La Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa del Poder Ejecutivo por la que se modifican normativas que aceleran los procesos de desadjudicación y recuperación de viviendas sociales ante casos de falta de pago, abandono o uso irregular de los inmuebles. Son cambios en las leyes N° 4203 (funcionamiento del IPV) y N° 9001 (Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza), respectivamente.
El IPV “es el organismo encargado de instrumentar la política de vivienda social en la provincia, y esta política reconoce como eje central el principio de función social de la propiedad, en virtud del cual las unidades habitacionales construidas o financiadas total o parcialmente por el Estado deben destinarse efectivamente a satisfacer necesidades habitacionales de sectores que no pueden acceder a soluciones en el mercado”, señala la fundamentación.
Todos los programas que desarrolla el Instituto de la Vivienda establecen como criterio de priorización a “los grupos familiares cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimo vital y móvil, lo que marca un equilibrio entre la devolución del crédito y la asistencia social”, que necesariamente requiere de “un alto acatamiento a las condiciones contractuales establecidas para poder otorgar los beneficios habitacionales a nuevos beneficiarios”, añade el texto.
Por ende, agrega, el sistema de vivienda social se sustenta en el cumplimiento recíproco de obligaciones: el Estado facilita el acceso al hábitat y el beneficiario asume el compromiso de pago y la ocupación efectiva. “Este esquema exige un adecuado cumplimiento de las condiciones contractuales, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema y la equitativa asignación de recursos públicos”.
En ese sentido, expone que sin perjuicio de ello, “se han detectado supuestos de incumplimiento por parte de los beneficiarios, ya sea por mora persistente o por abandono del inmueble, desnaturalizando la función social de la vivienda y perjudicando a miles de ciudadanos en lista de espera. Estos casos han derivado en procedimientos en los cuales se ha resuelto la desadjudicación del plan de vivienda, siendo por ende necesaria la recuperación efectiva del inmueble de una manera ágil y eficiente para que esa vivienda sea adjudicada a posibles beneficiarios dispuestos a honrar los compromisos determinados por el lPV”.
Precisamente, la propuesta del Ejecutivo, plantea modificaciones a la Ley N° 4203 para permitir que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) “pueda iniciar juicios de desalojo en aquellos casos en los que exista una desadjudicación firme por incumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios”. En tanto, las modificaciones a la Ley N° 9001, se refieren a adecuar los procedimientos vigentes a lo previsto en el Código Procesal Civil y Tributario, con el fin de acelerar los procesos de recupero. Además, propone que los desalojos impulsados por el IPV sean tramitados por la Justicia de Paz Letrada, al considerar que estos tribunales cuentan con mayor proximidad territorial y herramientas más ágiles para resolver procesos de menor complejidad.
En sí, la normativa dispone sustituir el artículo 14 de la Ley Nº 4203. Este artículo establece que el Directorio del IPV “dictará, previa aprobación del Poder Ejecutivo, un reglamento que regula la determinación del precio de venta o alquiler de viviendas, sus reajustes y forma de pago, y las adjudicaciones y desadjudicaciones. En aquellos supuestos en los que el IPV haya resuelto una desadjudicación, podrá iniciar juicio de desalojo, el que se tramitará por la vía establecida en el Artículo 232, 237 concordantes y correlativos de la Ley Nº 9001.”
A su vez, entre los cambios más relevantes, se sustituye el punto 1 del inciso B) del apartado II del Artículo 5 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, (Ley Nº 9001); y la incorporación del inciso m) al Artículo 232 de este mismo Código, en función de hacer mención a “desalojos derivados de contratos de locación o comodato, o entre usufructuante y usufructuario, y los fundados en resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el Instituto Provincial de la Vivienda”; como así también “los supuestos” que se encuentran vinculados a la “restitución de inmuebles en caso de desadjudicaciones que emita por acto administrativo el Instituto Provincial de la Vivienda”.
Lo que se pretende, es optimizar el proceso de recuperación de viviendas sociales adjudicadas por el IPV, en casos de incumplimiento por parte de los beneficiarios; tratando de fortalecer el sistema habitacional y garantizar que las unidades financiadas por el Estado lleguen efectivamente a las familias que más las necesitan.
