La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que propone modificar el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario para simplificar “la tramitación judicial actual en el pedido” y otorgar “el beneficio de litigar sin gastos”.

El Artículo 96° del CPCCT, ya establece este beneficio. Lo que se busca es no sólo innovar utilizando una base de datos confiable, oficial, sino que además permite achicar tiempos “de tres meses a un minuto” y liberar recurso humano.

En los fundamentos del proyecto se explica que hoy, la tramitación de este beneficio significa entre el 18 y el 24 % de las causas que ingresan al Poder Judicial según el fuero y tipo de proceso, y “si bien fue simplificado el procedimiento en la última reforma procesal, sigue implicando una carga para el litigante y el tribunal”.

Cuando un ciudadano inicia una demanda, debe pagar - según el proceso -, tasa de justicia y los aportes de Ley, esto es,  Caja Forense y derecho fijo del Colegio de Abogados. No obstante, “ante la insuficiencia de recursos económicos de la parte litigante para afrontar tales gastos, por el tipo y la cuantía del proceso entre otras consideraciones, se puede solicitar al juzgado tramitar el proceso principal sin pagar inicialmente estos gastos de justicia”.

Para ello, debe acreditar ciertos requisitos basados en informes oficiales para que el juez dictamine  si se lo concede o no. Entre ellos, de los registros de la propiedad automotor, inmobiliario, situación fiscal o de empleo. La evaluación puede demorar entre dos y tres meses, “ya que su tramitación implica el dictado de decretos y resoluciones (en promedio 6 por incidente)”, y alrededor de 9900 “horas hombre”.

Esta situación “motivó la necesidad de repensar esta práctica y avanzar en ideas que, puestas en hechos, conjuguen la problemática y nos permitan un mejor y más rápido resultado, que con un mínimo esfuerzo de los operadores, utilizando herramientas digitales”, puedan llegar al resultado deseado, es decir, “cumplir con la normativa fiscal, garantizar el acceso a justicia y lograr mejorar la asignación de los recursos humanos y financieros del Poder Judicial”, acota el texto.

De esta manera, se avanzó en la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se logró el acceso a las bases de datos oficiales del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SiNTyS), que nuclea acceso a los registros del ANSeS, ARCA, Registro Nacional del Automotor, Registro de Bienes Suntuosos y Registros de la Propiedad Raíz de la mayoría de las provincias argentinas.

Con el acceso a esa base de datos, “se diseñó un programa desde la Dirección de Informática de este Poder Judicial, que permite al tribunal, a través de un usuario autorizado, realizar la consulta por nombre o DNl o CUIL de las partes litigantes, obteniendo en menos de 1 minuto la respuesta automatizada de conceder o no el BLSG – Beneficio de Litigar sin Gastos-..

Este sistema de consulta utiliza algoritmos parametrizados “conforme las reglas objetivas que anualmente establezca la Sala Administrativa de esta Suprema Corte”, que serán “explicables, trazables y auditables”.

En caso de que el algoritmo arroje como resultado que no es posible otorgar dicho beneficio conforme los parámetros configurados, el litigante podrá solicitar al Tribunal que evalúe su otorgamiento mediante el mecanismo procesal actualmente vigente (art.96 del CPCCYT) (procedimiento por incidente).

Se trata de incorporar una nueva herramienta que redundará “en una mejora sensible en los tiempos de resolución de las causas y una mejor asignación de los recursos”.

Debate

José Manuel Vilches (UCR), expresó que este proyecto viene a “hacerle la vida más fácil la vida a los ciudadanos”, ya que  “este sistema busca simplificar la tramitación judicial, para litigar sin gastos”. Explicó el legislador que  el litigar sin gastos es un instituto del Derecho moderno que lo que ofrece es garantizar a las personas que económicamente no pueden afrontar los gastos, la posibilidad de iniciar una demanda.

Asimismo, indicó que los beneficios de litigar sin gastos, hasta el año 2017 tenían una mora de más de un año en los diferentes tribunales; “actualmente se trasmitan en un plazo de tres meses, mientras que este proyecto consta de un solo artículo que incluye la posibilidad de utilizar un sistema informático que fue realizado por los técnicos del Poder Judicial, una aplicación, que tienen por objeto acelerar los plazos y reducir los costos a través de un sistema automatizado, en unos pocos minutos”.

“Con este sistema se reducirán esos tres meses a muy pocos minutos en la averiguación de si el beneficio corresponde a las personas que lo está solicitando, o si no le corresponde”, sostuvo, a lo que agregó que  implicará además una reorganización del recurso humano que podrán “dedicarle ese tiempo que se ahorra en favor de la resolución de otros trámites que son en beneficio de la comunidad”.

Germán Gómez (PJ) adelantó el apoyo de su bloque considerando que “es altamente positivo”, ya que permitirá “una descompresión de los tribunales”. También afirmó que “en muchos casos los aportes que tiene que pagar una persona a la hora de iniciar un proceso de demanda, muchas veces son muy altos, lo que implica que  no se puede avanzar en un proceso”. Explicó que en el caso de daños y perjuicios, “hoy los costos son importantes”.

De igual manera sostuvo que “en estos casos, de litigar sin gastos, se da una acumulación enorme en tribunales. Es descomprimir los juzgados, para que todo el personal, se aboque a la resolución y a la investigación del juicio principal”.

Jorge Difonso (LUM) opinó que “consiste en un avance importante”. Destacó que el proyecto permitirá “desburocratizar la Justicia”. “Existe la queja de que la Justicia es lenta y es costosa, con este proyecto vamos a ganar en celeridad”.

Igualmente consideró que “es un trámite que requiere averiguaciones catastrales, del registro inmueble, del registro automotor, o certificados de empleo, y creo que le va a permitir a cualquier ciudadano, persona física o instituciones sin fines de lucro, ser parte de un reclamo pos sus derechos”.

Alberto López (UCR), también apoyó el proyecto. Señaló que el Estado provincial tienen entre sus objetivos, la educación, la seguridad y la justicia, y “justamente se viene a reforzar el servicio de la justicia”, ya que  “trae la automaticidad, lo que evita el desgaste procesal. Es muy innovador, confiable y eficiente, porque va a producir un ahorro importante de las horas de trabajo, porque antes el proceso era controversial, y ahora será automático y no controversial”.

Afirmó que el proceso cuando se hacía en papel demoraba un año y medio, a partir de que se hizo digital eran tres meses, y con este sistema será una semana para resolver, es decir “es un gran avance”.

Por su parte, José Luis Ramón (CxC), expresó su apoyo al proyecto, destacando que “es  positivo y en favor de los derechos de las personas”.