tengan
antecedentes en el Registro de Infractores Laborales, de la Subsecretaría de
Trabajo y Seguridad Social de Mendoza. El objetivo de la medida, impulsada por
el diputado del Frente para la Victoria Gustavo Arenas, es erradicar el trabajo
esclavo y la explotación infantil. Contó con el impulso del Poder Ejecutivo de la Provincia, y las
adhesiones de la CGT,
la Fundación
FAVIM-Acción Ciudadana, los gremios SUTE, SECASFPI y SITEA,
además de VALOS entre otras organizaciones.El Senado dio ayer sanción definitiva, por unanimidad, a la
ley que establece que los empleadores que registren trabajo esclavo o infantil
no podrán acceder a “beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros
o de cualquier otra índole otorgados o a otorgar por la Provincia”.
mensual para los hombres y mujeres que entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido privados de libertad en condición de civiles, por actos emanados de autoridades militares, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero. No se tomará en consideración para el otorgamiento de este beneficio el tiempo de detención”.
Continúa la iniciativa explicando que el beneficio se otorgará también “a quienes hayan sido privados de la libertad por orden de tribunales ordinarios en virtud de la aplicación de las leyes nº 20.642 y 20.840 de 1974 y 21.338 de 1976, y de cualquier otra ley, decreto o resolución dictados con similares finalidades, que hubieran permanecido como detenidas especiales por causas políticas en un marco violatorio de sus Derechos Humanos”.
Se expresa en el articulado de la media sanción que para acceder al beneficio se deberá haber tenido domicilio real en la Provincia de Mendoza al momento de haber sido privados de la libertad.
Del mismo modo, no podrán acceder al beneficio quienes perciban alguna prestación mensual o pensión de origen nacional, provincial o municipal derivada de la misma situación y que tenga similares características. El derecho a reclamar el beneficio es imprescriptible y se otorgará desde la fecha de su solicitud.
Por su parte, se manifiesta que si el beneficiario ha fallecido, antes o después del reconocimiento del beneficio, podrán solicitarlo la viuda/o; el o la conviviente; los hijos menores de edad al momento del fallecimiento, y hasta la mayoría de edad; los hijos discapacitados sin límite de edad y/o los hijos incapacitados para el trabajo según comprobación de junta médica.
cuatro años en el territorio provincial.
En los fundamentos de la iniciativa se ofrece una extensa explicación sobre los inconvenientes de tipo técnico que impiden poner en práctica el instrumento legal mencionado, por lo cual se presenta esta modificación que permitirá gravar el ingreso de las personas a las salas de juego y cuya gravabilidad será equivalente al valor de entre una a dos veces la apuesta mínima en una mesa de juego vivo de ruleta del Casino de Mendoza, dependiente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Los artículos 3, 6 y 7, abarcarán los siguientes conceptos: se crea el Impuesto Solidario Educativo, que gravará el ingreso de las personas a los casinos estatales y privados que funcionen en Mendoza. El importe a aplicar será en recientemente mencionado y los agentes recaudadores del impuesto deberán informar a la Dirección General de Escuelas los importes percibidos.
Se especifica también que los Casinos serán los recaudadores del impuesto y deberán ingresar el impuesto percibido, en una cuenta especial creada o a crearse. La Dirección de Rentas deberá establecer las características de las entradas, su validez, forma de uso, medidas de seguridad y forma de rendición de las mismas.
En el despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja consta que la Provincia adhiere a la ley mencionada y el Ministerio de Salud de la Provincia será la autoridad de aplicación.
A los efectos de aplicar el régimen sancionatorio previsto deberá dictar la correspondiente reglamentación. Podrá coordinar con los Municipios la realización de labores de inspección para verificar su cumplimiento.
Las sanciones serán ejecutadas por el procedimiento de apremio fiscal y ante los tribunales de competencia tributaria. El producto de las multas percibidas se destinará a la atención de los gastos que demande la aplicación de la ley y los excedentes, si los hubiera, se aplicarán a la promoción para la prevención y abandono del tabaco. La autoridad de aplicación deberá llevar un registro de reincidencia de las violaciones a la ley, debiendo dar parte al Ministerio de Salud de la Nación.
A los fines de aplicar programas de prevención y abandono del consumo del tabaco deberá implementar programas y coordinar su labor con la Dirección General de Escuelas, Municipios y organizaciones intermedias de lucha antitabáquica.
La aplicación de la presente ley no deroga las normas municipales en la medida que prohíban o sancionen hechos o actos no previstos por la ley nacional 26687. Finalmente se deroga la ley 5374.