Debate
Melisa Martínez Malanca (UCR), explicó que el proyecto “tiene un único espíritu que es la función social de la propiedad. Se le otorga una herramienta al Instituto Provincial de la Vivienda para que pueda proceder a iniciar la acción de desalojo para aquellos casos en donde se haya procedido a la desadjudicación de viviendas”, a lo que agregó que “es una respuesta efectiva a los sectores más vulnerados de la sociedad que no pueden acceder a una vivienda a través de las herramientas que brinda el mercado”.
La legisladora amplió sobre detalles técnicos propios de la normativa propuesta e hizo hincapié en la “misión” que tiene el IPV que “es procurar el acceso a la solución habitacional integral a través de una distribución justa y eficiente de los recursos, atendiendo a los sectores de la población que requieran el apoyo del Estado, aportando a la disminución del déficit habitacional en la provincia de Mendoza”.
“El objetivo principal del IPV es esta distribución justa y eficiente de los recursos”, dijo, a lo que agregó que “este proyecto tiene un fundamento social muy importante. El IPV tiene un criterio de priorización respecto de aquellas familias que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles”; y en este caso “lo que se busca es que esa propiedad que está siendo mal usada, el IPV pueda hacerse de esa vivienda y se la pueda adjudicar nuevamente a otra familia que efectivamente proceda a la ocupación y pague debidamente la cuota. Esto permite que el sistema se retroalimente y así sean más mendocinas y mendocinos quienes puedan cumplir el sueño de la casa propia”.
Por su parte, Cintia Gomez (PRO) adelantó el voto positivo de su espacio puesto que “no es solamente una simple modificación técnica de articulados, sino que en realidad es una definición clara de qué tipo de Estado es el que queremos. Queremos un Estado competente, un Estado eficiente, donde por supuesto funcione con reglas claras y que haga cumplir la ley”. “El espíritu de este proyecto, trata de fortalecer la institucionalidad, de reafirmar el principio de igualdad ante la ley”, y “proteger el sentido de esta política pública tan importante que tiene que ver con las viviendas sociales”, afirmó.
También Gustavo Cairo (MxLL) anticipó el acompañamiento al proyecto considerado que “es darle herramientas al IPV para poder recuperar lo que ha invertido la gente a través de sus impuestos, en viviendas”. Sostuvo a su vez que el IPV debió realizar distintas acciones por la morosidad que tenía en su cartera, lo cual “es injusto” para todos aquellos que no han podido acceder a una vivienda social cuando ni siquiera, aquel que ha sido adjudicado, “honra esa responsabilidad”.
En igual sentido, María Fernanda Kaufman (LLA) indicó que “se le dan herramientas eficaces al IPV, que ha sido promotor y ha beneficiado a muchísimos mendocinos posibilitándole una vivienda digna, mejorar las condiciones de vida y también una planificación urbana verdaderamente planificada y desarrollada. Entiendo que los recursos públicos deben gestionarse con responsabilidad, se debe cumplir, porque los beneficiarios somos verdaderamente todos y las viviendas deben llegar a quien verdaderamente la necesita y ha cumplido con todos los requisitos”.
El diputado Lucas Ilardo (FP), expresó por su parte el voto negativo señalando que había que “diferenciar al que no podía pagar por una situación particular de aquel que la alquila. Esto es lo razonable”, expresión que fue compartida por Germán Gómez (PJ), quien sostuvo que “caemos sobre la generalidad; con esto se pretende resolver un problema social, con una ley que solo busca acelerar procesos y no contempla situaciones particulares que deberían diferenciarse”.
En la misma línea, Verónica Valverde (PJ) indicó que “no vamos a acompañar este proyecto porque no han sido tenidas en cuenta nuestras sugerencias. Este tema necesita un debate técnico y serio”, a lo que Gabriela Lizana (FRMLN) añadió que “creemos en una intervención inteligente y eficiente del Estado. Hay mucha gente sin vivienda, y más allá de las posturas ideológicas debiéramos pensar en cómo solucionamos esta situación”.