General de Seguridad Mariana Herrero, la Coordinadora General del Ministerio Público María Teresa Day de Pontis, el Encargado de Relaciones Institucionales del Poder judicial Raúl Vicchi, los integrantes de la Bicameral de Seguridad, los padres de Micaela Tatti, Stefano Tatti y de Matías Quiroga, Osvaldo Quiroga y será Coordinada por el Presidente de la comisión parlamentaria, el diputado Aldo Vinci.
En este primer encuentro se acordaron las pautas de trabajo, el día de reunión que será los martes a las 18, en el Salón Azul y se entregó un listado de los proyectos que existen en cada cámara, relacionados con la seguridad.
Los padres de Micaela y Matías, estuvieron de acuerdo con empezar a analizar algunos de los proyectos, dándole prioridad a aquellos que a sus entender, necesitan modificaciones como es el tema de los beneficios y salidas transitorias También hicieron hincapié en los sistemas de control penitenciario e indicaron la necesidad de trabajar para optimizar esos controles.
El presidente de la Bicameral de Seguridad, Aldo Vinci remarcó que se trabajará en cada uno de los proyectos de ley que están en ambas cámaras, en las posible modificaciones al Régimen Progresivo de la Pena y destacó que han solicitado informes al poder Judicial a través de la Coordinadora General de Ministerio Público María Teresa Day de Pontis sobre los recursos estimativos para poner en funcionamiento a la Policía Judicial.
25 de abril, a partir de las 9 horas. La convocatoria responde al artículo 84 de la Constitución Provincial, dado que el 1º de mayo se iniciará un nuevo Período Legislativo Anual, de sesiones ordinarias.
En los considerandos de la resolución se tiene en cuenta que la Cámara debe darse sus autoridades, conforme lo previsto en el Reglamento Interno. Como así también deberá procederse a fijar los días y horas de sesión para el Período Ordinario y designarse a los miembros de las distintas comisiones, los de la Comisión de Juicio Político y los diputados que integrarán el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados.
acciones de la empresa petrolera y la defensa de los intereses de la Provincia de Mendoza.
La Resolución de la bancada oficialista, de autoría de los diputados Lucas Ilardo Suriani y Marina Femenía, y acompañada con la firma de todos los legisladores del bloque expresa “declarar la adhesión de esta Honorable Cámara de La Provincia de Mendoza a la decisión llevada a cabo por el Gobierno Nacional de reivindicar la soberanía argentina sobre los recursos energéticos de nuestro territorio, mediante nacionalización del control de la empresa YPF”.
Además, se destaca en los fundamentos del proyecto, la mención al primer director de la empresa de hidrocarburos afirmando que “el general Enrique Mosconi, asumió el cargo de la petrolera. Sin solicitar un solo dólar al extranjero, financiada con el petróleo que extraía, Mosconi desarrolló una de las más importantes industrias petroleras del continente, piedra basal de muchas de las actuales empresas nacionales latinoamericanas de hidrocarburos”.
Por su parte, la iniciativa del bloque radical, de autoría del diputado Alejandro Limas y acompañada por sus pares de bancada manifiesta que “vería con agrado que el Gobernador Francisco Pérez, ante el anuncio de expropiación de las acciones de Repsol YPF, lleve a cabo todos los actos útiles y necesarios en defensa de los intereses de la Provincia, antes que el Congreso apruebe el proyecto de Ley enviado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
emanados de la Administración, de los activos de los ex Bancos Oficiales de Mendoza y Previsión Social.
Según se indica en los fundamentos de la propuesta, “la misma se hace necesaria una vez que la provincia retomará la gestión de aproximadamente 1400 juicios en los que es parte, luego de la finalización, el 14 de abril de 2012, del contrato de Gestión de Cobranzas que existía con la empresa CERECRED S.A.”.
La Ley N° 6523 creó al Ente de Fondos Residuales (E.Fo.R.) como ente autárquico, y lo facultó para que actuara por cuenta y orden de la Provincia, asignándole la administración de los bienes y la cobranza de los créditos, pudiendo realizar esta cobranza por sí o a través de terceros.
El EFOR, al comienzo de su creación, tuvo a su cargo la cobranza judicial y extrajudicial de los créditos provinciales transferidos que administraba, producto de la privatización de la Banca Oficial, hasta que mediante concurso de antecedentes se tercerizó la cobranza de la cartera de créditos del Ex - Ente de Fondos Residuales (E.Fo.R), actual Dirección de Administración de Activos ex - Bancos Oficiales (D.A.A.B.O.), según Decreto N° 1307/98, resultando adjudicatarias las empresas ART S.A. y CERECRED S.A.
Al extinguirse el contrato con ART S.A., la contratista CERECRED S.A. continuó con la prestación del servicio asumiendo la gestión de cobranza de la cartera vacante, pero por Decreto N° 26 de fecha 10 de enero de 2012, se dispuso no prorrogar el Contrato de gestión de cobranzas que la Provincia mantenía con CERECRED S.A., finalizando el mismo, el día 14 de abril de 2012.
“La situación en los basurales es patética, no se pone en agenda y parte de la culpa también es de los ciudadanos” que no toman conciencia del daño ambiental que se genera, expresó.
En la misma línea, resaltó que “falta un programa de saneamiento, de remediación de los pasivos, que puede ser materia de algún tratamiento legislativo”.
Detalló al respecto que hay distintas categorías de basurales que van desde los denominados a cielo abierto hasta los de relleno sanitario.
Este último caso, que se da por ejemplo en los vertederos de San Carlos y San Rafael, cuentan con una técnica de ingeniería que permite guardar en forma segura los residuos, minimizando los efectos en el medio ambiente. Prácticamente no tienen impacto negativo en los alrededores, están impermeabilizados, cerrados y se ubican en lugares estratégicos alejados de los centros poblacionales o cauces de agua, entre otras características.
