La iniciativa busca ampliar la disponibilidad de audiencias, equilibrar las cargas entre jueces, potenciar la actuación de ayudantes fiscales y codefensores y ordenar la agenda de audiencias en el fuero penal.
La Cámara de Diputados, por mayoría de votos dio media sanción al proyecto de Ley para la reforma del Código Procesal Penal, que busca acelerar la resolución de causas y garantizar que los procesos penales se desarrollen en tiempo oportuno.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, se apoya en tres ejes principales. El primero es garantizar una franja horaria más amplia para audiencias penales, extendiéndola al horario vespertino para dar respuesta inmediata a los casos y evitar demoras que frenen el avance de los procesos. El segundo apunta a ampliar la participación de operadores judiciales, potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, lo que permitirá que más profesionales intervengan en las etapas clave de los juicios y se multiplique la capacidad operativa del sistema. El tercero propone reorganizar la Oficina de Audiencias para optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones por frustraciones evitables y postergaciones, y asegurar un flujo ordenado y ágil de los procesos judiciales.
En la fundamentación se señala que desde hace 9 años se vienen realizando reformas al fuero penal de la provincia, “convencidos de que un mejor y más eficaz sistema de justicia, no solo implica una mejora en la calidad de protección de derechos, sino que impacta también directamente en la seguridad de todos los mendocinos”, a lo que agrega que si bien los resultados han sido alentadores, “resulta necesario hacer ajustes, a fin de mejorar aquellas cuestiones que el tiempo ha demostrado la necesidad de cambio, o aquellos que por problemas de gestión en su implementación han quedado desajustados a las necesidades del servicio”.
Audiencias vespertinas
Entre los aspectos que observa, es que “la previsión legislativa, que imaginaba un sistema de trabajo en turno matutino y vespertino no se ha cumplido”, lo que se evidencia en “una escasa fijación de audiencias en el turno vespertino”. Por tal motivo, uno de los puntos abordados en esta normativa, es incorporar como referencia obligatoria en las actas procesales la hora en que se realizan los actos - realización de audiencias y la publicidad de todos los actos procesales realizados por el Juez -.
Es que la Ley 9040 en su Artículo 16, ya prevé que el horario de fijación de audiencias podrá ser entre las 8 y las 19 horas. Sin embargo, en los años 2023/2024 de las 45.482 audiencias realizadas, el 86% se llevaron a cabo entre las 8 y las 13, el 1% a las 7.30, y un 2% en el horario de las 17 horas, “siendo un 0% de audiencias a partir de las 18 horas. Esta situación produce una capacidad edilicia ociosa en horas de la tarde en el sector de audiencias, que pueden aprovecharse a partir del turno vespertino que posee el Ministerio Público Fiscal”.
Equilibrio en la distribución del trabajo
Por otra parte, explica el texto legislativo, se observa también “un marcado aumento de las causas que tramitan los Juzgados Penales Colegiados en comparación con las tramitadas en la instancia superior, es decir en los Tribunales Penales Colegiados. Es necesario lograr un mayor equilibrio en la distribución del trabajo, con el propósito de coadyuvar en la pronta resolución de las causas, y agilización de los procesos”.
En el año 2023, ingresaron a los Tribunales Penales Colegiados de la provincia 1871 causas, ingresando a los Juzgados Penales Colegiados de la provincia, en igual período, 19.923. Actualmente en la provincia cumplen funciones 33 Jueces de Tribunales Penales Colegiados y 36 Jueces de Juzgado Penal Colegiado. “Es notoria la desproporción de trabajo existente entre ambas unidades de trabajo. Es evidente que se necesita implementar modificaciones a fin de equilibrar su competencia y su tarea. La ampliación de la competencia de los Tribunales Penales Colegiados en materia correccional buscará mejorar el acceso a la justicia”.
En esa línea explica que con la modificación propuesta, “los debates correccionales (que suman 4000 en un año) los deberán realizar los Jueces de los Tribunales Penales Colegiados, los cuales actualmente realizan tan solo 1871 audiencias en un año. Debemos resaltar que en el año 2024 se realizaron 4000 debates correccionales a cargo de los Jueces Penales Colegiados. De esta manera se reduce el trabajo de los Jueces Penales Colegiados y se aumenta el trabajo de los Tribunales Penales Colegiados tan solo en la realización de debates de delitos de esa categoría”.
Hecha la audiencia de acusación el debate oral de este tipo de causas deberá ser realizado y resuelto por el Tribunal Penal Colegiado, en sala unipersonal que resulte de un sorteo, agregando la norma proyectada, que ese tipo de debates “solo sea fijada en el turno vespertino”.
Además, para mejorar el sistema de agendamiento de audiencias, se dispone que todos aquellos magistrados o funcionarios que participan de las mismas, “sean puestos en el listado de potenciales usuarios o responsables de su realización, incluidos los ayudantes fiscales o codefensores, lo que va a ampliar la cantidad de operadores que habrán de participar de estos actos procesales y con ello un mejor y más rápido agendamiento”.
Transparencia
Se propone también, dotar de mayor transparencia el funcionamiento del fuero, “mediante la publicación obligatoria en lista diaria (como ocurre en todos los fueros de la provincia) de todo decreto, resolución o sentencia que se dicte, cualquiera sea la instancia, con los recaudos propios de la materia penal.
