r buenas prácticas, tales como la sustitución de equipos obsoletos, reemplazo de ampolletas incandescentes por fluorescentes o las denominadas “bajo consumo”, apagado automático de computadoras o luminarias y propondrá incentivos que mejoren el comportamiento de los consumidores”.
La norma explica que “en una primera etapa se hará auditoría a las reparticiones públicas provinciales y nacionales, y a los grandes consumidores, fijándose una tarifa por el servicio prestado que guarde relación con los beneficios que obtendrá el usuario por el mejoramiento de su consumo.”
Asimismo, la auditoría para los consumidores residenciales será opcional y si ellos decidieran solicitar el servicio deberán abonar una tarifa acorde con la complejidad del trabajo realizado.
Del mismo modo, una vez realizadas las auditorías se confeccionará un informe final, que fijará pautas y recomendaciones a los inmuebles auditados.
recibió de familiares de detenidos en cárceles provinciales, nuevas denuncias sobre presuntos hechos de violencia por parte de agentes penitenciarios.
El legislador, indicó que en la comisión que preside suman casi 30 denuncias al respecto y que por tal motivo, remitirá los antecedentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se analice la situación de los penales en Mendoza.
"Los hechos acreditan que no se ha cumplido con ninguna de las disposiciones sobre el trato de los penitenciarios hacia los detenidos", afirmó.
Por otra parte, adelantó que como presidente de la comisión, pedirá un informe detallado al Procurador de la Corte sobre denuncias que pudieran haber formulado los familiares de los internos ante las distintas dependencias judiciales de la provincia.
"La conducta del Estado debe ser ejemplificadora", manifestó, y agregó que en ese sentido, hay penitenciarios que han pedido el dictado de cursos de derechos humanos, lo que demuestra, según el legislador, que "muchos se sienten avergonzados de lo que sucedió".
de Areas Protegidas, Soledad Sallenave y Flavio Martínez. El objetivo fue analizar la legislación vigente y la pendiente de esa incumbencia ambiental.
La preocupación fundamental es la necesidad de lograr una legislación complementaria a la ley 6045, que data de hace 20 años, para incluir nuevos criterios técnicos y paradigmas actualizados de conservación del ambiente. Manifestaron que cada día se van descubriendo nuevos potenciales de las áreas en cuestión y es indispensable mejorar su conservación y explotación desde el punto de vista científico, de límites geográficos, como desde el poblacional, turístico, de recursos de agua y minero entre otros.
Presidió el encuentro el titular de la Comisión, Antonio Spezia (PD), acompañado por Silvia Ramos (Eje Peronista), Juan Dávila (PJ), Patricia Gutiérrez (UP) y los radicales Teresa Maza y Edgardo Pintos.
Los funcionarios presentes manifestaron que están trabajando junto al IADIZA en un documento que incluirá a todos los actores e intereses de distinta índole respecto de la Areas Protegidas, con el objeto de instrumentar una planificación y armar un plan de manejo que derive en un manual de procedimiento respecto del tema a nivel general y particular de cada zona.
en los penales y en otras instituciones. Podría tratarse mañana.
LAC se reunió con funcionarios de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos con quienes analizó una iniciativa-que ya tiene sanción en el Senado- por la cual se busca prevenir casos de torturas dentro de las cárceles mendocinas.
Además la norma tiende a impedir tormentos en otras instituciones como asilos y hospitales psiquiátricos.
Según el subsecretario, Carlos Quiroga Nanclares, se busca “cumplir con los acuerdos para el levantamiento de las medidas provisionales de la Corte Interamericana” y lograr un mecanismo de control externo que permita “la mejoría en todos los establecimientos penales y no penales donde se encentre una persona privada de la libertad”.
Por su parte el presidente de la comisión, Raúl Vicchi (UCR) especificó que “se trata de un proyecto que crea la figura del procurador en el ámbito del resguardo de los Derechos Humanos” y que este trabajaría en lugares de detención para garantizar los derechos de los reclusos pero también en asilos y hospitales públicos y privados.
