Es el proyecto de “Ley macro” del Poder Ejecutivo que contempla la adhesión al RIMI, la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos, y la liquidación de activos de la DAABO (Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales).

La Cámara de Diputados otorgó sanción inicial, por mayoría de votos, a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Esta propuesta permitirá “continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión, buscando transformar la Administración Pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la creación de un ecosistema atractivo a la inversión”, según afirman los considerandos.

Se agrega que “la Provincia se proyecta al futuro con cambios y ordenamientos indispensables para su mejor funcionamiento. Se hace imperioso adherir a mecanismos de desarrollo y crecimiento que están surgiendo en los nuevos tiempos económicos, además de rectificar rumbos cuando sea pertinente y cerrar ciclos agotados”.

En su paso por comisiones, la normativa tuvo aportes del Poder Ejecutivo  que se vinculan con ampliar beneficios impositivos a nivel local, mencionados en la Ley 27.802, para quienes adhieran al RIMI, y específicamente delimitados en el tiempo. Cabe recordar que el RIMI, es el Régimen nacional para promover inversiones productivas  mediante incentivos fiscales a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Para el caso de la refuncionalización del FPTyC, se manifestó que la letra final suma aportes en lo referido a la “reformulación de las pautas de liquidación”. Se establece que “se mantiene la definición del liquidador pero reformula y amplía sus facultades”; en sí el Ministerio de Hacienda y Finanzas tendrá a su cargo la liquidación del FPTyC, para lo cual deberá nombrar un liquidador que contará con las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo esta labor.

Asimismo, durante el proceso de liquidación y supresión de la administradora provincial del FPTyC “quedarán suspendidas las obligaciones de remisión de informes y publicaciones”; en su reemplazo, “el liquidador deberá presentar un informe trimestral” de avance de liquidación ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Legislatura.

En el caso de la reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos, se sostiene que no se verán afectados los fondos vinculados a los programas de salud; por lo que se manifiesta que no se exime de cumplimiento lo dispuesto “en el inciso D del artículo 30 de la ley 8701”.

La votación nominal resultó con 33 votos afirmativos, 8 negativos y 6 ausentes.

Debate

Quien abrió las exposiciones sobre la iniciativa fue la diputada Elisabeth Crescitelli (UCR), a quien se sumaron legisladores del mismo bloque que se enfocaron en cada uno de los temas previstos en la normativa.

Crescitelli, sostuvo que “se propone un conjunto de medidas vinculadas con la promoción de inversiones, la modernización de herramientas de financiamiento productivo, la reorganización de organismos provinciales y el saneamiento de activos históricos de la provincia”. Se trata, remarcó “de una iniciativa que está integrada por seis capítulos que comparten una misma finalidad, la cual es adecuar instrumentos y estructuras del Estado a una nueva realidad económica, financiera y administrativa distinta de aquellas para la cual fueron originalmente concebidas”, haciendo referencia principalmente al proceso de liquidación del FPTyC y lo concerniente al IPJyC.

Seguidamente, el diputado Julián Sadofschi (UCR) se refirió específicamente a la adhesión al RIMI. Indicó el legislador que “se busca que Mendoza compita en los mejores términos y condiciones para captar inversiones que generen producción, empleo formal y desarrollo económico. No se crea un régimen paralelo sino que por el contrario se acompaña y se potencia una herramienta de carácter nacional mediante incentivos provinciales específicos”.

Agregó que la intención es que “Mendoza sea un destino atractivo para invertir, para generar empleo, para la innovación y para el crecimiento económico. No se están creando privilegios, sino que se otorgan mejores condiciones de competitividad para las empresas. La adhesión al RIMI permite complementar una política nacional con herramientas provinciales concretas, fortaleciendo el desarrollo de nuestra matriz productiva”.

