impulsa la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26742 denominada de muerte digna y a su decreto reglamentario.
La ley que establece la obligatoriedad de la constitución de Comités Hospitalarios de Bioética, en los hospitales públicos descentralizados, que cumplirán funciones educativa, consultiva, normativa y revisora de decisiones respecto de aquellas cuestiones éticas y bioéticas que surjan de la práctica de la medicina hospitalaria, recibió el aporte de profesionales de reconocida trayectoria que se desempeñan en distintos establecimientos de salud de Mendoza.
Los participantes del encuentro realizaron transferencia de experiencias y conocimientos en bioética y en ese marco el titular de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), Alberto Recabarren, destacó el accionar de la unidad de Cuidados Paliativos que ese organismo ha plasmado a partir de un cambio de paradigma en la institución.
“Trabajamos para humanizar la salud, para la empatía de ponerse en la piel del otro y personalizar la atención de aquellos pacientes que lo requieren. Usamos los recursos disponibles como por ejemplo, el acompañamiento y la terapia de la risa”, dijo Recabarren.
detallesrelacionados a la emisión de Letras por un total de 244 millones de pesos con una tasa de interés del 0 por ciento.
A través de un pedido de informe el demócrata Aníbal Ríos, se solicitó la presencia de los funcionarios para evacuar dudas respecto del modo en que la provincia afrontará la cancelación de las Letras, prevista para el 26 de diciembre de este año, en tiempo y forma.
Ríos señaló que “teniendo en cuenta los números reales de la recaudación mendocina, los índices económicos del producto bruto geográfico, los informes fiscales propios genera preocupación el aumento del gasto y la necesidad de recurría a este financiamiento extraordinario”.
Al respecto Martínez Appiolaza dijo que se cumplirá con lo pactado” con las herramientas de financiamiento previstas en el articulo 70 y 144 de la Ley de Presupuesto y que permite endeudamiento que excede el ejercicio fiscal 2013”. No descartó que una de esas herramientas sea la emisión de un bono aunque aclaró que también “puede ser por recaudación propia “.
de la permanencia y preservación de la Nación en el Continente Blanco, donde todos los destinados a la Antártida se convierten en celosos custodios de esta reserva natural, que es Patrimonio de la Humanidad.
El acto fue organizado por la diputada Norma Moreno (PJ) y la “Agrupación Antárticos de Mendoza”.
La mesa estuvo integrada por las diputadas justicialistas Norma Moreno y Mónica Zalazar y el secretario general de la Fuerza Aérea, Brigadier Guillermo Lazada Acuña; el director de Asuntos Antárticos, Comodoro Osvaldo Enrique Maschisini; el jefe de la delegación Naval Cuyo, Capitán de Fragata Américo Dávila, el presidente de la Regional Mendoza del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea “Asociación Mutual”, Suboficial Mayor (R), Hugo Walter Villa, el presidente de la Agrupación Antárticos Argentinos, Subofical Principal, Carlos Ariel García y el comandante Fernando Klix Berrotarán (ex jefe de la Base Malambio y Veterano de Guerra).
por el que se establecen las condiciones mínimas indispensables en lo referente a la higiene de los servicios sanitarios públicos permanentes, y los de uso de público indeterminado, en todo el ámbito de la Provincia de Mendoza.
El texto de la media sanción indica que se entenderá por Servicios Sanitarios de uso de Público Indeterminado a “todas la instalaciones sanitarias privadas que supongan el uso por parte de personas indeterminadas que transitoria o permanentemente se encuentren allí, dispuestas para que éstas realicen la deposición de sus necesidades fisiológicas, así como también, a que concreten su aseo personal”.
Asimismo, aclara que “a los efectos de esta ley se entenderá por Servicios Sanitarios Públicos Permanentes, todas las instalaciones sanitarias públicas, ya sea por su ubicación, origen, o naturaleza, equipadas y destinadas a que las personas realicen la deposición de sus necesidades fisiológicas, como así también, a que concreten su aseo personal”.
autorizara a la Administradora Provincial del Fondo de la Transformación y el Crecimiento asuscribircontratos de fideicomisos cuyos objetos principales sean asistir financieramente a las cooperativas de trabajo que se encuentran bajo el régimen de ocupación temporaria por causa de utilidad pública, de empresas radicadas en la provincia que se encuentran en procesos de quiebra.