Al poner en consideración el proyecto se estableció, de acuerdo al reglamento, que los legisladores que votaran afirmativamente estarían aceptando la media sanción otorgada por la Cámara Alta y rechazarían la sanción de Diputados. Del mismo modo, los diputados que votaran de forma negativa rechazarían la sanción de Senadores y aceptarían por ello la media sanción otorgada en Diputados anteriormente.
En consecuencia, la votación arrojó 23 votos afirmativos (aceptando la sanción del Senado) desde los bloques de la Unión Cívica Radical (a excepción de la diputada Liliana Vietti), la diputada Patricia Gutiérrez de Unidad Popular y el Partido Demócrata, que mantuvo su posición de rechazar los aumentos propuestos contenidos en la norma enviada por el Poder Ejecutivo.
Por su parte, quienes votaron negativamente (insistiendo en la sanción de Diputados) fueron los bloques del Partido Justicialista, Eje Peronista, PJ Federal, ARI, PIM, PJ Unipersonal, y la diputada Liliana Vietti (UCR) quien después de un detallado análisis del trabajo realizado y pormenorizada fundamentación explicó las razones de su voto.
modifica el Código Procesal Penal, que contaba con sanción del Senado.
La norma -impulsada por el actual diputado Daniel Cassia (Peronismo Federal) cuando ocupaba una banca como senador- establece que “el Juez de Delitos de Tenencia juzgará en única instancia los delitos previstos en los apartados (2) y primer párrafo del (3) del artículo 189 bis del Código Penal, cualesquiera fuera su pena” y que “asimismo, juzgará de aquellos delitos cuya acción típica esté constituida por la tenencia o portación de objetos, cualesquiera fuera la pena conminada en la ley penal, y que la Suprema Corte de Justicia incluya en su competencia.”
Lo hizo la Cámara Baja con el objetivo de que la medida ayude a encontrar a los infantes. La iniciativa es de Silvia Cardozo (PJ).
Diputados aprobó un proyecto de ley que establece que “en cada página Web perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado Provincial, sus entes centralizados, descentralizados y/o autárquicos, un espacio específicamente destinado a publicar y difundir la fotografía y los datos de las personas menores de edad mendocinas extraviadas que la autoridad judicial competente considere pertinentes”.
La iniciativa, de Silvia Cardozo, especifica también que “del mismo modo procederá el Poder Judicial y el Poder Legislativo Provincial, como así también los Municipios y Concejos Deliberantes en sus propias jurisdicciones y en sus propios organismos”.
los ambientes y recintos de orden hospitalario, comercial, industrial, educativo y recreativo, en ámbitos laborales de orden privado y estatal, que posean como sistemas climatizadores equipos centrales y/o calderas de difusión por ductos, a través del control de la limpieza y sanitizacion de todos sus componentes.
La iniciativa explica que el sistema se aplicará en recintos laborales que cuenten con equipos centrales con potencia igual o mayor a 5 toneladas de refrigeración y los directivos, propietarios o responsables de los edificios con estos sistemas deberán tramitar un certificado de aptitud de “sistema de climatización limpio de contaminantes”. Éstos mismos responsables deberán contar con un Libro de Inspección a disposición de los inspectores designados para las tareas de fiscalización.
Del mismo modo, la norma explica que se entenderá por limpieza y saneamiento total del sistema a todos los componentes, entre ellos, superficie interna de los conductos; difusores, rejillas y otros; tomas de aire exterior; sala de máquinas, etcétera.
Por último, el proyecto manifiesta que la presente Ley deberá ser reglamentada en un término de 180 días a partir de su promulgación y que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud quien coordinará con las demás instituciones grados de competencia.
el Banco de la Nación y Mendoza con el objetivo de armar un fideicomiso para que la provincia se hiciera cargo de una serie de créditos y así evitar remates de quienes no pudieron saldar sus cuentas con la entidad financiera por estar afectados por la
situación económica durante 2009.