Por su parte, la diputada María Eugenia De Marchi (UCR) se refirió a la liquidación de activos de la DAABO (Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales). Justificó que “es necesario e imperante cerrar definitivamente un proceso iniciado en el año 1995 con la privatización de los bancos de Mendoza y Previsión Social, Sociedades Anónimas, autorizadas por la ley 6.276. Durante décadas la DAABO cumplió la función de administrar y procurar el recupero de esas acreencias”.

Sostuvo además que “la realidad jurídica y económica ha modificado sustancialmente las condiciones que dieron origen a este sistema. Hoy existen cartera de créditos con más de 30 años de antigüedad, que en su mayoría se encuentran prescriptos o cuyos deudores están en situación falencial, lo que representa un costo para el Estado”. Por ello, “el Estado provincial concentra sus esfuerzos en los desafíos del presente y del futuro, dejando atrás estructuras obsoletas y deudas del pasado, buscando promover el desarrollo económico”.

En tanto, el diputado Federico Palazzo (LLA) indicó que el proyecto “tiene el espíritu de aplicar políticas públicas o medidas que ya viene aplicando el Gobierno Nacional desde el fin del 2023. Las que han colocado al país, a la provincia, en una situación de normalidad, gozando de equilibrio fiscal”.

Resaltó al respecto que “es necesaria la reestructuración de organizaciones sobredimensionadas, que posiblemente tienen un objeto que es, hoy por hoy, de incumplimiento casi imposible o dificultoso”.

A su turno, la diputada Jimena Cogo (PRO) indicó que “son cuatro temas bastante heterogéneos que están conviviendo, uno de un fomento, y tres con un saneamiento o de cierre”. Agregó que “intenté buscar un hilo conductor en todo este proyecto para poder entender cuál es la política pública de fondo; por lo que entiendo que ese hilo conductor es la modernización del Estado, es la eficiencia administrativa, y es el fomento a las inversiones privadas”.

Argumentó que “se intenta achicar el perímetro del Estado, sanear los balances, y trasladar el motor de crecimiento de la economía al sector privado”; y consideró que la apuesta de la iniciativa es “que haya una virtuosidad en cada una de las decisiones, y para que ese círculo virtuoso se dé, es que la inversión privada efectivamente exista, que haya generación de calidad en el empleo, de que haya más actividad y, por ende, más recaudación, y si hay más recaudación, mejores prestaciones de servicios desde el Estado”.

En tanto, el diputado Carlos Ponce (UCR) ponderó “el planteamiento del proyecto” y remarcó que “el gobierno de la provincia ha tenido una mirada sustancial con los productores. Hemos propiciado herramientas como la del FPTyC que se generó con una ley específica y con fondos específicos”, que “hoy llega a su fin”, pero “tenemos que tener una mirada superadora y que no nos dé miedo la eficiencia del Estado siempre teniendo en cuenta los valores de los sectores productivos”.

Por su parte, Rolando Scanio (LUM) indicó que “avalamos que hayan tomado ideas de un proyecto similar que presentó este espacio anteriormente”, profundizó que se trataba de un “incentivo a la reactivación económica de la provincia con la reducción de algunas tasas y tributos” y manifestó que se colabora con la modernización y se beneficia a las empresas; “vemos este proyecto con las sugerencias aportadas y vamos a acompañar para que Mendoza pueda tener estas posibles inversiones futuras”, cerró.

A su turo, Lucas Ilardo (Fuerza Patria), adelantó su desacuerdo con la norma. Opinó sobre el RIMI que “le deja una discrecionalidad al Ejecutivo que en realidad debería ser propia del Legislativo, que es la posibilidad de otorgar beneficios o incentivos extra y no dice qué tipo de incentivos, qué monto, bajo qué condiciones”.

Asimismo, dijo que le “preocupa los montos de exclusión del RIMI, porque acá hablamos principalmente que es una ley para beneficiar a las Pymes, a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores, pero se les pide un monto muy alto de inversión”.

Con respecto al FPTyC, subrayó que “es una herramienta de crédito de fomento más eficiente, anticíclica, democrática y transparente, y la están borrando”.

