usticialista, que tuvo por objeto proponer soluciones y acuerdos en materia de tránsito y seguridad vial, principalmente en la zona metropolitana de la provincia de Mendoza.
Durante la reunión se especificó que se intentarán marcar los lineamientos para el corto, el mediano y el largo plazo con la premisa de solucionar los conflictos del tránsito, tanto en lo coyuntural como en lo estructural, atendiendo a los diversos temas que abarca.
Entre éstos, se mencionó la adecuación de la infraestructura vial, con la posible construcción de anillos de circunvalación de la ciudad y la refuncionalización de otras vías de comunicación, y el escalonamiento de los horarios de funcionamiento y atención de entidades públicas y privadas (como escuelas, institutos, universidades, oficinas provinciales y municipales, bancos, comercios e industrias, entre otras).
Se hizo hincapié, también, en la mejora del transporte colectivo (con carriles o calles exclusivas para los micros, el refuerzo de las frecuencias y el mantenimiento de la prestación y de las unidades en buenas condiciones) y la posibilidad de construir playas de estacionamiento subterráneas, para descomprimir las calles de la ciudad.
La reunión contó con la presencia de diputados de todos los bloques legislativos junto a los intendentes Carlos López Puelles (Luján), Alejandro Abraham (Guaymallén), Alfredo Cornejo (Godoy Cruz), Víctor Fayad (Capital) y representantes de los municipios de Maipú y Las Heras.
Asimismo participaron el Ministro de Seguridad, Carlos Aranda; los Secretarios de Transporte, Diego Martínez Palau, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Marcos Zandomeni; el rector de la UNCuyo, Arturo Somoza, y la vicedecana de la UTN, Sandra Tagarelli.
El monto total, está compuesto por 16.219.723.425 pesos correspondientes a la Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales; 3.192.354.678 pesos, para Entes Reguladores y otros Organismos y las erogaciones para amortización y ajuste de la deuda, que se fijan en la suma de 515.247.496 pesos.
El desagregado por área es el siguiente:
Poder Legislativo 164.308.207
Poder Judicial 752.844.531
Tribunal de Cuentas 37.769.017
Secretaría Legal y Técnica 57.630.538
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno 350.925.204
Ministerio de Hacienda y Finanzas 5.751.808.012
Ministerio de Agroindustria y Tecnología 264.110.178
Ministerio de Salud 2.723.698.688
Ministerio de Infraestructura y Energía 2.275.187.233
Dirección General de Escuelas 4.507.430.638
Fiscalía de Estado 47.641.947
Ministerio de Seguridad 1.171.798.260
Ministerio de Desarrollo Social y DDHH 565.182.666
Ministerio de Turismo 64.917.530
Secretaría de Deportes 46.896.625
Ministerio de Cultura 64.957.090
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 157.060.869
Secretaría de Transporte 815.158.436
inmuebles ubicados en la provincia. La aprobación fue por mayoría con el voto negativo del bloque del Partido Demócrata
El Avalúo Fiscal, es la base imponible del Impuesto Inmobiliario y en el Impuesto de Sellos y Automotores, en la transferencia de los bienes raíces, que se celebren en el transcurso de ese período fiscal.
Las principales modificaciones propuestas por el gobierno provincial, se basan en un incremento del Valor Unitario de la construcción en un 20%, estableciéndose los valores de referencia en $398/m2 y $332/m2 respectivamente, según las valuaciones fiscales del ejercicio anterior superen o no los $ 300.000.
Asimismo, se incrementan los valores unitarios de tierra urbana un 20% de manera tal de tener “un conjunto homogéneo de valores que no superan los 20 grupos distintos, con el objeto de normalizar los valores de la tierra provocando avalúos fiscales similares para zonas de idénticas características”.
Se modifican también los valores unitarios de la tierra suburbana en la misma cantidad que lo hace la tierra urbana “a los efectos de lograr equidad en parcelas de similares características”.
Además, cambian los valores de las vasijas vinarias en la misma cantidad que el valor de las mejoras edilicias.
Se actualiza, al igual que el año anterior el valor de las mejoras del inmueble perteneciente a la Destilería de Luján de Cuyo, en el mismo porcentaje que se actualiza el valor del resto de los inmuebles de la provincia.
de civiles, fueron presos políticos durante la última dictadura militar.
La ley, incluye a quienes entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, hayan sido condenados “por Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, haya habido o no sentencia condenatoria en su contra”.
El beneficio también se otorgará a quienes, por causas políticas, hayan sido privados de la libertad por orden de tribunales ordinarios en virtud de la aplicación de las Leyes 20.642, 20840 y 21338 y de cualquier otra ley, decreto o resolución dictados con similares finalidades.