Además, de los gases provocados por la fermentación de la basura, puede obtenerse una fuente de energía, subrayó Sosa.
La reunión de hoy contó con la participación del director del Servicio Coordinado, Juan García y el senador promotor de la iniciativa.
Según García, el proyecto es perfectible, ya que, “una de las cosas en las que no estamos cien por ciento de acuerdo en que hay (en el proyecto) demasiada regionalización y la segmentación en emergencias hace que el paciente termine siendo de nadie”.
“Nosotros creemos que el paciente en emergencia es un paciente único” que no debe depender de las secciones para ser atendido, dijo el funcionario y agregó que con la sectorización quedaban establecidos límites que, a veces complicaban la atención “si un accidentado quedaba de un lado u otro de una calle”.
Por su parte, el autor del proyecto especificó que la idea es “extender el servicio, como corresponde a todos los departamentos”.
Finalmente, el presidente de la comisión de Salud, Luis Francisco (PJ) informó que se acordó trabajar en conjunto entre todos los actores que intervienen en la gestión y organización del Servicio Coordinado de Emergencia.
“Hemos juntado al autor del proyecto con las autoridades y la gente que convive con el servicio, el objetivo nuestro es que todos puedan aportar en un mismo ámbito”.
Los ejes fundamentales del encuentro estuvieron dados por la expresión de los legisladores sobre la causa Malvinas y el apoyo a la política de Estado implementada en relación a la defensa y reivindicación de la soberanía sobre Malvinas e islas del Atlántico Sur.
Al dar inicio a las alocuciones, el Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, destacó la posición que ha manifestado nuestro país en la causa Malvinas al defender la soberanía argentina sobre las Islas por caminos de paz. Además, agradeció la presencia de todas las organizaciones sociales y políticas que se hicieron presentes y subrayó la adhesión de la Legislatura y nuestra provincia a la declaración de Ushuaia.
El diputado Gustavo Arenas, titular del bloque de legisladores justicialistas de la Cámara, subrayó que Malvinas es una causa histórica, nacional, regional y global y celebró que ésta reafirmación de derechos sobre las Islas se haya transformado en una política de Estado.
Según la óptica del diputado Arenas ha sido enriquecedor “escuchar, proponer y debatir con los propios artífices de la Declaración de Ushuaia los lineamientos de esta causa y el camino propuesto para recuperar la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes”.
En el acto la Cámara de Diputados fue reconocida por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Diputados y Senadores Nacionales por ser la primera Legislatura del interior del país en adherir a la Declaración de Ushuaia.
La directora de la Dinaf, Cecilia Pallucchini y de Restitución, Verónica Bertolotti, indicaron que sus áreas contemplan la asistencia de niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad. En la actualidad hay 580 en hogares y las familias cuidadoras perciben $450 por los mismos. Con ese apoyo familiar han restituido 120 y con acompañantes familiares tienen a 60 chicos. También están en su órbita 80 chicos pertenecientes al exCose y 150 con conductas delictuales en edades que van de los 12 a los 14 años.
Destacaron las funcionarias que hay un trabajo específico sobre cada uno de los niños y adolescentes, pero hay una necesidad de tener más hogares y más profesionales para que la ayuda llegue en forma adecuada.
Esta labor interdisciplinaria se lleva a cabo con el apoyo de la Justicia de Familia y de la Comisaría del Menor y en la actualidad se realiza una tarea conjunta con el Ministerio de Salud.
tendrá como objetivos incentivar la investigación, planificar la producción de medicamentos esenciales y definir líneas de acción para garantizar calidad, accesibilidad y universalidad de los mismos.
Dentro del Programa marco, se crea el Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos – LAPROMED – que funcionará en las instalaciones existentes en la ciudad de San Rafael y persigue como finalidad producir medicamentos de calidad “favoreciendo el acceso a la población, priorizando los grupos económicamente rezagados y/o que no poseen seguros de salud”.
Asimismo, se propone “atender la demanda en los efectores de salud de medicamentos esenciales”.
El laboratorio se constituirá en un ente público descentralizado y estará sometido a una auditoría interna, a cargo de profesionales de las áreas técnicas, contable y jurídica del Ministerio de Salud, cuyos informes serán remitidos al Poder Ejecutivo, y una auditoría externa a cargo del Tribunal de Cuentas.
diferencias en regalías petroleras, solicitud al Poder Ejecutivo provincial para que realice actos ante autoridades nacionales para que la petrolera aumente en 0,5% la producción de crudo destilado, pedido de informe al Ejecutivo provincial sobre concesión y explotación de petróleo a la empresa YPF S.A. y solicitud al Ejecutivo de Mendoza para que se asegure el abastecimiento de naftas y gasoil.
La iniciativa de las bancadas del Partido Justicialista y Eje Peronista solicita al Poder Ejecutivo Nacional y Provincial que “verifique, audite y revise los mecanismos de control sobre la destilería Luján de Cuyo, el plan de inversión que se realiza en la misma y la posterior distribución de combustible en todo el territorio provincial”.
Asimismo, manifiesta el “rechazo en todos sus términos a las afirmaciones y argumentos vertidos por la empresa YPF S.A. en la reunión realizada en la comisión de Economía, Energía, Minería e Industria” el día 3 de abril del corriente año.
Desde la bancada demócrata, la Resolución aprobada de autoría del diputado Aldo Vinci, solicita al Poder Ejecutivo que instruya al Fiscal de Estado de la Provincia a los efectos de que “inicie las acciones judiciales contra la Nación, reclamando el pago de las diferencias en las regalías petroleras mal liquidadas desde el año 2004 hasta la fecha”.