Las modificaciones que aprobó Diputados se basan en que en el convenio
firmado el 16 de octubre de 2009, Mendoza figura como “fideicomisario” y no como “fiduciario”, según los fundamentos de la iniciativa.
Lo aprobado hoy en la Cámara Baja establece que el artículo 5 de la ley 8198 especifique que el mandato de administración y gestión de cobranza del convenio deberá tener ratificación legislativa previa a su implementación y deberá “contar con la lista definitiva de los créditos cedidos”.
Además se estipula que el Ejecutivo “determinará los créditos que son sujeto de refinanciación en relación directa con su condición patrimonial y su real capacidad de pago”.
General de la provincia remitido por el Poder Ejecutivo, que prevé recursos del orden de los 9.961 millones de pesos, más 210 millones de pesos provenientes de otros ingresos.
El diputado Raúl Rodríguez (PJ), que preside la comisión de Hacienda, informó sobre el alcance, contenido y lineamientos generales del Presupuesto, manifestando que la pauta presupuestaria se sustenta sobre supuestos macro económicos que prevén una inflación del orden del 13,5% anual; un crecimiento de la actividad económica del 6,5% y una cotización promedio del dólar a 4,50 pesos.
Se proyectan recursos totales por un monto de 9.961 millones de pesos, a los que se suman 210 millones de pesos: 50 millones de recursos de origen provincial no tributarios; 80 millones de recursos de origen nacional correspondientes a regímenes especiales, y otros 80 millones de aportes no reintegrables también de procedencia nacional.
El total de erogaciones fue establecido por 10.614 millones de pesos y se contempla el uso del crédito por un valor de 432 millones de pesos.
Rodríguez explicó en ese sentido, que el cálculo de recursos, se establece en base a ingresos tanto de origen provincial – tributarios y no tributarios – y nacional - coparticipación federal, regímenes especiales y fondo nacional de incentivo.
En cuanto a recursos de capital se prevén 454 millones de pesos formados por reembolsos de préstamos y otros, como la venta de acciones y el fondo residual.
para crear mejores condiciones para el desarrollo eficiente de la tarea del profesional de Ciencias Económicas.
Los honorarios correspondientes a los trabajos o intervenciones de los profesionales, matriculados y habilitados por el Consejo profesional de Ciencias Económicas, que actúan en la justicia como peritos, interventores, veedores, interventores recaudadores, liquidadores, administradores, perito partidores, liquidador de averías y cualquier tarea de la materia que les fuera encomendado, se regularan de acuerdo a las disposiciones de esta ley.
Asimismo, la norma pretende establecer los parámetros básicos que respalden el ejercicio profesional tanto en sus derechos, como en sus obligaciones, velando por la defensa de sus condiciones y retribuciones.
En tanto, los honorarios establecidos por esta ley son mínimos y obligatorios. Ninguna regulación de honorarios podrá ser inferior a ellos, bajo pena de nulidad. Por su parte, en aquellos casos en que los Jueces consideren el merito, alcance, significación y complejidad de ciertos trabajos, podrán aplicar un porcentaje mayor al previsto, según los criterios y pautas de interpretación que surgen del presente ordenamiento legal.
Indica la diputada Vietti que “sin perjuicio de las leyes nacionales en cuanto a las regulaciones económicas resulta válido orientar el desenvolvimiento del profesional apuntalando el respeto por su trabajo, con la debida intendencia y prestigio”.
Diputados dio media sanción a un proyecto de ley de Silvia Cardozo (PJ) por el cual se declara parte integrante del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia, el Templete que guarda los restos mortales del General Gerónimo Espejo, ilustre mendocino integrante del Ejército de los Andes, que se encuentra emplazado en el predio del Liceo Militar que lleva su nombre, sito en calle Boulogne Sur Mer 2236 de la Capital de Mendoza, en el marco de las disposiciones de la ley 6034 y sus modificatorias.