La normativa aclara en ese sentido, que ”no se tomará en consideración para el otorgamiento de este beneficio el tiempo de detención”.
Por otra parte, especifica que para acceder al beneficio, deberán haber tenido domicilio real en la provincia de Mendoza al momento de haber sido privados de libertad, en tanto que no podrán acceder al mismo quienes resulten beneficiarios de alguna prestación mensual o pensión, de origen nacional, provincial o municipal, derivada de la misma situación.
Asimismo, destaca que “el derecho a reclamar el beneficio es imprescriptible y se otorgará desde la fecha de su solicitud”.
En caso de fallecimiento del beneficiario, antes o después del reconocimiento del beneficio, podrán solicitarlo la viuda o viudo; el conviviente, quien concurrirá en la forma prevista por el régimen nacional de jubilaciones y pensiones para el derecho pensionario; los hijos e hijas menores de edad al momento del fallecimiento y hasta la mayoría de edad; los hijos e hijas con discapacidad sin límite de edad.
de la enseñanza pública, sean de gestión estatal y/o privada oficialmente reconocidos y dependiente del Gobierno de la Provincia de Mendoza.
Esta Ley tiene la finalidad de dar una alternativa a la situación de los docentes en cambio de funciones y sus objetivos principales son crear fuentes laborales estables; mejorar la relación docente-alumno; el rendimiento escolar y aumentar el grado de compromiso con la comunidad. También optimizar la relación padres - docentes- escuela; mejorar la calidad educativa; ayudar a la recuperación del docente en cambio de funciones y producir un ahorro en los recursos económicos del Estado.
Asimismo establece que el Poder Ejecutivo deberá habilitar un registro para la inscripción de los postulantes, mientras el estado provincial abonará los haberes mensuales actualizados a los docentes, según el ámbito al que pertenezcan.
En el caso de gestión estatal será de un ochenta y dos por ciento (82%) de la remuneración que corresponda en actividad para el mismo cargo que poseía como titular al momento de acceder a este beneficio. En el caso de gestión privada, el 82% de la remuneración que corresponda en actividad para el mismo cargo que ocupaba como titular al momento de acceder a este beneficio, el Estado abonará el 82 % sobre el porcentaje del aporte estatal que el Gobierno Provincial le otorga a la Institución Privada a la cual pertenece el beneficiario y el resto lo deberá aportar la Institución.
Éste lo efectivizará hasta el día que el docente alcance la edad y/o los años de aporte necesarios estipulados en la ley de jubilaciones vigente, oportunidad en la cual el beneficiario tendrá la obligación de iniciar su trámite jubilatorio ante la ANSES.
senadores y colaboradores, se reunieron para continuar con el análisis de las iniciativas de Avalúo e Impositiva 2012 enviadas por el Poder Ejecutivo.
Los ejes de la reunión se centraron en dar respuesta a las inquietudes que diferentes legisladores manifestaron frente a los proyectos en cuestión, diversas tasas a cobrar que el Ejecutivo ha establecido en ciertas áreas y aspectos formales de la redacción.
Juan Gantus manifestó que se ha intentado llegar a una adecuación de las iniciativas a la nueva realidad económica y que se está haciendo “el mayor de los esfuerzos para incorporar algunas propuestas de la oposición”. Subrayó que espera que se comprenda cual es la postura del oficialismo, analizar la realidad y hacia donde se apunta.
Durante la reunión, uno de los puntos en los que se detuvo el análisis fue la modificación al proyecto de ley de Avalúo, por su incidencia en el artículo 2 de la ley de Impositiva que hace referencia al Impuesto Inmobiliario.
Frente a ello, los diputados y funcionarios de la cartera de Hacienda, acordaron trabajar sobre una simulación del impacto que el incremento del 20% del Avalúo propuesto por el gobierno provincial tendrá en el impuesto inmobiliario de distintas propiedades.
Según señalan, algunas propiedades podrían sufrir un aumento superior al 20 por ciento porque sería un disparador de otros componentes que lo terminarían transformando “en un piso”.
del Poder Ejecutivo por el cual se prorrogan las concesiones de explotación de áreas petrolíferas y gasíferas.
La prórroga por diez años incluye cerca de 47 áreas dentro del territorio mendocino. Según los fundamentos de la iniciativa “el canon extraordinario de producción y el canon por renta extraordinaria (…) serán distribuídos a las Municipalidades de la Provincia en el 12 por ciento de lo efectivamente percibido por cada uno de ellos en concepto de aporte no reintegrable”.
La distribución entre los municipios “se hará mensualmente, mediante un decreto del poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda (…) y será ajustada al cierre del ejercicio de conformidad a los recursos efectivamente percibidos por la Provincia”.