La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Albarracín (UCR), recibió a integrantes de la Unión Trabajadores Rurales sin Tierra Cuyo - Argentina; del Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentina; de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y La Vía Campesina, quienes presentaron un documento sobre las demandas y necesidades de los campesinos y pueblos originarios. Entre los puntos pedidos se solicitó la adhesión a la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y la prórroga de la suspensión de desalojos. Además, establecer una comisión de trabajo permanente para actualizar las leyes de Colonización y de Arraigo, “de manera de garantizar la permanencia en el campo de las familias campesinas indígenas y de la agricultura familiar, y de sus derechos de acceso a la tierra, territorio y agua de riego, así como de los derechos básicos al trabajo digno, la educación y salud de calidad en el campo, la comunicación, el transporte y la vivienda, acorde al plan estratégico de desarrollo provincial de Mendoza, el proceso de declaración de los derechos campesinos de la ONU, y otros tratados internacionales”. Legisladores de la comisión manifestaron acuerdo en el abordaje de la situación planteada y solicitaron todo tipo de información y documentación que las propias organizaciones hayan reunido en tal sentido. Asimismo, se comprometieron en realizar un estudio conjunto de la información respetando la idiosincrasia y visión de cada sector sobre los temas.

La comisión de Ambiente y recursos Hídricos de Diputados se reunió con el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Juan Agustín Maza, Guillermo Giambastiani, en el marco del análisis del proyecto que estipula la transformación paulatina del zoológico de Mendoza en un Ecoparque. El decano explicó que ya en 2014 habían analizado la iniciativa y el pedido de adhesión de la Facultad al mismo y habían decidido no hacerlo. Entre las razones para la negativa de su Facultad, Giambastiani mencionó “algunas cosas sin aclarar” como la posibilidad de enviar animales a santuarios “poco claros” e incluso la posibilidad de la “eutanasia”. En función de esto el diputado Omar Sorroche (UCR), autor del texto, aclaró que las reuniones de la comisión con distintos invitados se realizan con la intención de agregar al proyecto las correcciones necesarias impulsadas por aquellas personas e instituciones relacionadas. En el mismo sentido, el presidente de Ambiente y recursos Hídricos, José Muñoz (FPV) solicitó al decano un informe escrito con la visión de la casa de estudios, solicitud que fue aceptada. La iniciativa de creación del Ecoparque se basa en que “el paradigma de las personas sobre la visión de los zoológicos, la forma de ver animales encerrados y su función social está cambiando. Esta situación se repite en Mendoza, donde ciudadanos y turistas por igual manifiestan su preocupación por las condiciones de los animales que actualmente habitan el zoológico provincial, además de oponerse, cada vez con mayor vehemencia, a modelos que mantienen animales en cautiverio con el sólo fin de ser observados”, según se explica en los fundamentos del proyecto.

Miembros de la Bicameral de Seguridad se reunieron con el ministro Gianni Venier, el primer encuentro formal tras la reciente constitución de la comisión legislativa, con el objeto de ponerse a disposición y conocer el plan que el funcionario prevé en materia de seguridad. Del encuentro, que se realizó en la tarde de ayer en la sede del Ministerio de Seguridad, participaron el ministro junto a todo su gabinete, el presidente de la Bicameral Mario Diaz (FPV), los diputados Marcos Niven (PD), Analía Jaime (UCR), Pablo Priore (PRO) y el senador provincial Héctor Quevedo (UCR).  Venier, expuso la situación en la que recibieron la cartera, destacando a la vez las prioridades a trabajar. “Necesitamos la restitución de la Policía”, mencionó, agregando que “para esto es necesario la disciplina, la aplicación correcta de sanciones, la verticalidad de mando, los ingresos de calidad, el equipamiento y el control permanente” El legajo digital para policías y la necesidad de enmarcar los datos en línea fueron otros aspectos abordados por el gabinete de seguridad, aunque haciendo también hincapié en la “reingeniería en las dependencias” en conjunto con el equipamiento. Además, en cuanto al personal policial, indicaron que se van a aplicar nuevas medidas para beneficiarlo. El ministro, pidió por otra parte la conformación de una “Comisión de Sistema Penitenciario”, e hizo mención a “la necesidad de la creación y puesta en funcionamiento de ‘cárceles regionales’, que permitan afianzar el vínculo con los familiares de los detenidos facultando una mejor estadía bajo parámetros de contención no sólo de parte del sistema psicológico, sino también de sus familias y así disminuir y hasta evitar, situaciones violentas”. El diputado Diaz, por su parte, subrayó que la intención de la comisión “es poner a la seguridad como una política de Estado”. Junto a la diputada Jaime, mencionaron la necesidad en “la aceleración de los procesos judiciales”, comprometiéndose a colaborar con ese Poder. “Salieron muchísimas ideas importantes, que esperamos, se puedan aplicar y para eso vamos a dar todo el apoyo posible desde la Bicameral y desde el Frente para la Victoria”, agregó Díaz. Consultado por el resultado del encuentro, Pablo Priore, refirió que “coincidimos en que el tema de seguridad tiene que ser política de Estado y nosotros desde el rol legislativo hemos venido a ponernos a disposición del Ministerio”. Añadió que seguirán acompañando en este proceso nuevo “con esta impronta nueva que se le está dando a la cartera de seguridad, sobre todo en el avance tecnológico, investigación, prevención del delito” Analía Jaime, diputada por la UCR, indicó que “la reunión ha sido buena, nos hemos puesto en conocimiento de varias ideas y planes que se van a desarrollar desde el Ministerio. A su vez, hablamos de los proyectos sancionados”. Al finalizar la reunión, el encargado informático del Ministerio de Seguridad, presentó el equipamiento de última generación integrado en un vehículo para mayor control de los patrulleros y sus trasladados. En tanto, Venier, se comprometió a elaborar un informe detallado de los temas tocados.

La Cámara de Diputados, dio sanción final a un proyecto de ley venido en revisión del Senado, por el cual se prohíbe la utilización en todo el territorio de la provincia, de tachos de señalización vial o cualquier otro elemento metálico, con o sin relleno, en toda obra pública a licitar. La medida, que fue impulsada por el senador (MC) Sergio Moralejo, regirá a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, e incluye además, toda situación en que, ya sea en forma transitoria o permanente, sea utilizada por cualquier dependencia o repartición del Estado provincial o municipal, para prevenir a conductores de dichas vías sobre determinada situación, control, obra, cruce o cualquier otra señal de alerta o prevención. El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, reglamentará la presente normativa, priorizando la seguridad vial y garantizando la utilización de los elementos con materiales deformables al impacto, luminosos o refractarios, y que respeten las normas de calidad imperantes en materia de seguridad vial y calidad de materiales, debiendo adaptarse como mínimo a la Norma Nacional 10033 del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).