que plantea nuevos límites al Barrio Cívico con el objeto de despejar dudas respecto a la jurisdicción provincial o municipal en algunas construcciones o emprendimientos privados, calles, veredas o espacios públicos.
Laura Profili, Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Capital, sostuvo que “en algunos casos sucede que el municipio no puede actuar brindando los servicios básicos como limpieza de acequias, arreglo de calles, etcétera”. Agregó que existe una ley del año 1965 junto a una modificación de la misma del año 1969 en la cual se expresan, por ejemplo, los límites en altura en las edificaciones que no deben tener más de 7 metros; algo que no se corresponde con la realidad según su óptica.
La funcionaria expresó que “el Código de Edificación ha ido cambiando a través de los años, pero esa ley no. No se contemplan aspectos frente al crecimiento edilicio y/o el incremento del parque automotor” , por lo que algunos aspectos técnicos se ven afectados a la hora de realizar trabajos que le competen a la Municipalidad.
iniciativas relacionadas con la declaración de áreas protegidas.
Los proyectos buscan proteger zonas en las distintas latitudes de la provincia, desde Malargüe hasta Lavalle.
Según el titular de la comisión, Antonio Spezia (PD), falta determinar algunos límites y el alcance de restricciones de las áreas que buscan protegerse y, por esto, Recursos analizará los textos y se realizará una nueva reunión.
“Estamos avanzando en varios proyectos e incluso algunos se van a trabajar en conjunto con Senadores para poder acelerar el tratamiento”, dijo Spezia.
Además, el legislador explicó que también deberá consensuarse con los municipios donde están estas áreas y, en algunos casos, con privados que son propietarios o habitan las zonas.
Por su parte, el director de Recursos Naturales expresó que “algunos proyectos los vamos a poder tramitar en quince o veinte días pero otros necesitan un estudio de campo” pero agregó que “en los próximos noventa o ciento veinte días” espera tener una conclusión definitiva.
Mendoza la aplicación de la ley Nacional N° 17.801 de conformidad con lo establecido por el Art. N° 38 del mismo Cuerpo Legal, y por lo tanto derogar el Decreto Provincial N° 155 de 1980.
Según los fundamentos, el proyecto organiza un mejor servicio de publicidad registral brindado a notarios, abogados, agrimensores, particulares y organismos públicos, dando mayor certeza y unificando los criterios de calificación registral de los documentos ingresados a las Direcciones de Registros Públicos de la Provincia a fin de conseguir mayor seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias en Mendoza.
Paula Alfonso explicó que hay necesidad de reforma de la ley nacional. Seguido de ello, expuso el ejemplo de San Luis que no le ha dado a la Nación injerencia en materia de procedimientos que, como sucede en Mendoza, es competencia únicamente provincial.
quien analizó la posibilidad de crear el organismo formalmente, a través de una ley.
Según indicó Mauro, hace 50 años que funciona el coro pero sin un marco institucional. “El coro existe de hecho pero no de derecho”, dijo, agregando que “un organismo de esta naturaleza, reconocido internacionalmente, no puede estar 50 años sin sostén”.
Asimismo, expresó que el Coro de Niños Cantores de Mendoza es “un patrimonio cultural de la provincia” y que lo que se busca además, es contar con un presupuesto para mantener su funcionamiento.
Actualmente, más de 40 personas forman parte del Coro entre niños y profesionales, que trabajan en “una habitación en el ex Ferrocarril Belgrano”, expuso Mauro.
Argentina y el Gobierno de la Provincia. En consecuencia se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un endeudamiento por la suma de 43.258.628, quedando facultado a través de los Ministerios de Producción, Tecnología y e Innovación y/o Hacienda a suscribir todos los instrumentos contractuales que resulten necesario para alcanzar el objetivo de la presente ley y a partir de los mismos a incrementar el Presupuesto de Gastos de la Administración Provincial contra Uso del Crédito.
También se autoriza al Ejecutivo a afectar Recursos y/o Activos Provinciales en garantías de la operatoria objeto de la presente ley. Se exime del Impuesto de Sellos toda documentación que se suscriba a los efectos de la aplicación de la presente ley y se incluye en esta eximición la documentación de las refinanciaciones que deban suscribir los deudores del sector agropecuario que comprenda esta operatoria.
La comisión de Salud de Diputados trabaja en una iniciativa que de solución a y a las familias con niños que padecen autismo.
En principio la semana entrante se convocará a al director de Discapacidad de la Provincia y a representantes de OSEP y , además, en un plazo de dos meses “como máximo” se realizarán jornadas de trabajo en la Legislatura con distintos actores e instituciones que aborden la problemática.
Según explicó el titular de la comisión, Alberto Recabarren (PJ), la decisión tiene el aval de todos los integrantes y la idea es trabajar para dar solución a corto plazo a las familias que necesitan apoyo y luego trabajar en el mediano plazo en la adhesión a la ley nacional de discapacidad o en la creación de una normativa provincial impulsada desde la comisión de Salud.
