsabilidades y costos en todos los ámbitos sociales para optimizar la recuperación y recursos.
Para cerrar el encuentro de la fecha acordaron continuar con el trabajo legislativo el próximo lunes 31, a partir de las 10 hs. en el Salón Azul de la Cámara de Diputados.



Prensa 28/10/11