Según explicó uno de los autores de las modificaciones, Raúl Vicchi (UCR), lo que se busca es garantizar la continuidad de este organismo que controla las incumbencias de la actividad y que funciona como Colegio Mayor de los escribanos.
Vicchi argumentó la necesidad de las modificaciones a la ley 3364 a partir de que la Caja de Jubilaciones de Escribanos “por el sistema de aportes tenía un déficit crónico que iba a dejar en determinado momento descompensada la Caja”.
Por esto, “a través de la ley había que crear un aporte complementario que establezca estabilidad en la propia Caja”, dijo el legislador.
de Vías y Medios de Transporte Diego Martínez Palau y diputados de distintas bancadas se reunieron con empresarios y representantes de gremios ligados al transporte para acordar una solución a los bloqueos a la Terminal de Ómnibus de Mendoza.
Tanús argumentó que “la provincia ha padecido dos veces en los últimos 30 días” este tipo de bloqueos y además mencionó que ha habido “algunas acciones en contra de las empresas locales” y por esto se decidió instituir “una comisión que aporte a la defensa de los intereses de Mendoza, tanto de sus empresas como de sus trabajadores y los servicios” que se han visto afectados.
Lo que se busca con esta comisión es “presencia política ante los funcionarios nacionales encargados de hacer cumplir las leyes” en beneficio de “los intereses económicos y de los usuarios de Mendoza”, manifestó el titular de Diputados. “El objeto de esta comisión es expresarle a los funcionarios nacionales que estamos del lado de los mendocinos en materia de transporte y de usuarios”, sumó.
Oncológico, de reciente creación, quienes expusieron la problemática que los aqueja y que tiene que ver el faltante o el atraso de medicación específica para continuar el tratamiento oncológico en tiempo y forma.
Según explicó Recabarren existe un déficit de casi 20 millones de pesos este año en el Programa Oncológico Provincial por el proceso inflacionario de 15 por ciento, reflejado en las drogas monoclonales (entre las más costosas del mercado farmacéutico). Enfermos de cáncer junto a sus familiares explicaron que la falta de los medicamentos que los prepara para recibir quimioterapia, propaga más rápidamente la enfermedad.
Los pacientes pidieron a la comisión de salud que elaboren un proyecto que contemple la provisión de los medicamentos que necesitan, recursos económicos para el traslado de los enfermos de cáncer del interior de la provincia, asesoramiento sobre sus derechos y ayuda social y psicológica para ellos y sus familiares.
Asimismo, pidieron que se realice un censo de enfermos oncológicos de la provincia que son atendidos en los efectores públicos y que desde el Ejecutivo se hable con los gobernadores de las provincias de San Juan y San Luis para que realicen algún tipo de aporte cuando los pacientes con este mismo padecimiento, llegan a Mendoza para ser atendidos y a los que se les otorga además los medicamentos necesarios.
María Mercedes Rus, que habló sobre el marco jurídico legal, a nivel provincial y nacional, en el que se inserta la iniciativa.
También se refirió al tema Eduardo Enrique Esteban, gestor ambiental y administrador de parques y reservas provinciales, quien se explayó sobre el desarrollo de la energía a través de fuentes renovables y limpias, sus beneficios e implicancias, y sobre las potencialidades de Mendoza en este ámbito.
Asistieron diputados, senadores y actores sociales y políticos interesados en la temática.
Este proyecto busca crear un Programa de Desarrollo de Energías Alternativas en Mendoza (ProDEAM) que estudie, impulse, investigue, promocione y desarrolle energías alternativas, definiendo los tipos de fuentes energéticas renovables que podrían explotarse en la provincia de Mendoza. De esta forma propender al bien común, a la eficiencia energética y a la sustentabilidad del medio ambiente, erigiendo a esta temática en política estatal.
En consecuencia se pretende que en un futuro se llegue a la complementación y reemplazo paulatino y sistemático, en la medida de lo posible, de las fuentes energéticas contaminantes actuales, en el marco de una política ambiental y económica conveniente.
actual diputado de ese país, José Rodríguez, por iniciativa de Néstor Piedrafita, que, junto al presidente de la Cámara, Jorge Tanús intercambiaron conceptos sobre la realidad de Argentina y de Cuba.
El tema central fue la “apertura” que en materia de economía estaría aplicando el país del norte de América y el control a la especulación financiera.
“Creo que fue muy bueno porque narró la experiencia de Cuba y las dificultades que han tenido, pero también las transformaciones que han emprendido”, dijo Piedrafita.
Además, el diputado calificó al ex ministro y actual legislador cubano como “una persona muy interesante con una carga de conocimiento realmente notable”.
