garrafas y conjuntamente a ello, el cumplimiento de la ley n° 8496 por la que se crea el Programa de Gas Natural para Todos.
Horacio Farmache, Coordinador del Programa Gas para Todos, sostuvo en la reunión que se trabaja de acuerdo a la demanda que se tiene de los vecinos y en conjunto con los municipios con los que se evalúan las posibilidades y factibilidad de las conexiones en la provincia, además de los trabajos que realizan los gasistas matriculados, las verificaciones por parte de Ecogas y la provisión de materiales que llevan a cabo empresas mendocinas.
Tanto Farmache como colaboradores de su área se explayaron en cómo se implementa el programa indicando que en cada uno de los municipios hay referentes que hacen un primer contacto con el vecino que solicita el crédito para la conexión y a partir de allí se evalúan las factibilidades. Luego, el trámite sigue un proceso extenso en el que intervienen gasistas matriculados (presupuestando el trabajo y los materiales), la aprobación por parte de un Comité Ejecutivo y finalmente los depósitos que realiza Mendoza Fiduciaria para la concreción del trabajo.
Seguido de ello, se comentaron cuales han sido los inconvenientes que se han presentado para la implementación del programa remarcando Farmache que se ha hecho un trabajo importantísimo entre las diferentes instituciones que intervienen para poder dar solución rápidamente. Las demoras de Ecogas en la inspección y aprobación de la obra, el endurecimiento de las medidas luego de sucesos de gravedad afrontados (como el del edificio en la ciudad Rosario) más los problemas en la titularidad de las casas en las que se hacen las obras (solo el 25% está escriturada), son algunos de los ejemplos.
“destinadas a labores culturales a los productores de la provincia que se encuentren en emergencia agropecuaria, conforme lo definido por la Ley n° 4.304, es decir, que hayan sufrido el 50% o más de daños en sus explotaciones”.
La norma es autoría de la diputada Silvia Ramos (FPV) y acompañaron con su firma los legisladores justicialistas Mariela Langa, José Muñoz, Cristian Gonzalez, Raúl Guerra y Gustavo Majstruk.
Dentro del articulado, explica la media sanción que “se tomará como unidad agropecuaria toda propiedad entre 0,1 y 100 hectáreas inscriptos en el RUT y siendo el límite a otorgar el correspondiente a 10 hectáreas por productor”. Sostiene además que el beneficio “deberá hacerse efectivo antes del mes de julio y en un solo pago”.
En sus fundamentos, se realiza un análisis escueto de la situación agrícola provincial y cómo ha sido afectada por las últimas contingencias climáticas por todos conocidas, entendiendo que es necesario otorgar el subsidio ya que el costo de poda por hectárea es aproximadamente de $3.000 y que se han considerado y entendido los reclamos de los entes representantes del sector.
calle Ucrania del paraje Colonia Rusa, en el Departamento de General Alvear.
Este proyecto se fundamenta en la solicitud realizada por los vecinos del Distrito de San Pedro del Atuel del departamento sureño y es importante destacar que la mencionada arteria une la zona urbana del distrito San Pedro del Atuel con el sitio denominado “Colonia Rusa”, paraje en el cual la Hermana Miguelina Owstrowsky desarrollo su obra religiosa.
Esta religiosa comienza su labor en la Colonia Rusa en el año 1978, trabajando ininterrumpidamente durante 25 años hasta que en el año 1997 fue trasladada a Posadas, Misiones, a la edad de 75 años.
Entre sus principales obras desarrolladas en la Colonia Rusa, se pueden destacar, la construcción de la Iglesia-Colegio ubicada sobre la calle Ucrania, la concreción de la primera sala de primeros auxilios, hoy Centro de Salud N° 137, el tendido de la primera red eléctrica, uniendo la Colonia Rusa con el distrito de Bowen y fue parte de la gestión, para unir la Colonia Rusa con Bowen por intermedio de la Ruta Provincial N° 213.
