La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, acordó avanzar con esta propuesta de Adrián Reche (UCR), que tiene por objeto agilizar la implementación del expediente electrónico en el ámbito del Poder Judicial, ordenado mediante Ley provincial N° 8959.

Se busca, de esta manera, garantizar “a la ciudadanía el acceso a la justicia a través de las nuevas tecnologías, como así mismo simplificar la labor tanto de los abogados del foro como de los funcionarios y empleados judiciales, del Ministerio Público Fiscal, y del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar”, señala la iniciativa.

Durante el encuentro mantenido hoy por la comisión que preside Jorge Difonso (UP-FR), se indicó que la idea es convocar a miembros de la Corte para que den su visión sobre el tema.

Entre otros aspectos, en el proyecto de Ley, se establece que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar deberán habilitar herramientas tecnológicas con el objeto de implementar aplicaciones digitales y formularios virtuales para facilitar el Acceso a la Justicia de todos los habitantes de la Provincia. Además, mediante sus respectivas áreas técnicas informáticas, elaborarán las aplicaciones digitales, formularios de denuncias y reclamos; debiendo disponer en forma coordinada su gradual implementación.

De igual forma, prevé que los funcionarios de todas las jerarquías y empleados dependientes de estos órganos de justicia, que no puedan prestar sus servicios de forma presencial por la existencia de motivos considerados de fuerza mayor, deberán cumplir sus funciones desde los respectivos domicilios particulares bajo la modalidad de teletrabajo, instalándose a tal efecto una red privada virtual (VPN) en sus ordenadores personales, o mediante ordenadores que se les proporcionará de

la dependencia en la cual presten sus servicios.

Según sostiene Reche, “la digitalización de la justicia, la implementación del expediente electrónico, los avances en la tecnología, entre otros, tienen como norte efectivizar el principio constitucional/convencional de tutela judicial efectiva, y como derivado de este principio, el acceso a una justicia eficiente y adaptada a los tiempos actuales”.

En ese sentido, reflexiona que el año 2020 “fue sin lugar a dudas el punto de inflexión en la introducción definitiva de la vía electrónica en el aparato judicial. El ASPO – Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio - y el consecuente servicio de justicia en la emergencia, obligó a los agentes, funcionarios, asesores y magistrados que componen el estamento judicial, a buscar distintas alternativas para seguir funcionando como servicio, en estas circunstancias extraordinarias”, con lo cual, se hace necesario contar con legislación al respecto para fijar ciertas pautas de funcionamiento en el ámbito legal.