La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Mendoza, presidida por Daniel Llaver (UCR), continuó abordando la situación de los geriátricos en la provincia, recibiendo al director de Adultos Mayores, Lucas Luppo, para abordar un proyecto integral sobre la regulación de estas residencias. El encuentro, que puso de manifiesto inquietudes latentes desde hace una década con la presentación de múltiples proyectos al respecto, busca sentar las bases para una nueva y más efectiva normativa.
El expediente 55259, junto a otras nueve iniciativas acumuladas de distintos bloques, es el eje del análisis. Regular el funcionamiento de los geriátricos es necesario, según expuso Lucas Luppo, quien destacó que "si el adulto mayor llega a una dependencia, es porque excede lo que la familia puede hacer en la casa. Es un punto de quiebre".
Luppo detalló el panorama actual señalando que hay 60 residencias que se han identificado, y otras 300 en proceso de trámite para su habilitación. “Sin embargo, la brecha entre la legalidad y la realidad es notoria”, sostuvo, expresando que una de las preocupaciones recae en las "micro estadías", “aquellas con apenas cinco o seis residentes. Estas se sostienen con los haberes de los adultos mayores, y el que administra reduce insumos".
Señaló que existe “una preocupante pérdida de valores cuando no hay familiares que se ocupen de los residentes” mencionando que “un 50% de las residencias cobra a través de obras sociales, lo que plantea el interrogante sobre la sostenibilidad de la atención” con los montos disponibles y los intereses privados en juego.
El Director de Adultos Mayores informó sobre una adecuación normativa realizada en 2024, que busca acompañar un proceso de transformación de lo "mínimo a lo máximo" en estas residencias, muchas de las cuales llevan más de 10 o 15 años funcionando. Departamentos como Godoy Cruz, Luján y Guaymallén han visto cómo viviendas fueron adaptadas para este fin, evidenciando las limitaciones edilicias existentes.
Un punto que emergió durante el encuentro fue la indefinición sobre la autoridad de aplicación en cuanto a habilitaciones. La diputada Stella Huczak (PRO), planteó el "gris" existente entre la habilitación municipal y el Ministerio de Salud. Se aclaró que si bien los municipios habilitan comercialmente y hasta cierto punto la infraestructura, es el Ministerio de Salud quien interviene en las áreas específicas que requieren mayor especialización.
Recordemos que la comisión decidió revisar toda la legislación vigente sobre geriátricos, considerando los cambios producidos tras la pandemia de COVID-19, para determinar si es necesaria una nueva normativa. Los ejes a analizar incluyen la definición clara de la autoridad de aplicación, las auditorías y habilitaciones, los parámetros para evaluar las instituciones y, fundamentalmente, la clasificación de las residencias para personas mayores.
Esta clasificación no solo se enfocará en la cantidad de asistentes por persona, sino también en las actividades que se realizan, si son individualizadas o no, y si se adaptan a la patología o estado de cada residente. Más allá de la infraestructura, los legisladores recalcaron su interés en el trato que reciben las personas mayores en estos centros.
Los integrantes de la comisión coincidieron en la visión de que "si hay algo que se pueda hacer para mejorar, incentivar a que se mejoren los hogares, lo tenemos que hacer".