Una de las modificaciones la autoriza a “suscribir como fiduciante, inversor, fideicomisario y/o beneficiario, contratos de fideicomiso” para “asistir financieramente” a estas cooperativas de trabajo, “con el objeto de continuar con la explotación de la empresa, mantener las fuentes laborales, como así también de obtener adquisición singular de todos o parte de los bienes que integran el activo falencial o la adquisición de la empresa como unidad de negocio, mediante la oferta de compra directa y /o demás instrumentos regulados de la ley de Concursos y Quiebras N° 24.522 y sus modificatorias. Los fondos destinados al fideicomiso podrán ser utilizados oportunamente por las cooperativas que resulten adjudicatarias mediante la sentencia respectiva del juez competente, para financiamiento o adquisición de bienes de capital destinados al mejoramiento de la capacidad productiva de la empresa.
La Autoridad de Aplicación, a los efectos de otorgar la asistencia financiera antes mencionada, considerará los siguientes criterios:
a) Riesgo de realización de los inmuebles, maquinarias, herramientas e instalaciones de las empresas mencionadas;
b) Vencimiento del plazo de ocupación temporaria por causa de utilidad pública;
c) Viabilidad económica-financiera de continuar con la explotación de la actividad, por parte de las cooperativas;Estos criterios serán evaluados en forma indistinta o conjunta, como así también son a título meramente enunciativo, pudiendo la autoridad de aplicación considerar otros factores, en su decisorio teniendo presente a los efectos evaluatorios los informes y constancias del expediente judicial donde tramita el proceso falencial”.
numerar todos los componentes.
La Cámara Baja aprobó un proyecto de Daniel Cassia por el cual se modifica el primer artículo de la ley 8248, que estableció la obligatoriedad del gravado de autopartes en el capot, todas las puertas y en la tapa del baúl para coches registrados.
Pero, según los fundamentos del proyecto, “hoy sólo se puede cumplir en parte ya que sólo los que realizan la transferencia de un vehículo usado, tienen que verificar dicha unidad”, pero no ocurre lo mismo con los rodados 0km a los que “no se verifica el motor y se entregan directamente a sus propietarios las unidades patentadas desde las agencias de automóviles y/o gestores”.
Para el autor de la iniciativa “esto implica un desigualdad ante la ley y aumenta el riesgo de que el automotor sea robado”, expresó el legislador en e texto.
En base a esta fundamentación, la modificación propuesta y aprobada en Diputados incluye a los 0km.
rovincial. En este instrumento se estipula que “las Cámara funcionarán en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de mayo al 30 de setiembre y podrán prorrogar sus sesiones por propia iniciativa hasta 30 días. En la prórroga sólo podrán ocuparse del asunto o asuntos que le hayan dado origen y de las que el Poder Ejecutivo incluyese durante ella”
Durante esta prórroga serán considerados los proyectos y asuntos que tengan estado parlamentario y los que ingresen hasta las 24 horas del día 30 de octubre de 2012 en ambas Mesas de Entradas de las respectivas Cámaras. Como así también todo lo que el Poder Ejecutivo incluya durante el mismo tiempo.
En el artículo 2do. de la resolución se autoriza a las Cámaras a realizar sus sesiones de tablas y las reuniones de Comisiones durante dicho período, los mismos días y en el mismo horario que tienen fijados para el Período Ordinario.
onvocados representantes de la empresa distribuidora Gas Cuyo SA.
La tarea de la Comisión fue encomendada por resolución del Cuerpo a instancias de una iniciativa presentada por el diputado radical Daniel Dimartino, tras la tragedia registrada recientemente en la ciudad de Rosario como consecuencia de una explosión por escape de gas en un edificio.
En otros encuentros estuvieron presentes miembros de ECOGAS y de la Asociación de Gasistas Matriculados. Para esta ocasión también fue invitado el delegado regional de ENERGAS, quien no asistió, pero será nuevamente convocado.
Presidió la reunión el presidente de la Comisión, Cristian González (PJ) y asistieron Daniel Dimartino (UCR) y convocante del encuentro; los justicialistas Luis Francisco y Marina Femenía; el demócrata Jesús Riesco; el radical Diego Guzmán, y la senadora Ana Coppoletta (UCR), quien manifiesta también su preocupación por el tema y comentó la tarea que al respecto se está generando en la Cámara Alta.