En el mismo sentido, el presidente de Diputados Jorge Tanús hizo una relación entre el control de la especulación que Cuba llevaría adelante junto a las medidas de apertura y el reclamo que la presidenta argentina Cristina Fernández realizó ante el G-20 en el que pidió “volver a un capitalismo serio”.
“Ha sido muy enriquecedor conocer como ha sido la transición que ha llevado adelante Cuba en cuanto su política económica sobre todo luego de la caída de los países de la órbita socialistas que eran muy importantes para el apoyo con el que contaba Cuba”.
Tanús agregó que “ahora hay que buscar el desbloqueo” y sumó que los países de América Latina van a influir positivamente en eso.
La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley venido en revisión del Senado, por el cual se modifica el artículo 7º de la ley 8115, por la que se crea el Fondo para el financiamiento de la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento.
El Artículo modificado señala: que “integrará el Fondo creado en el Art. 1º el importe remanente de la Ley Nº 7201 de pesos doscientos sesenta mil setecientos noventa y uno con cincuenta y dos centavos ($ 260.791,52) y el importe remanente de la Ley Nº 7058 de pesos un millón diecinueve mil setenta y nueve con ochenta y nueve centavos ($1.019.079,89), respetándose en estos casos en particular en los montos referidos, las asignaciones realizadas en dichas leyes para cada Departamento” de la provincia.
El primero de los inmuebles cedidos está ubicado en Colonia Segovia, distrito de Corralitos en Guaymallén, tiene una superficie de 4 hectáreas y mantiene la condición para la construcción de un club, camping y viviendas o el uso que disponga la agrupación bancaria.
En tanto la segunda propiedad tiene una superficie de 2 hectáreas y esta ubicada en la intersección de3 las calles Las Tipas y Paraguay de Godoy Cruz. Estará destinado para la construcción de viviendas y locales comerciales y todo uso permitido como zona residencial mixto.
Asimismo, el terreno que cede en permuta la Asociación Bancaria Delegación Mendoza al Gobierno de la Provincia, está ubicado con frente a la calle de Circunvalación en el Parque General San Martín y tiene una superficie de 5 hectáreas.
Obra Social de Empleados Públicos, Marcelo Costa. También participaron representantes de las instituciones que atienden esta problemática.
Se efectúa un estudio comparativo entre la ley nacional 24901, un proyecto presentado por el Ejecutivo y la propuesta del Consejo Provincial de Discapacidad. Se diferenció el análisis entre una legislación integral que abarque socialmente al discapacitado en todos sus derechos como ciudadano y la urgencia de los familiares por lograr una ley que atienda debidamente las prestaciones necesarias.
Coordinó el encuentro la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Nélida Negri (PJ), acompañada por los diputados justicialistas Alberto Recabarren, Sonia Carmona, Alejandro Viadana, Rita Morcos; los radicales Fernando Barrigón, María Rosa Lemos, Marta Yazenco, Edgardo Pintos y Teresa Maza y el demócrata Aldo Vinci. Asistieron los senadores Nelly Gray de Cerdán, Elizabet Fernández de Merino, Omar Dengra y Daniel Vilches.
El compromiso de trabajo continuará mañana, a las 10, en el Salón Azul de Diputados.
Hoy la preocupación fundamental de legisladores y funcionarios giró en torno al financiamiento necesario para ofrecer prestaciones viables, posibles y garantizarlas en el tiempo, de acuerdo a una realidad económica provincial que prevea el pago de servicios cuyos costos y lucro de parte de los proveedores sean razonables y responsables.
permita alcanzar un sistema de prestaciones integrales para personas discapacitadas. Proponen extender la invitación a participar y trabajar a los senadores provinciales para darle mayor celeridad al debate y tratamiento final del tema.
En la jornada de hoy participaron nuevamente miembros del Consejo Provincial de Discapacidad, un representante del Consejo nacional y la directora de Discapacidad de Mendoza, María Elena Pereiro de Gabutti.
En esta oportunidad los legisladores dieron testimonios sobre la implementación de la ley nacional 24901, que data de 1997, en otras provincia argentinas. En San Juan, Salta y Entre Ríos se manifestó que la legislación nacional es de imposible cumplimiento por los costos que deben aplicarse, consecuencia de un nomenclador de prestaciones que no se ajusta a la realidad social y económica de esas provincias.
La categorización particular de cada prestación de acuerdo a la realidad y costos de Mendoza asegurará la continuidad efectiva de los pagos a los proveedores. También se solicitó prever un presupuesto definido para atender a esta problemática y sumar a instituciones, profesionales, proveedores, familiares y discapacitados en la discusión concreta del nomenclador.