También Gabriela Lizana (FRMLN), adelantó su voto negativo señalando entre otros aspectos que mientras en otras regiones del país o incluso otros países, “se mantienen herramientas como el Fondo para la Transformación, acá las estamos sacando. Eliminar una herramienta provincial de financiamiento productivo, va en sentido contrario a lo que recomiendan los organismos de desarrollo. Porque el peligro concreto es que si dejamos el financiamiento productivo  solo en manos de entidades financieras tradicionales, el crédito se concentra”.

Por su parte, la diputada Sol Salinas (Unión PRO), se expresó sobre la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos. Al respecto señaló que “hace más de dos años que esta Legislatura en conjunto con el Instituto de Juegos y Casinos, venimos trabajando en una reorganización normativa que tiene que ver con una urgencia que se viene planteando a nivel nacional, sobre la prevención de la ludopatía”.

“No solamente tiene que ver con una prioridad de financiar  los programas de salud mental, sino que el Instituto de Juegos y Casinos cambie el perfil de no solamente ser un ente recaudatorio, como planteaban algunos, para pasar a ser un ente de prevención también de salud mental”, argumentó.

Finalmente, el diputado German Gómez (PJ), adelantó su voto negativo alegando que con la disolución del Fondo Para la Transformación y Crecimiento  “estamos liquidando una entidad que permaneció durante 30 años en la economía provincial y que ayudó a un montón de productores primarios, muchísimas empresas que hoy están en la provincia de Mendoza, se desarrollaron a raíz de esa herramienta tan importante que se generó en el año 1994”.

Mendoza busca sumarse al RIMI y agrega ventajas para potenciar la producción

Además de la adhesión, la propuesta suma beneficios propios como estabilidad impositiva, financiamiento, capacitación y prioridad en parques industriales para impulsar la radicación y el crecimiento de empresas, con el objetivo es atraer nuevas inversiones, generar empleo y fortalecer la producción local.

El RIMI es un régimen nacional orientado a promover inversiones productivas en el país mediante incentivos fiscales para las inversiones que se realicen en los próximos dos años. Está dirigido a empresas que califiquen como MiPyMEs (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y contempla herramientas como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA.

En este contexto, el proyecto elevado por el Ejecutivo provincial propone la adhesión de Mendoza al régimen nacional e incorpora beneficios complementarios a nivel local para maximizar el impacto de las inversiones en el territorio.

En este marco, dichos beneficios adicionales tendrán una vigencia de 10 años e incluyen:

-Estabilidad impositiva: las empresas que adhieran al régimen no verán incrementada su carga tributaria provincial durante la vigencia del beneficio.

-Acceso preferente al financiamiento: prioridad en programas provinciales de subsidio de tasas y otras herramientas de financiamiento.

-Capacitación y asistencia técnica: prioridad en programas de formación, asistencia técnica y transferencia tecnológica.

-Fomento del empleo: acceso prioritario a programas provinciales orientados a la generación de empleo.

-Infraestructura productiva: acceso preferente para la localización y utilización de espacios en parques industriales y otros ámbitos destinados a la radicación de industrias bajo la órbita del gobierno provincial.

Reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos

El proyecto busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones y avanzar en una reorganización integral en el plazo de un año. También incluye medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.

La iniciativa establece que el organismo dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.

Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120 % de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.

También contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio Instituto, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”. En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos.

Otra alternativa prevista es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, “se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal», garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.

Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.

A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer “los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto”.

Asimismo, se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal, y se establece que será el propio Instituto quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.

Liquidación de los ex bancos provinciales y baja de activos incobrables

En otro orden, se apunta a eliminar activos sin posibilidad de recupero, destrabar situaciones legales de larga data y avanzar en el cierre definitivo de un proceso histórico. El objetivo es fortalecer la transparencia y eficiencia de la administración pública.