Fideicomiso Norsi y el Sindicato Personal de Apoyo Académico de la UNC ,en la venta de terrenos para la construcción de unidades habitacionales.
Legisladores y funcionarios del IPV habían mantenido reuniones anteriores a la actual en las que se comprometieron a trabajar en un plazo de seis meses, en la búsqueda de alternativas para paliar los problemas planteados por los perjudicatarios.
En este sentido Omar Parisi adelantó que “como las titularidades de los terrenos-que involucrarían a unas 800 familias- están difusas se avanzará en un proyecto de expropiación” que trabajarán conjuntamente, el organismo a su cargo con los legisladores.
“La semana que viene se trabajará en esto, la situación se dilata lo que no hay duda es que ha habido una estafa y que el Estado tiene que participar porque entendemos la vivienda como bien social y tenemos que participar con acceso a la tierra con una ley de expropiación “, aseguró.
Parisi también comunicó a los diputados que se avanzó en la conformación de uniones vecinales que tramitan las respectivas personerías jurídicas, con aquellos asociados que se pudieron relevar y quienes tendrán a su cargo la conformación de las listas definitivas.
Cámara de Diputados, el tratamiento de un proyecto de ley de reducción de la carga horaria de quienes cumplen esta función.
El planteo fue presentado primero ante los legisladores de la comisión de Hacienda – que preside José Muñoz (FPV) -, pero como el expediente que lleva la firma de los diputados Héctor Fresina y Martín Dalmau (FIT), se encuentra en LAC – cuyo presidente es Alejandro Viadana (FPV) -, llevaron luego su reclamo a esa comisión legislativa.
La iniciativa, prevé que la extensión de la jornada de trabajo de los empleados auxiliares administrativos de Oficinas Fiscales, de maestranza y servicios y asistentes técnicos de informática del Ministerio Público Fiscal Penal, no excederá en ningún caso las seis horas diarias ni las treinta horas semanales.
Esto equivale a una reducción horaria de dos horas por día, sin que implique “en ningún caso ninguna supresión ni reducción de ninguna clase de remuneraciones ni de demás derechos laborales ni sociales”.
Además, en el proyecto, se contempla una autorización para la incorporación a la planta permanente de personal del Estado con estabilidad del empleo, de todos los trabajadores adicionales necesarios de manera proporcional a la limitación del tiempo de trabajo propuesta, “y para garantizar los descansos del trabajador, como así también la creación de los cargos necesarios para darle cumplimiento” a esta ley, en caso de ser aprobada por ambas Cámaras.
Muñóz (FPV), el pase a planta de 6 trabajadores de la Dirección de Defensa del Consumidor que según aseguran, “hace seis meses que no cobran” porque no tienen la homologación legislativa del acuerdo paritario.
Fernando Orellana, representante del gremio, indicó que se trata de 6 trabajadores que primero ingresaron como pasantes, por convenio, y luego fueron pasados a contratos de locación. Sin embargo, “por problemas presupuestarios”, según indicó, “hace seis meses que no cobran” su sueldo.
Estos trabajadores “no son nuevos”, tienen entre 2 y 5 años de antigüedad, afirmó el dirigente sindical en respuesta a la consulta de Martín Kerchner (UCR), quien precisamente preguntó respecto al tiempo que llevan desempeñándose en la función.
Antidiscriminatorias, que reunió en el Congreso de la Nación, desde el 6 al 10 de mayo, a estudiantes que durante el 2013 cursaron tercer y cuarto año del nivel medio (o sus equivalentes en cada sistema educativo jurisdiccional).
La actividad fue declaración de interés de la Cámara de Diputados por iniciativa de los diputados Marina Femenía (FPV) y Lucas Ilardo (FPV).
La mesa académica estuvo conformada por la titular de la Dirección General de Escuela, María Inés Abrile de Vollmer, la delegada de INADI en Mendoza, Valeria Martínez y el subsecretario de Derechos Humanos en Mendoza, Juan Manuel González.