OGAP
Otra de las reformas propuestas es dar la posibilidad a los integrantes de los Tribunales Colegiados, que así como el Ministerio Publico Fiscal, puedan decidir tramitar en Colegio las causas complejas.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 8008, los fiscales jefes tienen múltiples tareas. A partir de esta modificación a la legislación vigente, “deberán asegurar que cada vez que se requiera una audiencia deberán ante la OGAP explicitar a qué Fiscal Jefe, Fiscal Instructor o Ayudante Fiscal deberá ser asignada dicha audiencia. Esto evitará que se acumulen audiencias sin resolución en la OGAP”.
Entre los propósitos de esta iniciativa se encuentra la de reorganizar las funciones de la OGAP en sus distintos aspectos, actualizando entre otras cuestiones el control informático de los datos que se registran en el sistema mediante los órganos de inspección. “Es necesario determinar en forma clara las funciones de la OGAP, la organización de sus funcionarios, letrados y no letrados, incumbencias administrativas, procesales y medidas de soporte jurisdiccional, y las funciones de contralor de la Suprema Corte de Justicia a través de sus distintos organismos, tales como Inspección Judicial”.
En definitiva, tal como señaló la ministra de Seguridad Mercedes Rus, al momento de la presentación de este proyecto, “esto es optimizar recursos dentro del sistema judicial para justamente no elevar el costo ni el gasto público. Es decir, creemos que multiplicando los decisores y haciendo una reorganización también de todo lo que tiene que ver con las audiencias, podemos gestionar un sistema de seguridad más efectivo, más rápido”.
Debate
Enrique Tomás (PRO Libertad), destacó que este proyecto aporta elementos para mejorar el servicio y darle agilidad a los procesos judiciales. “Se trata de eficientizar el funcionamiento de la justicia penal, no genera un gasto extra de los que la justicia dispone, sino que busca que sea más eficiente el servicio, logrando equilibrar los horarios de audiencias”.
Explicó que se establecía en la Ley N° 9040 el horario de audiencia penales de las 8 a las 19 horas, pero en la realidad, hoy la mayoría se producen de 8 a 13, siendo casi nulas las audiencias en los horarios vespertinos. “Esto demuestra una infraestructura ociosa”, indicó.
Asimismo afirmó que “por ello el proyecto propone equilibrar la cantidad de audiencias que se producen en la mañana y en la tarde, a través de darle mayor funcionalidad a los tribunales penales colegiados”, haciendo más equitativo “el trabajo entre los diferentes ámbitos de la justicia penal”.
Jorge Difonso (LUM), por su parte, adelantó el voto negativo de su bloque, ya que consideró que el proyecto presenta “una óptica de servicios de justicia con mejoras para una región, en desmedro de otras”. El legislador apuntó a que resultaría en “un retroceso en el servicio de justicia”.
Al respecto, hizo mención a expresiones de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción objetando ciertos puntos del proyecto, como por ejemplo, que las personas de Valle de Uco deberán trasladarse al Gran Mendoza, para darle tratamiento a debates correccionales.
Emanuel Fugazzotto (PV), en el mismo sentido afirmó que “el problema no está en cuántas audiencias fijarán los jueces, a la cantidad, sino cómo vamos a hacer para que los Jueces, que ganan más que el gobernador, trabajen y le dediquen el tiempo que tienen que dedicarle a la tarea que tienen por delante”.
Por otro lado, señaló que “en este proyecto hay cuestiones en el que el sistema acusatorio adversarial quedará en jaque” y que “hay zonas en las que los ciudadanos no cuentan con una fiscalía donde puedan denunciar sus causas”.
Germán Gómez (PJ), también adelantó el voto negativo de su bloque expresando que en el marco de la Comisión Bicameral de Seguridad, se presentó un informe de lo que estaba sucediendo en la órbita del Ministerio Público Fiscal, donde consta la cantidad de audiencias realizadas por cada Fiscal. Según el legislador, “hay un promedio de una audiencia por día, por cada Fiscal”, y hay “un porcentaje de audiencias que fracasan porque no se hacen, en un 50 por ciento”.
Igualmente remarcó que “debemos darle más celeridad a la justicia”, “no podemos tener a las personas que están privadas de la libertad sin que esos procesos avancen para saber si tienen o no responsabilidad”, y agregó que “hay muchas cosas que corregir, me genera muchas duda de que sea una herramienta adecuada para tratar esa problemática”.
José Luis Ramón (CxC), apoyó el proyecto, afirmando que “hay personas privadas de la libertad que no pueden tener sus audiencias, lo que retrasa sus procesos judiciales”, y agregó que con este proyecto “los jueces del tribunal penal colegiado se van a tener que poner a laburar”. Hay “un aumento de la población carcelaria, personas que por no acceder a su audiencia siguen en la cárcel esperando sin sentencia”, acotó, por lo que adelantó su voto positivo.
Finalmente, Franco Ambrosini (UCR) señaló que el proyecto tuvo un tiempo prudencial en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para su tratamiento. “Hay que respetar las instancias de dialogo y trabajo en las comisiones, donde este proyecto está debatiéndose desde el mes pasado”. Por otra parte, indicó que “da mayores atribuciones a los ayudantes fiscales, se dijo aquí que se le quita atribuciones, pero no es así, es todo lo contrario”, y ponderó que “se da prioridad a la oralidad”.