“Una de las soluciones podría ser una ley provincial” dijo Recabarren, aunque aclaró que existen actualmente dos iniciativas que adhieren a la norma nacional.
pueda cubrir las necesidades financieras, en este caso, gastos corrientes.
En este sentido, Fernando Simón, subsecretario Legal y Técnico de Gobierno sostuvo que al otorgarse los 10 millones de pesos se posibilita mantener operativa la empresa a partir de los cambios que se van produciendo cuando se efectivice el cambio de propietarios. A su vez, resaltó que la empresa prestará el servicio de agua y cloacas por 60 días sin que antes pueda percibir facturación, ya que ese dinero es de la gestión anterior, por ello se incluye en el artículo que hace referencia a los 10 millones que “el dinero será recuperado”.
El presidente de la Cámara de Diputados, ing. Jorge Tanús, expresó que la empresa tiene “una cuestión de déficit estructural. Ha habido un vaciamiento por parte de los últimos concesionarios porque han tenido falta de compromiso con la Provincia.” Subrayó, además, que la intención es reestatizar O.S.M. y que por ello “los aportes sobre una mejor administración deben ser para los próximos días, cuando diseñemos el futuro de la empresa estatal”
El diputado Ricardo Puga (PIM), manifestó que tiene “preocupación por el costo operativo de la empresa. Debería ser lo más austera posible en función de la realidad que hoy se vive. El pasado demuestra que los empresarios no han invertido. Debe hacerse un replanteo de lo que se desea hacer”.
on el fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, con quien analizó la situación de la provincia en torno a las aduanas especializadas.
La idea, es avanzar en una estrategia provincial que involucre tanto a los legisladores provinciales, nacionales, Gobierno, Fiscalía de Estado y los sectores involucrados, para destrabar el tema a nivel nacional.
Según explicó el diputado Humberto Montenegro (ConFe), la provincia cuenta con dos aduanas, que tienen “categorías inferiores” a las que funcionan en otras provincias del país como Buenos Aires, Córdoba, Salta y la ciudad de Rosario.
Esta situación, impide el ingreso de determinado tipo de mercaderías que deben desviarse miles de kilómetros para las correspondientes autorizaciones para luego regresar a Mendoza.
S.A. Este acuerdo se logró luego de las distintas reuniones mantenidas en esta jornada con las autoridades de Cámara y los presidentes de los bloque.
Para fundamentar esta desición el presidente de la bancada justicialista Carlos Bianchinelli sostuvo que “existe desde el Gobierno la necesidad de restituir esta empresa a los mendocinos y para lograr esta instancia, esta ley tiene que tener todos los consensos políticos”. “Las dudas de la oposición, indicó el diputado Bianchinelli, se deben debatir e informar con los distintos funcionarios del gobierno que entienden en este tema”.
Por su parte, el titular del ConFe, el diputado Andrés Marín sostuvo que “este nuevo proceso de OSM necesita de un consenso político con vistas hacia el futuro. Por esa razón, me parece saludable que el oficialismo haya apostado al dialogo para lograr que se sancione esta ley”.
A su turno el diputado Roberto Pradines del PD indicó que “ante las dudas sobre algunos de los artículos que contienen esta norma, celebramos que se hayan reflexionado a favor de la provincia y que todos podamos acceder a la información respaldatoria”.
edición de libros y promoción de la lectura, priorizando los autores mendocinos.
El objetivo es contribuir a la difusión de nuestra cultura, fortaleciendo la pluralidad territorial y la identidad provincial.
Además, se declara de interés provincial el Fomento y Producción de Libros, en soporte papel y digital, “ya que el mismo significa un aporte efectivo a la ampliación de la base cultural de la Provincia y al fortalecimiento de un área estratégica para la cultura de Mendoza, a la difusión del conocimiento y el arte”.
Asimismo, se adhiere a la Ley Nacional del Libro y la Lectura – 25.446 – y se crea un Consejo Asesor cuyas funciones serán, entre otras, la de asesorar a la Secretaría de Cultura de Mendoza en la ejecución de esta ley, así como en la elaboración de propuestas vinculadas a una política integral del libro y la lectura, que incluya libros, fascículos e impresos similares, cualquiera sea su género y soporte.
También, elevar propuestas de coordinación y cooperación entre el Estado provincial y el sector privado vinculado a la temática, y asesorar y proponer políticas para estimular y fortalecer el trabajo de los autores mendocinos.
Por otra parte, se crea el Fondo Provincial del Libro, como “instrumento destinado exclusivamente a la Producción de Libros y el fomento a la Lectura. Dicho fondo tendrá una asignación presupuestaria del uno por ciento del presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura de la Provincia o al organismo que lo reemplace”.