.jpg) en las zonas vitivinícolas de nuestro país. Se trata de una modificación de la ley 26727, en lo referido al régimen de la Seguridad Social.
            La iniciativa corresponde al diputado Enrique Vaquié (UCR) y fue acompañado por todos los legisladores nacionales por Mendoza.
            El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, y el ministro de Gobierno de la Provincia, Félix González, asistieron a la reunión durante la cual se dieron detalles del proyecto. 
Estuvieron presentes Mariana Juri, Roberto Pradines, Omar De Marchi, Enrique Thomas, Jorge Albarracín, Anabel Fernández Sagasti y Guillermo Carmona; el titular de FOEVA, Ramón Pavez; el intendente de Rivadavia, Ricardo Manzur; y legisladores provinciales.
En el instrumento legal se manifiesta la voluntad de modificar el artículo 78 de la ley 26727 de la siguiente forma: “Beneficios jubilatorios. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, los obreros de viña contemplados en el convenio colectivo Nro. 154/91 y los contratistas de viñas y frutales comprendidos en la ley 23154, tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios, con aportes”.
            En los fundamentos se manifiesta que “dicha modificación de la ley mencionada, tiende la reconocimiento del sector que cuenta con más de 30 mil trabajadores, para aquellas personas en relación de dependencia, que desarrollen su labor en empresas viñateras que posean olivares y frutales según lo previsto en el Convenio Colectivo 154/91; como también aquellas que trabajan como contratistas en el cuidado y cultivo de viñas y frutales, comprendidas en el régimen especial contemplado en la ley 23154”.
 en las zonas vitivinícolas de nuestro país. Se trata de una modificación de la ley 26727, en lo referido al régimen de la Seguridad Social.
            La iniciativa corresponde al diputado Enrique Vaquié (UCR) y fue acompañado por todos los legisladores nacionales por Mendoza.
            El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, y el ministro de Gobierno de la Provincia, Félix González, asistieron a la reunión durante la cual se dieron detalles del proyecto. 
Estuvieron presentes Mariana Juri, Roberto Pradines, Omar De Marchi, Enrique Thomas, Jorge Albarracín, Anabel Fernández Sagasti y Guillermo Carmona; el titular de FOEVA, Ramón Pavez; el intendente de Rivadavia, Ricardo Manzur; y legisladores provinciales.
En el instrumento legal se manifiesta la voluntad de modificar el artículo 78 de la ley 26727 de la siguiente forma: “Beneficios jubilatorios. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, los obreros de viña contemplados en el convenio colectivo Nro. 154/91 y los contratistas de viñas y frutales comprendidos en la ley 23154, tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios, con aportes”.
            En los fundamentos se manifiesta que “dicha modificación de la ley mencionada, tiende la reconocimiento del sector que cuenta con más de 30 mil trabajadores, para aquellas personas en relación de dependencia, que desarrollen su labor en empresas viñateras que posean olivares y frutales según lo previsto en el Convenio Colectivo 154/91; como también aquellas que trabajan como contratistas en el cuidado y cultivo de viñas y frutales, comprendidas en el régimen especial contemplado en la ley 23154”.                .jpg) protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la atención integral de toda víctima de violencia sexual.
Al hacer uso de la palabra, Liliana Vietti explicó que no se está hablando de aborto en general, sino de la interrupción del embarazo en casos de violación. Manifestó la diputada “no estamos a favor del aborto” y agregó que se están ofreciendo herramientas para que los médicos no deban esperar un fallo judicial para proceder en casos de embarazos por violación.
Vietti finalizó la alocución subrayando que mucha información hace referencia a los derechos de la persona por nacer, pero se dejan de lado los derechos de la persona que ha sido víctima de un delito de índole sexual, y “nosotros los legisladores debemos legislar para todos”.
Desde la bancada justicialista, el diputado Alejandro Viadana expresó el apoyo a la iniciativa y subrayó las diferencias de opinión que hacia adentro del Cuerpo Legislativo genera el abordaje de este tema. Sostuvo que hay que entender que se está debatiendo sobre los casos de aborto no punible y no de éste como método anticonceptivo.
Agregó Viadana que siente preocupación con lo que acontece en relación al embarazo adolescente y temas relacionados, y que se debe dar un debate amplio para poder otorgarle al Estado las herramientas necesarias para legislar para todos sobre el tema.
protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la atención integral de toda víctima de violencia sexual.
Al hacer uso de la palabra, Liliana Vietti explicó que no se está hablando de aborto en general, sino de la interrupción del embarazo en casos de violación. Manifestó la diputada “no estamos a favor del aborto” y agregó que se están ofreciendo herramientas para que los médicos no deban esperar un fallo judicial para proceder en casos de embarazos por violación.
Vietti finalizó la alocución subrayando que mucha información hace referencia a los derechos de la persona por nacer, pero se dejan de lado los derechos de la persona que ha sido víctima de un delito de índole sexual, y “nosotros los legisladores debemos legislar para todos”.
Desde la bancada justicialista, el diputado Alejandro Viadana expresó el apoyo a la iniciativa y subrayó las diferencias de opinión que hacia adentro del Cuerpo Legislativo genera el abordaje de este tema. Sostuvo que hay que entender que se está debatiendo sobre los casos de aborto no punible y no de éste como método anticonceptivo.
