La Cámara de Diputados convirtió en Ley, el proyecto del Poder Ejecutivo venido en revisión del Senado, por el cual se crea un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la provincia, en coordinación con los municipios. Asimismo, se acumularon a este, dos proyectos de la diputada justicialista Verónica Valverde, vinculados a la temática.

La iniciativa, que fue aprobada por 27 votos afirmativos contra 15 negativos, define a los RSU como los residuos domiciliarios, comerciales, institucionales, industriales asimilables a domiciliarios, de poda, de construcción, demolición y eventos, excluyendo peligrosos, patogénicos o radioactivos.

Principios rectores

Como principios rectores se encuentra la precaución, prevención, la economía circular, reducción y reutilización, responsabilidad extendida del productor, inclusión de recuperadores urbanos, participación ciudadana, fiscalización y educación ambiental.

Todo ello, con la finalidad de mejorar la salud y el ambiente mediante una gestión adecuada; eliminar progresivamente los basurales a cielo abierto; promover la economía circular, trazabilidad y aprovechamiento económico de los residuos; estimular la separación en origen y la recolección diferenciada; propender a la inclusión social y el registro de los recuperadores urbanos; impulsar educación y concientización ciudadana.

Además, busca promover la asociatividad entre Municipios, a través de los Consorcios  interjurisdiccionales para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, y generar herramientas que permitan obtener datos confiables y representativos para la toma de decisiones y gestión a nivel Municipal, Regional y Provincial.

Autoridad de aplicación

La autoridad de aplicación será el  Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia, que tendrá a su cargo elaborar el Plan Provincial de Residuos; coordinar y asesorar a municipios en planes municipales o interjurisdiccionales; fiscalizar el cumplimiento y los impactos ambientales; gestionar financiamiento y administrar recursos; crear un sistema público de información y trazabilidad.

Gestión por zonas

Se establece además la gestión por zonas (Metropolitana, Este, Centro y Sur), consorcio interjurisdiccional, agentes de gestión y centros tecnificados de economía circular, esto es, que los Municipios de la Provincia podrán conformar consorcios para asociarse entre sí, pudiendo acordar con el gobierno provincial su incorporación, para la promoción y concreción de emprendimientos de interés común que tengan como fin el fomento territorial y progreso regional, en materia de RSU, siempre velando por el cumplimiento de la presente Ley.

Debate

Érica Pulido (UCR) señaló el proyecto viene  a llenar un vacío legal, y reemplazar un marco normativo obsoleto, que no responde a las necesidades actuales de la provincia.

Subrayó que “el  45 % de los residuos de la Argentina se siguen disponiendo en basurales a cielo abierto, y Mendoza no es la excepción”, generando focos de contaminación en el suelo, aire y agua, así como vectores y enfermedades.

La acumulación de residuos a cielo abierto sin tratamiento  genera emisiones de gas metano, dijo, “un metal más toxico que el dióxido de carbono. Esta Ley viene a impulsar la reducción en origen, la separación domiciliaria, el reciclaje y compostaje, medidas alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible”.

Asimismo indicó que existen recuperadores urbanos en la provincia, los cuales son en este proyecto “visualizados, formalizados y se los fortalece como actores del sistema, promoviendo y mejorando sus situación laboral y social” y, por otro lado, expresó que “una gestión eficiente de los residuos genera un ahorro importante”, ya que “permitirá menos gastos, y el reciclaje y la economía circular significan una fuente de ingresos y empleo”.

Valentina Morán (PJ), quien adelantó el voto negativo del bloque, destacó que es “es un proyecto que demoró veinte años en llegar a este recinto, un tema muy importante que es materia de Salud Pública y que impacta en la vida de cada mendocino y mendocina”, sin embargo, este proyecto “concentra la gestión en manos privadas limitando a los municipios y relega a los que trabajan de esto. Este texto está trabajado por consultoras”.

En el mismo sentido se expresó Gustavo Perret (PJ), quien señaló que la iniciativa “merecía un debate con más tiempo, más participativo y transparente, muchas voces quedaron afuera de las comisiones”.

Para Emanuel Fugazzotto (PV) este proyecto es una “hermosa declaración de principios, que no llegará a ningún lugar positivo”, dado que “favorece a las empresas de recolección de residuos”, opinando al respecto que el sistema tiene que tener “inclusión, porque quienes comenzaron con el tema de la recuperación de residuos, hoy en día están quedando relegados en el proyecto con una mención de  actores sociales”.

Por otro lado expresó que deben quedar estipulados presupuestos mínimos garantizados para estos fines. “En materia ambiental lo presupuestario no se puede dejar a reglamentación, porque cuando cambian los gobiernos, cambian los criterios y pueden ser afectados”, sintetizó.

En la misma línea se expresó Jimena Cogo (PRO), quien había impulsado un despacho alternativo que no prosperó, subrayó que esta Ley tiene buenas intenciones, “la Ley actual necesita ser modificada, pero este proyecto sigue siendo impreciso y puede generar en un futuro malos manejos”.

Asimismo, hizo mención a modificaciones propuestas por su bloque sobre los principios rectores, sobre la regionalización de la gestión de los residuos, sobre la distribución de los recursos, y los aspectos sociales. “Debe incluir a todas esas personas que estas desarrollándose en torno a este sistema de gestión de residuos, la ley debe dejar claro su rol, si no lo visibilizamos a través de la norma, nos arriesgamos a que el día de mañana no se tengan en cuenta”.

Miguel Ángel Ronco (UCR), afirmó que es necesario incursionar en nuevos métodos para poder reducir la basura, “que no quede solamente la tarea en la mano de obra de aquellos recuperadores que han trabajado siempre en la pobreza, se ha trabajado en conjunto con los municipios y en equipo con los recuperadores”.

Por último, Gabriel Vilche (Unión PRO), titular de la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos, afirmó que “no hubo tratamiento exprés”. Señaló que son válidas y respetables las diferencias vertidas por los legisladores, “pero ha sido tratado en esta Legislatura desde hace dos meses, ingresó en el Senado y recibió allí muchos aportes”, incluso en reuniones plenarias de la que participaron las comisiones de Ambiente de ambas Cámaras, hasta que finalmente “fue aprobada la media sanción con amplio consenso”.

“Es un proyecto viene siendo trabajado desde hace más de un año, y  han sido consultado a expertos y también a los distintos municipios”, sostuvo, a lo que sumó que esta Ley “pone foco en el cuidado del ambiente y viene a derogar la vetusta y fracasada  Ley 5970, con 33 años de antigüedad”.