Los ejes sobre los que trabajaron los estudiantes fueron: racismo y xenofobia, acoso y ciberacoso, Educación Sexual Integral (ESI); vínculos violentos entre adolescentes; violencia de género; diversidad sexual; diversidad de género y derecho a la educación de las personas con discapacidad, desde una perspectiva de Derechos Humanos y no discriminación.
Femenía resaltó la participación de los jóvenes y la importancia de que la juventud “no sienta que es el futuro, sino que son el presente” y que por ello participen políticamente desde los distintos ámbitos de la sociedad.
analizar la situación actual de la producción en cada uno de los oasis provinciales.
Durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados a la producción, explayándose los funcionarios en las consultas que los diputados realizaron.
Apoyados en material gráfico actualizado a fines de mayo del corriente año y al referirse a la cantidad de hectáreas bajo riego en la provincia, Correa sostuvo que son 303.000 frente a las casi 318.000 que se encuentran con algún tipo de producción. La diferencia entre ellas puede originarse en que muchas han sido abandonadas, no cultivadas o no declaradas actualmente con sus producciones.
De acuerdo al relevo de datos que se presentó, indicó el funcionario que el peso relativo por oasis en el total provincial por cultivo (casi 318.000 hectáreas) las que pertenecen al oasis Centro representan un 18%, las del Este un 31%, las del Norte 28% y las del Sur 23%. De todas ellas también se desprende que los principales cultivos son los referidos a la vitivinicultura (alrededor del 50%), seguidos por la ciruela, el olivo, el durazno y en menor medida por el ajo, el tomate y el zapallo.
La comisión de Obras Públicas de Diputados recibió al jefe del Departamento de Obras por Contrato de la Dirección de Vialidad Provincial, Enrique Soler a quien se le realizaron consultas sobre el estado de las rutas provinciales y la forma en las que el organismo realiza controles a los camiones que circulan por las mismas.
Según Soler existe un obstáculo para los controles determinado por el presupuesto que maneja Vialidad, sumado a la capacidad que tienen los transportistas de avisarse cuándo han cesado para comenzar a circular con exceso de carga.
En este sentido, el presidente de la comisión, Cristián González (PJ- FPV) consultó sobre las posibilidades de realizar controles durante las 24 horas.
A esto el invitado respondió que las posibilidades económicas son las que limitarían los controles y las que impedirían hacerlos durante la jornada completa.
En base a esto el diputado Roberto Infante (UCR) opinó que debería analizarse cuál es el costo operativo de los controles de 24 horas y cuál es la pérdida monetaria al tener que arreglar los caminos afectados por la imposibilidad de controlar día y noche.
Al requerimiento de los legisladores a cerca de qué iniciativa puede elaborarse para garantizar los controles e impedir que los camiones sobrecargados deterioren las rutas provinciales, el funcionario opinó que debería haber “penas que inmovilicen a los vehículos infractores” y abogó también por la conciencia empresaria para que los vehículos de carga no destruyan los caminos.
con media sanción del Senado que crea el Registro Provincial de Cámaras de Video Vigilancia.
Dentro del marco del paquete de leyes de seguridad, la norma de autoría del senador Gustavo Cairo, busca que el registro cumpla la función de relevamiento, registro y geo-referenciación de las cámaras públicas y privadas, con el objeto de proteger la seguridad de las personas y sus bienes y facilitar la investigación y prueba de delitos o contravenciones.
Desde la CEMSEC se realizaron algunas sugerencias técnicas que serán elevadas a la comisión por escrito para que, en el próximo encuentro que se llevará a cabo el martes 17 de junio, quede definido un despacho.
Según manifestó Viadana el miércoles 18 de junio sería tratada la ley con modificaciones, en el recinto de sesiones de la cámara baja.
Entre los fundamentos, la norma remarca la necesidad de hacer estas acciones de refuncionalización orgánica a fin de “aprovechar de mejor manera los recursos humanos y materiales existentes en el Poder Judicial de Mendoza”.