Agregó Viadana que siente preocupación con lo que acontece en relación al embarazo adolescente y temas relacionados, y que se debe dar un debate amplio para poder otorgarle al Estado las herramientas necesarias para legislar para todos sobre el tema.                .jpg) de la comisión de Economía de la Cámara Baja.
Según indicó Tanús, la primera invitación a YPF fue cursada el 8 de marzo para que junto a otros representantes de empresas petroleras y de AMENA, explicaran ante ese órgano legislativo distintos aspectos relacionados con los contratos petroleros y la distribución y precios de los combustibles.
En esa oportunidad, “vinieron de todas las empresas” a excepción de YPF, dijo el titular de la Cámara, por lo que se le volvió a girar una invitación para una nueva reunión que se iba a desarrollar esta tarde, con el único propósito de abordar la situación de la distribución de los combustibles.
Desde la petrolera, remitieron en ambos casos una nota pidiendo que se brindara mayor detalle “de la convocatoria”, cuando según Tanús, los temas  a abordar constan en cada una de las misivas.
Además, indicó que la Legislatura “tiene facultades” para hacer citaciones por la fuerza pública, aunque destacó que el pedido deberá ser aprobado por el Cuerpo, durante la sesión de tablas de mañana.
de la comisión de Economía de la Cámara Baja.
Según indicó Tanús, la primera invitación a YPF fue cursada el 8 de marzo para que junto a otros representantes de empresas petroleras y de AMENA, explicaran ante ese órgano legislativo distintos aspectos relacionados con los contratos petroleros y la distribución y precios de los combustibles.
En esa oportunidad, “vinieron de todas las empresas” a excepción de YPF, dijo el titular de la Cámara, por lo que se le volvió a girar una invitación para una nueva reunión que se iba a desarrollar esta tarde, con el único propósito de abordar la situación de la distribución de los combustibles.
Desde la petrolera, remitieron en ambos casos una nota pidiendo que se brindara mayor detalle “de la convocatoria”, cuando según Tanús, los temas  a abordar constan en cada una de las misivas.
Además, indicó que la Legislatura “tiene facultades” para hacer citaciones por la fuerza pública, aunque destacó que el pedido deberá ser aprobado por el Cuerpo, durante la sesión de tablas de mañana.                .jpg) Vargas, titular del Primer Juzgado Correccional quien manifestó que la ley que estipula la creación de un juzgado específico que dictamine sobre delitos de tenencia ilegal de armas debería derogarse.
Según el juez, al existir juzgados de flagrancias no habría necesidad de crear uno nuevo, ya que la tenencia ilegal de armas es un delito flagrante. “La tenencia es una flagrancia, sería más de lo mismo”, dijo.
La ley que estipula instituir los nuevos juzgados – de autoría del diputado Daniel Cassia (Peronismo Federal – Es Posible)- fue redactada y aprobada cuando no existían dependencias abocadas a los delitos flagrantes con la intención de agilizar las condenas por tenencia ilegal, pero actualmente no sería de utilidad, según explicó Vargas.
En sintonía, Daniel Cassia expresó que el “espíritu del proyecto”, cuando fue convertido en ley, estaba orientado a optimizar los tiempos de la Justicia.
Por su parte, Alejandro Viadana (PJ), presidente de la comisión expresó que, luego de la audiencia con el magistrado, “hemos decidido pedirle a la Corte una aclaratoria para ver si considera que hay que hacer alguna reforma (a la ley en cuestión) o directamente derogarla”.
Vargas, titular del Primer Juzgado Correccional quien manifestó que la ley que estipula la creación de un juzgado específico que dictamine sobre delitos de tenencia ilegal de armas debería derogarse.
Según el juez, al existir juzgados de flagrancias no habría necesidad de crear uno nuevo, ya que la tenencia ilegal de armas es un delito flagrante. “La tenencia es una flagrancia, sería más de lo mismo”, dijo.
La ley que estipula instituir los nuevos juzgados – de autoría del diputado Daniel Cassia (Peronismo Federal – Es Posible)- fue redactada y aprobada cuando no existían dependencias abocadas a los delitos flagrantes con la intención de agilizar las condenas por tenencia ilegal, pero actualmente no sería de utilidad, según explicó Vargas.
En sintonía, Daniel Cassia expresó que el “espíritu del proyecto”, cuando fue convertido en ley, estaba orientado a optimizar los tiempos de la Justicia.
Por su parte, Alejandro Viadana (PJ), presidente de la comisión expresó que, luego de la audiencia con el magistrado, “hemos decidido pedirle a la Corte una aclaratoria para ver si considera que hay que hacer alguna reforma (a la ley en cuestión) o directamente derogarla”.                .jpg) fideicomisos existentes y/o previstos en la ley 7992, a fin de dar anualmente continuidad a las políticas activas para el desarrollo de las actividades económicas de la Provincia.
En el artículo segundo se autoriza a la Administradora mencionada a avalar y/o afianzar la devolución de la inversión que realicen el Banco de la Nación Argentina, el Gobierno nacional y/u otras entidades públicas o privadas en los fideicomisos mencionados, el aval no podrá exceder la suma aludida.
 fideicomisos existentes y/o previstos en la ley 7992, a fin de dar anualmente continuidad a las políticas activas para el desarrollo de las actividades económicas de la Provincia.
En el artículo segundo se autoriza a la Administradora mencionada a avalar y/o afianzar la devolución de la inversión que realicen el Banco de la Nación Argentina, el Gobierno nacional y/u otras entidades públicas o privadas en los fideicomisos mencionados, el aval no podrá exceder la suma aludida.