Cecilia Saint-André explicó ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, las principales líneas de acción desarrolladas durante este año y lo previsto para el año entrante en base al proyecto de Presupuesto 2026, propuesto para el área.
La titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, detalló al respecto que el Presupuesto del área representa el 0,33% del total y de eso, “casi todo es personal”, que se afronta con Rentas Generales. “Solo un 4% queda para funcionamiento e inversión del Ministerio”.
Se financia con tasa de justicia, depósitos judiciales, honorarios, cursos de capacitación para personal externo al Ministerio y multas eventuales a proveedores por incumplimiento de contratos. Al respecto, explicó que la pauta presupuestaria del ejercicio fiscal 2026 prevé para personal, alrededor de 20 mil millones de pesos, en tanto que para inversión, unos 900 millones. Todo ello, en base también a las previsiones de recaudación que según estimaciones rondarían en más de 200 millones en cuanto a depósitos judiciales, unos 600 millones en materia de tasa de justicia, alrededor de 8 millones en concepto de honorarios, a los que se sumarían recursos por capacitaciones y multas.
En cuanto a las necesidades, hizo hincapié entre otros puntos, en la construcción edilicia para tener un lugar en el Polo Judicial, “para tener un modelo integral del servicio de justicia que se pretende tener”, dado que “no solo soluciona problemas sino que es la solución a una justicia cercana”, indicó.
Asimismo, “resulta impostergable una defensoría civil en General Alvear para ponerle fin a la doble competencia del defensor penal juvenil actual”, sostuvo, afirmando al respecto que la coexistencia en un mismo profesional de ambas funciones, implica sobrecarga. Además, “en San Rafael tenemos una sola asesoría y dos jueces de familia y los asesores intervienen en todas las causas de familia. Esto, teniendo en cuenta que siempre que se creaba un Juzgado de Familia se creaba en espejo, una asesoría”. La funcionaria, enumeró casos similares en San Carlos, Lavalle, Las Heras y Guaymallén. "Esto es equiparar la cantidad de asesorías con los Juzgados de Familia”.
Saint-André hizo un repaso de la gestión al frente de este organismo y expuso que el principal indicador de impacto de esa gestión “es la cantidad de personas que asesoramos. Atendemos a personas de todos los contextos socioeconómicos aunque la mayoría son personas en situación de vulnerabilidad. O no saben leer y escribir, o están privados de la libertad, o situación de calle”, por citar algunos ejemplos.
“Más de 130 mil personas fueron asesoradas en 2025”, dijo, y si se tiene en cuenta la distribución por fuero, “la mayor cantidad se da en familia, seguido por penal, algo similar a 2024”. Igualmente, indicó respecto a la cantidad de audiencias realizadas, que en los tres primeros trimestres participaron en 55835 audiencias en todos los fueros.
Algunos de los objetivos que se proponen es seguir“aunando esfuerzos en soluciones informáticas con el Ministerio Público Fiscal, para ahorrar tiempo y recursos. Se está trabajando además en el desarrollo de otros sistemas informáticos, que son el primer paso para la incorporación futura de la IA aplicada a los servicios de la defensa, pero para agilización y control de los procesos porque nunca podrá reemplazar al defensor”.
Los avances tecnológicos han permitido un “seguimiento y monitoreo permanente, obtener datos estadísticos en tiempo real del trabaja cotidiano”, algo en lo que se seguirá trabajando y por lo cual han celebrado acuerdos con la Suprema Corte “activando casillas de notificación electrónica, apuntando a la despapelización y la agilización”. De igual forma se avanzó en la cooperación interinstitucional celebrando convenios marco con universidades y facultades de Derecho para prácticas no rentadas de estudiantes; con la Defensoría de las Personas con Discapacidad para trabajar en protocolos específicos, y con el Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial, en materia de capacitación.