Todos coincidieron que la ausencia de ENERGAS, autoridad de aplicación de la normativa vigente, dejaría sin respuesta algunos interrogantes importantes dada las atribuciones que tiene sobre el tema en cuestión.
Licenciados en Administración de Mendoza (ALAM).
Durante el encuentro se desarrollaron diferentes exposiciones, tendientes a intercambiar saberes, experiencias y opiniones acerca de los procesos de cambio de la Administración Pública y el rol del administrador público en la complejidad actual de las organizaciones.
Los disertantes fueron el diputado radical Tadeo García Zalazar; la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Graciela Cousinet; el gerente de Aderpe, Lucas Carballo; María Eugenia Salinas, Magíster en Administración Pública, y Lucio Duarte, profesor de Ciencias Políticas y ex superintendente de Irrigación.
Las temáticas abordadas fueron el perfil y las competencias del Administrador Público, su rol como generador del cambio organizacional, el diseño de proyectos sustentables al interior de las organizaciones y la Colegiatura como herramienta para la cohesión profesional y la inserción laboral, entre otros temas.
la Cámara de Pastores de Mendoza (CREDEP) para entregar aportes relacionados a la educación en las instituciones formativas de la provincia.
La CREDEP representa los Consejos Pastorales de los dieciocho departamentos de la Mendoza, integrados por más de doce diferentes organizaciones Evangélicas.
Que los niños sean “educados en el ámbito político y religiosos por sus padres en el seno del hogar y con las herramientas con las que ellos elijan”; que el Estado sea el encargado de “regular la educación pública y no permitir el proselitismo religioso o político en la enseñanza escolar, en ningún nivel”; que “las instituciones religiosas sean un “respaldo a la educación pública sin intervenir en la enseñanza directa o en las prácticas áulicas”, pero sí “interviniendo en las actividades protocolares y extracurriculares”, son algunas de las sugerencias presentadas en el documento.
Tanús invitó a representantes los presentes a presentar el documento a la comisión Bicameral de Educación, para que se tengan en cuenta los aportes y se debata la relevancia de la religión dentro educación pública.
La iniciativa de la invitación pertenece a Daniel Dimartino, del bloque de la UCR, e incluía también a representantes de Ecogas, quienes se excusaron por no asistir debido a cuestiones operativas relacionadas con tareas de la empresa.
“Es un tema muy complejo y nosotros tenemos que tratar de acercar a las partes para modernizar la legislación vigente”, dijo Dimartino y sumó que “se debe hacer un relevamiento urgente de las condiciones” de las instalaciones de gas en los edificios de Mendoza.
En lo relativo a la contingencia, Marcelo Dapás explicó que existe un protocolo en Mendoza para afrontar una situación catastrófica como la sufrida en Santa Fe y agregó que, además del plan de contingencia provincial, existen planes departamentales que lo complementan.
El director de Defensa Civil sumó que a partir de la tragedia de Rosario se perfeccionó el protocolo de contingencia en Mendoza.
La iniciativa es impulsada por Francisco como titular de la comisión legislativa y contempla aspectos tales como el ámbito de aplicación, el desempeño de la actividad profesional, la autoridad de aplicación, inhabilidades e incompatibilidades y derechos y obligaciones, entre otros.
En ese sentido, uno de los puntos abordados durante una reunión mantenida con funcionarios del Ministerio de Salud y profesionales del área, fue si el psicomotricista tiene o no intervención en neonatología, o si su ámbito de incumbencia comienza a partir de los 3 años de vida del paciente.
Al respecto, las distintas visiones sobre el tema apuntan a determinar si participan en la estimulación temprana en neonatología o si las derivaciones son a posteriori, a partir de los 3 años de edad.
Además, se planteó el tema de las matriculaciones en lo referente a si tienen que ser dispuestas desde la salud o desde el ámbito educativo, aspectos que podrían dejarse establecidos en la reglamentación de la futura ley.
