Despacho favorable a la actualización de la Ley de Economía Social

La comisión de Desarrollo Social, que preside Sandra Astudillo (UCR), dio despacho favorable al proyecto por el cual se busca actualizar la Ley 8435, a diez años de su sanción. La iniciativa fue presentada por Astudillo, pero trabajada por la Dirección de Economía social y Asociatividad de la provincia junto a distintos sectores de la economía social y solidaria.

Dicha Ley, de promoción de la Economía Social y Solidaria, fue pionera en su momento al fomentar el apoyo del Estado a proyectos productivos mediante capacitación y ayuda económica, pero “han transcurrido diez años y dado que las condiciones sociales, económicas y culturales han variado considerablemente, es menester proceder a la actualización de la misma”, señala un fragmento del texto.

El proyecto fue trabajado desde el Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Economía social y Asociatividad junto a los sectores que integran la economía social, solidaria y popular, y entregado a la diputada Astudillo para que siguiera el curso legislativo.

Entre las organizaciones que adhieren a la propuesta, se encuentran las integrantes del Foro de Economía Social, como ACERM; Cooperativa La Terre; UST, Campesina y Territorial (Unión de Trabajadores Sin Tierra); la Red de Apoyo para la Inclusión; la Cooperativa de Jóvenes Recuperadores Pascuala Coral; la Cámara de Emprendedores de la Economía Social de Mendoza; La Colectiva Mendoza, así como la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular y el Colectivo de Medios Comunitarios  de Cuyo, entre otras.

En la fundamentación del proyecto, se señala entre otros puntos, que “es necesaria la  incorporación del concepto de Economía Popular y de sus actores y sus prácticas, a las políticas públicas desarrolladas por el Poder Ejecutivo y al texto de la Ley Nº 8.435, siendo que la Economía Popular es complementaria a los valores, acciones y desarrollo de la Economía Social y Solidaria, y el cual ha registrado un incremento considerable en la cantidad de actores que representa”.

“En la actualidad – agrega -, no se encuentran incluidas en ningún marco normativo provincial, encontrándose sí registradas en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) implementado por Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”. En la Provincia de Mendoza “se encuentran registrados un total de 70.000 personas”, de las que el 57% son  mujeres.

En la misma línea, sostiene que se encuentra vigente el Registro de Unidades de la Economía Social y Solidaria (RUESyS) implementado por la Dirección de Economía Social y Asociatividad, “contando 6.040 unidades registradas, abarcando un total promedio de 26.000 personas en el registro de economía social, donde el 69% está representado por mujeres”. Esto, añade, “representa un total aproximado de 65.000 personas que realizan la producción, comercialización y distribución de productos y servicios de la Economía Social, Solidaria y Popular en la Provincia de Mendoza, haciendo necesaria la actualización del monto establecido por la Ley 8.435 para el abordaje integral de la totalidad de los sujetos involucrados”.

Uno de los objetivos del proyecto es determinar un régimen provincial para las políticas públicas de promoción y desarrollo de esta economía, que es considerada como el “conjunto de prácticas de producción, comercialización, distribución, financiamiento y consumo digno y responsable que operan según principios de solidaridad, cooperación y autoridad legítima; cuyo sentido no es el lucro sin límites, sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, trabajadoras, sus familias, comunidades y del ambiente; para lograr una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria”.

Celiaquía

Por otra parte, desde la comisión se acordó que el próximo lunes se abocarán al tratamiento de un proyecto referido al programa de celiaquía, para lo cual invitarán a funcionarios del área.

La idea es profundizar sobre el funcionamiento del Programa provincial, las mejoras que puedan realizarse y analizar los aportes de un proyecto del diputado Duilio Pezzutti (FdT-PJ) que propone beneficios a personas con esta patología.


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