Sostiene además que se aumenta el número de decisores en los juzgados de garantías, que son órganos jurisdiccionales cumpliendo una importante misión de dirección dentro del proceso penal, al resguardar las garantías de las partes -ante todo del imputado y la víctima- y su incremento permitirá mejorar la capacidad operativa del sistema, acortando los plazos de la investigación preparatoria.
Al tener una mayor estructura orgánica y de recursos humanos, podrá responder con más rapidez a ciertos actos procesales que la requieren, como el dictado de la prisión preventiva, la expedición de órdenes de allanamientos, intervenciones telefónicas, entre otras. Por lo que a tal fin, se prevé la fusión de la competencia ordinaria de la justicia de garantías y la correccional en un mismo órgano.
El presidente de Diputados, Jorge Tanús, junto a otros legisladores del oficialismo recibieron al intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, quien se mostró a favor de una iniciativa para alentar inversiones en parques industriales de su departamento y de toda la provincia.
“Esta iniciativa responde a los pedidos de Jorge Omar Giménez (intendente de San Martín) y a pedido mío junto a otros intendentes” manifestó Bermejo y agregó que la iniciativa le solicitaría al Gobierno provincial “una disminución de los impuestos del orden del 50 por ciento en relación al inmobiliario, al automotor y tasas judiciales” entre otros.
Por su parte, el titular de Diputados, Jorge Tanús, adelantó que lo que se buscará es equiparar los beneficios de parques industriales de distintos departamentos con los que perciben las inversiones de Malargüe para que “generen empleo en los departamentos y que la gente tenga una expectativa laboral interesante”.
e el 9 de junio mantendrá el gobernador Francisco Pérez con la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para dialogar sobre este tema.
“No hay posibilidades de coordinar una política nacional energética sin la participación de las provincias. Es un buen paso para nosotros esta reunión y tenemos que seguir empujan
do, logrando que se den las condiciones para continuar creciendo en esta materia”, dijo Zandomeni.
En el último encuentro de los gobernadores de las provincias petroleras que integran la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), se ratificó el apoyo al rumbo fijado por la presidente Cristina Fernández, respecto de la empresa YPF, en la búsqueda de alcanzar el autoabastecimiento hidrocarburífero y la apertura hacia nuevas exploraciones buscando nuevos horizontes productivos tanto con técnicas convencionales como no convencionales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, junto a los diputados Lucas Ilardo (FPV) y Martín Dalmau (FIT) recibieron a ex empleados de VALE que solicitaron a los legisladores la extensión de los subsidios que reciben desde que la empresa abandonó el proyecto de Potasio Río Colorado, en el departamento de Malargüe, como también que se les dé prioridad en los puestos laborales que se creen desde la obra pública.
Los ex empleados aclararon que son autoconvocados, y que no se han sentido “respaldados” por la UOCRA, “ni representados” ante esta situación “que se agrava”. Sin embargo, afirmaron que seguirán “luchando, hasta que se nos dé una solución, una salida”.
Este dispositivo, que será incorporado progresivamente de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo, brinda mediante indicaciones audibles de voz, la posibilidad de que todas las personas no videntes puedan cruzar una calle disminuyendo el riesgo de accidentes.
En primera instancia, se implementará en calles principales y de mayor circulación vehicular de la Provincia, calles donde hay circulación fluida de transporte público, y en todas las esquinas donde existan cruces de escolares de establecimientos educativos con asistencia de personas no videntes.
Este sistema permite que la persona no vidente, solicite el estado en el que se encuentra el semáforo, mediante el uso de un dispositivo inalámbrico, a efectos de poder por sí solo cruzar una intersección o cruce peatonal en una calle.
Según datos del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010 (INDEC), en Mendoza son 145.379 personas que poseen alguna discapacidad visual parcial o total. El objetivo es permitirles a estas personas, integrarse con mayor libertad al entorno en el que viven.