De hecho, el proyecto dispone que ”el control del ejercicio profesional en el ámbito de la salud y la matrícula respectiva corresponden al Ministerio de Salud, en las condiciones que establezca la reglamentación”, en tanto que “el control del ejercicio profesional en el ámbito de la educación corresponden a la Dirección General de Escuelas en las condiciones que establezca la reglamentación y/o institución que sea habilitada para la incumbencia”.
Por otra parte, señala que “se considera ejercicio de la psicomotricidad a la actividad de carácter preventivo, terapéutico y educativo, como práctica específica en el campo de la atención primaria, en la prevención y en educación para la salud, como enfoque pedagógico que facilita un abordaje más ligado a los procesos genéticos del psiquismo, y en la atención secundaria y terciaria, al integrarse a equipos terapéuticos en atención temprana, reeducación y terapia de las secuelas psicomotrices de la patología genética, perinatal, en los déficit sensoriales y/o motores, en la prevención del hospitalismo, y de las carencias medio ambientales que afectan a los aprendizajes, las funciones gnosopráxicas en el niño, adolescente, adulto y gerente”.
El objetivo de la norma es garantizar que la Escuela, como institución, sea un espacio armónico para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en la provincia, reconociendo la autoridad que tiene los agentes de la educación en el ejercicio de sus funciones y reforzando el respeto debido entre todos los miembros de la comunidad educativa, para lograr garantizar el derecho la educación.
El ámbito de aplicación de la norma será para todos los entes de gestión de educación estatal y privada en todos los niveles y modalidades.
En cuanto al alcance de la ley es para todos los docentes titulares o remplazante, todas las jerarquías dentro de la estructura funcional de la Dirección General de Escuelas, los educandos de todos los niveles y la familia.
Están comprendidas en esta norma todas las conductas que amenacen, turben o menoscaben la libertad, la dignidad, integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, tanto en el espacio de un establecimiento escolar como fuera del mismo y sea manifieste en lugares públicos, abierto al público o expuestos al público. Quedan también comprendidas las perpetradas desde el estado por sus agentes, siempre que no constituyan una falta mayor o delito tipificado en el Código penal.
El artículo 43 del Código de Faltas modificado quedó redactado de la siguiente manera: “el que, en lugar público y privado abierto al público, ofendiere en formar personal y directa con burlas, mofas, palabras, señas o actos a un uncionario público en razón de su cargo y siempre que el hecho no constituya delito, será castigado con arresto hasta tres días o con multas hasta 10 días multas. Si el ofendido fuere miembro de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, nacionales o provinciales, del Tribunal de Cuentas o representantes del Cuerpo Diplomático o Consular nacional o extranjero de un Estado amigo, o personal docente o no docente con desempeño en establecimientos educativos de gestión estatal o privada la pena podrá ser aumentada hasta treinta días de arresto y la multa de hasta treinta días multa”.
Sur”, con el fin de instalar el tema Malvinas en la comunidad y presentar un proyecto educativo para que los estudiantes conozcan la realidad y verdad sobre las Islas.
Los contenidos a incorporar por la Dirección General de Escuelas serían la recuperación del ejercicio pleno de soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwichs del Sur, los espacios marítimos circundantes y el sector antártico argentino, entre otros.
La iniciativa presentada por el presidente de la Asociación, Raúl Marcelo Moreno, que hizo suyo la diputada Gutiérrez, ha sido acompañada por las firmas de los legisladores Luis Petri (UCR), Claudio Díaz (PJ), Norma Moreno (PJ), Víctor Hugo Babolené (PD), Daniel Dimartino (UCR) y Rita Morcos (PJ).
Gutiérrez rescató la importancia de reconocer a “nuestros héroes de todos los días”, que “caminan entre nosotros” y tomar conciencia de que es “necesario realizar una revisión histórica” y no seguir caracterizándonos por “olvidar lo que no fue un éxito”.
En el mismo sentido, expresó que el objetivo es que “las generaciones que vengan estudien la verdadera historia” y se tome conciencia de la existencia de “un ejército dual”, que por un lado “dio la vida por la patria” y otro “defendió intereses ajenos”.
Moreno, resaltó la responsabilidad moral que tienen como veteranos de guerra, de continuar instalando la causa Malvinas en la comunidad y en las instituciones educativas, para que se conozca la verdadera historia y se honre a los ex combatientes que murieron, a sus familias y a los sobrevivientes de la guerra.