El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados, un proyecto de Ley que abarca la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI); la disolución y liquidación de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento; la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y la liquidación de los activos que  integran  el  patrimonio  del  EX EFOR –actual Dirección de Administración de Activos de los Ex   Bancos Oficiales.

Según detalla la fundamentación, la iniciativa permitirá “continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia  administrativa y el fomento a la inversión, buscando transformar la Administración Pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la creación  de un ecosistema atractivo a la inversión.

Mendoza busca sumarse al RIMI y agrega ventajas para potenciar la producción

Además de la adhesión, la propuesta suma beneficios propios como estabilidad impositiva, financiamiento, capacitación y prioridad en parques industriales para impulsar la radicación y el crecimiento de empresas, con el objetivo es atraer nuevas inversiones, generar empleo y fortalecer la producción local.

El RIMI es un régimen nacional orientado a promover inversiones productivas en el país mediante incentivos fiscales para las inversiones que se realicen en los próximos dos años. Está dirigido a empresas que califiquen como MiPyMEs (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y contempla herramientas como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA.

En este contexto, el proyecto elevado por el Ejecutivo provincial propone la adhesión de Mendoza al régimen nacional e incorpora beneficios complementarios a nivel local para maximizar el impacto de las inversiones en el territorio.

En este marco, dichos beneficios adicionales tendrán una vigencia de 10 años e incluyen:

• Estabilidad impositiva: las empresas que adhieran al régimen no verán incrementada su carga tributaria provincial durante la vigencia del beneficio.
• Acceso preferente al financiamiento: prioridad en programas provinciales de subsidio de tasas y otras herramientas de financiamiento.
• Capacitación y asistencia técnica: prioridad en programas de formación, asistencia técnica y transferencia tecnológica.
• Fomento del empleo: acceso prioritario a programas provinciales orientados a la generación de empleo.
• Infraestructura productiva: acceso preferente para la localización y utilización de espacios en parques industriales y otros ámbitos destinados a la radicación de industrias bajo la órbita del gobierno provincial.

Reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos

El proyecto busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones y avanzar en una reorganización integral en el plazo de un año. También incluye medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.

La iniciativa establece que el organismo dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.

Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120 % de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.

También contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio Instituto, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”. En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos.

Otra alternativa prevista es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal», garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.

Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.

A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer “los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto”.

Asimismo, se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal, y se establece que será el propio Instituto quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.

Liquidación de los ex bancos provinciales y baja de activos incobrables

En otro orden, se apunta a eliminar activos sin posibilidad de recupero, destrabar situaciones legales de larga data y avanzar en el cierre definitivo de un proceso histórico. El objetivo es fortalecer la transparencia y eficiencia de la administración pública.

Así, el proyecto pretende avanzar en el cierre definitivo de los activos remanentes de los ex bancos oficiales, en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década del 90.

Busca resolver una problemática histórica vinculada a la liquidación de estas entidades y avanzar en el ordenamiento de activos que permanecen pendientes desde hace casi 30 años.

Propone dar de baja créditos que por distintas razones pueden ser desincorporados de la base de datos, tras el análisis técnico y jurídico realizado. Se trata de créditos que han sido considerados incobrables, por prescripción, conclusión de quiebras, insolvencia de los deudores o la imposibilidad de avanzar en su cobro por resultar antieconómico, entre otras situaciones.

En este sentido, se prevé eliminar del Sistema de Información Contable provincial (Sidico) tanto las deudas sin juicio, como aquellas con procesos judiciales ya caducos o prescriptos, así como los casos de deudores en estado de quiebra en cuyos procesos se haya dictado la conclusión sin posibilidad de continuar la percepción de créditos. La medida se basa en relevamientos realizados por organismos técnicos y auditorías especializadas.

Además, se faculta al Poder Ejecutivo a continuar con la depuración de otros activos en condiciones similares, bajo criterios como la falta de documentación, el alto costo de los procesos judiciales o la inviabilidad de su recuperación.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de cancelar garantías reales asociadas a estos créditos, como es el caso de las hipotecas. Esto permitirá destrabar situaciones que llevan años sin resolución y facilitar la normalización de bienes, para que puedan volver a integrarse al circuito económico.

La iniciativa también propone adecuar el marco normativo vigente, eliminando disposiciones que dificultan este proceso y simplificando procedimientos administrativos para hacerlo más ágil.

En paralelo, con esta norma se busca reducir riesgos de litigiosidad y fortalecer la seguridad jurídica, al cerrar procesos pendientes y evitar nuevos conflictos derivados de la permanencia de estos créditos en los registros oficiales.

Reconfiguración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y ampliación de herramientas de financiamiento para las pymes

Finalmente, el proyecto impulsa una refuncionalización integral del Fondo para adecuarlo al nuevo escenario económico. Contempla dejar atrás el esquema de créditos directos, fortalecer el acceso al financiamiento privado y ordenar el proceso administrativo, patrimonial y laboral del organismo.

El Fondo, fue creado por la Ley 6071 en 1993, con el objetivo de adaptar esta herramienta a las necesidades actuales del sector productivo y ampliar el alcance de las políticas de financiamiento.

Con el paso de los años y como consecuencia de distintos procesos macroeconómicos, las políticas de financiamiento implementadas y el agotamiento de los recursos extraordinarios que dieron origen al fondo, la disponibilidad patrimonial se redujo de manera significativa. Actualmente, su funcionamiento depende principalmente de aportes del Presupuesto provincial.

En este nuevo escenario, el Gobierno provincial considera necesario redefinir el rol del Estado, orientándolo a corregir fallas puntuales del mercado, acompañar contingencias económicas y facilitar el acceso del sector productivo al sistema financiero privado.

Por eso, el proyecto propone su refuncionalización y establece una nueva estrategia enfocada en herramientas más eficientes y de mayor alcance.

Entre las nuevas funciones que se priorizarán se encuentran:

• Subsidio de tasas de interés para créditos otorgados por entidades financieras privadas.
• Fortalecimiento de las capacidades de las pymes mendocinas para mejorar su acceso al sistema financiero tradicional.
• Intervención ante situaciones coyunturales o emergencias económicas que requieran asistencia específica.

Además, regula el proceso vinculado al personal de la Administradora y establece distintas alternativas para garantizar una transición ordenada, y establece que el liquidador designado podrá transferir bienes, créditos y obligaciones del organismo a otras entidades estatales.

Por último, el proyecto prevé avanzar en el cierre definitivo de antiguas carteras crediticias con bajos niveles de recupero, permitiendo declarar incobrables aquellos créditos donde ya se agotaron todas las instancias de cobro.