Así, el proyecto pretende avanzar en el cierre definitivo de los activos remanentes de los ex bancos oficiales, en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década del 90.

Busca resolver una problemática histórica vinculada a la liquidación de estas entidades y avanzar en el ordenamiento de activos que permanecen pendientes desde hace casi 30 años.

Propone dar de baja créditos que por distintas razones pueden ser desincorporados de la base de datos, tras el análisis técnico y jurídico realizado. Se trata de créditos que han sido considerados incobrables, por prescripción, conclusión de quiebras, insolvencia de los deudores o la imposibilidad de avanzar en su cobro por resultar antieconómico, entre otras situaciones.

En este sentido, se prevé eliminar del Sistema de Información Contable provincial (Sidico) tanto las deudas sin juicio, como aquellas con procesos judiciales ya caducos o prescriptos, así como los casos de deudores en estado de quiebra en cuyos procesos se haya dictado la conclusión sin posibilidad de continuar la percepción de créditos. La medida se basa en relevamientos realizados por organismos técnicos y auditorías especializadas.

Además, se faculta al Poder Ejecutivo a continuar con la depuración de otros activos en condiciones similares, bajo criterios como la falta de documentación, el alto costo de los procesos judiciales o la inviabilidad de su recuperación.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de cancelar garantías reales asociadas a estos créditos, como es el caso de las hipotecas. Esto permitirá destrabar situaciones que llevan años sin resolución y facilitar la normalización de bienes, para que puedan volver a integrarse al circuito económico.

La iniciativa también propone adecuar el marco normativo vigente, eliminando disposiciones que dificultan este proceso y simplificando procedimientos administrativos para hacerlo más ágil.

En paralelo, con esta norma se busca reducir riesgos de litigiosidad y fortalecer la seguridad jurídica, al cerrar procesos pendientes y evitar nuevos conflictos derivados de la permanencia de estos créditos en los registros oficiales.

Reconfiguración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y ampliación de herramientas de financiamiento para las pymes

Finalmente, el proyecto impulsa una refuncionalización integral del Fondo para adecuarlo al nuevo escenario económico. Contempla dejar atrás el esquema de créditos directos, fortalecer el acceso al financiamiento privado y ordenar el proceso administrativo, patrimonial y laboral del organismo.

El Fondo, fue creado por la Ley 6071 en 1993, con el objetivo de adaptar esta herramienta a las necesidades actuales del sector productivo y ampliar el alcance de las políticas de financiamiento.

Con el paso de los años y como consecuencia de distintos procesos macroeconómicos, las políticas de financiamiento implementadas y el agotamiento de los recursos extraordinarios que dieron origen al fondo, la disponibilidad patrimonial se redujo de manera significativa. Actualmente, su funcionamiento depende principalmente de aportes del Presupuesto provincial.

En este nuevo escenario, el Gobierno provincial considera necesario redefinir el rol del Estado, orientándolo a corregir fallas puntuales del mercado, acompañar contingencias económicas y facilitar el acceso del sector productivo al sistema financiero privado.

Por eso, el proyecto propone su refuncionalización y establece una nueva estrategia enfocada en herramientas más eficientes y de mayor alcance.

Entre las nuevas funciones que se priorizarán se encuentran:

Subsidio de tasas de interés para créditos otorgados por entidades financieras privadas.

Fortalecimiento de las capacidades de las pymes mendocinas para mejorar su acceso al sistema financiero tradicional.

Intervención ante situaciones coyunturales o emergencias económicas que requieran asistencia específica.

Además, regula el proceso vinculado al personal de la Administradora y establece distintas alternativas para garantizar una transición ordenada, y establece que el liquidador designado podrá transferir bienes, créditos y obligaciones del organismo a otras entidades estatales.

Por último, el proyecto prevé avanzar en el cierre definitivo de antiguas carteras crediticias con bajos niveles de recupero, permitiendo declarar incobrables aquellos créditos donde ya se agotaron todas las instancias de cobro.