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La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto de Ley de Luis Petri (UCR), por el cual se crea el Registro Provincial de huellas genéticas
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digitales, que dependerá del Poder Judicial.La norma establece que el Registro tendrá por objeto contribuir al esclarecimiento de hechos que sean objeto de investigación criminal, particularmente en lo relativo a la individualización de las personas responsables; identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas y discriminar las huellas del personal policial que interviene en el lugar del hecho para determinar posibles casos de contaminación.
El registro estará constituido por las huellas genéticas asociadas a la evidencia obtenida durante la investigación policial o el proceso penal, sin que ésta se encontrase asociada a una persona determinada; las huellas genéticas de las víctimas obtenidas en la escena del crimen (debe estar de acuerdo con la inclusión de sus huellas en el registro); la de los cadáveres o material biológico; las que se pudiesen encontrar ligadas a la persona vinculada y señalada como autora del delito y las de las fuerzas de seguridad intervinientes (Policía o Servicio Penitenciario).
Para el autor de la iniciativa el Registro le otorgará a la investigación penal una nueva herramienta al servicio de la seguridad, lo que implica resolver un delito, apresar al culpable y obtener su condena en poco tiempo.
El plenario de comisiones recibió también el aporte de Guillermo Pensado, geólogo que trabaja en el ámbito de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros.
El plenario de comisiones de Diputados que analiza la autorización del proyecto minero en Uspallata recibió a representantes de distintas agrupaciones ambientalistas que consideraron negativa la instalación del
emprendimiento.“No estamos en contra de la minería, sino de la mega minería contaminante como San Jorge”, manifestó Eduardo Llorca, de la Organización ambientalista Los Horneros.
Claudia Timoner, del Consejo Provincial Ambiental, sumó que “San Jorge es inviable porque pone en juego nuestro recurso hídrico” y Eduardo Sosa de OIKOS opinó que “el xantato (que usaría la minera) reúne condiciones para considerarse tóxico”, entre ellas la “explosividad” y la posibilidad de causar cáncer.
Estas opiniones se escucharon en la reunión llevada adelante por las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda, Economía y Obras Públicas, que han realizado una serie de consultas previas al tratamiento del expediente que contiene la ratificación de la Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge.
Además, Marcelo Giraud, representante de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza ante el Consejo Provincial del Ambiente, también se expresó en contra. Para él, la instalación de San Jorge “estaría violando por lo menos tres leyes provinciales que legislan sobre sustancias tóxicas y áreas naturales protegidas”.
Además, Giraud manifestó que “distintos elementos del ambiente se contaminarían”, entre ellos el agua, pero también “el aire, el suelo y la flora y fauna del lugar”.
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El nuevo Ministro de Gobierno se reunió con los integrantes de Labor Parlamentaria de ambas cámaras para ponerlos en antecedente del proyecto y acercar posiciones para su próximo tratamiento. Mantuvo, asimismo, una reunión con
el Presidente de la Cámara, Jorge Tanús y el diputado Carlos Bianchinelli (PJ). El ministro de Gobierno, Félix González, participó de las reuniones de Labor Parlamentaria de ambas cámaras a la que asisten todos los jefes de bloque, para anunciar el envío del proyecto de reforma de la Constitución provincial.
El borrador que elaboró el Ejecutivo ingresará formalmente mañana a la Legislatura y se estima que entrará por el Senado.
El funcionario destacó a los legisladores que es necesario tener un debate abierto para que la oposición realice los aportes que crea necesario y señaló que “me interesaría profundamente que tengamos un diálogo fluido y como un ministro político tengo que cumplir con esa misión es lo que me ha pedido el gobernador Jaque “.
Este debate será a “agenda abierta, que nos tomemos el tiempo que nos haga falta, en todas las fuerzas políticas hay vocación de reformar, en relación con los tiempos cualquier momento puede ser positivo o no, este momento puede ser bueno para entender que al transitar una etapa de culminación de mandato no beneficia a la actual gestión sino que piensa en función de futuro ya que cualquier fuerza política puede ganar las a elecciones, aclaró el ministro.
Si finalmente se sanciona la ley declarando la necesidad de la reforma, se intentará llegar con tiempo a los comicios de octubre próximo para someterlo a consulta popular.
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Se destacan aportes y reformas relacionadas a la indemnización directa a consumidores, las multas a aquellos que no cumplan con la normativa y los alcances legales hasta con las empresas de prestación de servicios públicos.
La Cámara de Diputados otorgó sanción inicial a un proyecto de Ley de Ricardo
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Puga (PIM) por el cual se incorporan modificaciones a la Ley Provincial de Defensa del Consumidor.De acuerdo a lo expresado en la iniciativa, se deberán incorporar a la normativa provincial aspectos relacionados a la ampliación de alcances, obligaciones y deberes de comerciantes en relación a los usuarios y consumidores de bienes y servicios.
Dentro del articulado de la norma se explica que “el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”; información que debe ser siempre gratuita para el consumidor.
Del mismo modo, se establecen los detalles que deberán contener los documentos de venta, en ellos se consignarán descripción y especificación del bien, nombre y domicilio del vendedor y fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere, características de la garantía, plazos y condiciones de entrega, precio y condiciones de pago y costos adicionales, especificando precio final a pagar.
Los integrantes de la comisión de Salud de la Cámara Diputados que preside, Alberto Recabarren (PJ) recibieron a la titular de AMPROS, Isabel del
Pópolo para discutir el proyecto de ley por el cual será posible que los profesionales de la salud puedan tener más de un cargo en la administración pública.La ley será de aplicación en toda la provincia siempre y cuando no exista incompatibilidad horaria y no excedan las cincuenta y cinco horas semanales de conformidad los la ley 7759.
Los profesionales encuadrados dentro de esta norma podrán tener mas de un empleo público, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, siempre que su actividad se desarrollo en distintos ministerios y/o repartición u órgano descentralizados y autónomos.
No se aplicará el régimen mencionado a las personas que desarrollen su actividad en el mismo ministerio y/o repartición y/o órgano descentralizado.
Por otra parte, se abordó dentro de la comisión la problemática que se plantea dentro de la caja de la mutual del arte de curar en la cual muchos profesionales se encuentran en mora.
La comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto Recabarren (PJ), recibió a directores de distintos Programas de Complejidad, para
interiorizarse sobre el funcionamiento de sus áreas y receptar las inquietudes de los funcionarios.El subsecretario de Gestión de Salud, Enrique Quesada, señaló al respecto que se trata de programas complejos y caros y que si bien afectan a una proporción baja de la población, “en algunos casos son crecientes”, como los pacientes dializados u oncológicos.
Desde esa perspectiva, la titular de la Dirección de Programas Complejos, Natalia Luna Maffei, explicó que son nueve los programas de este tipo más un subsidio nacional. Se trata de los Programas de Oncología, Oxigenoterapia infantil, Oxigenoterapia domiciliaria y adultos, Hepatitis virales, Fibrosis Quística, Diálisis, Hemoterapia y Esclerosis Múltiple, a los que se suma el subsidio nacional en materia de Miastemia Grave. Todos ellos, reciben fondos del Instituto de Juegos y Casinos, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Presupuesto.
En ese sentido, dijo que en 2010, desde el Instituto se afectaron poco más de 90 millones de pesos, de los cuales unos 35 millones fueron derivados a distintos programas de salud, entre los que se encuentran los de alta complejidad.
Los funcionarios, admitieron que los recursos afectados no son suficientes para cubrir todas las necesidades, por lo que desde la comisión se comprometieron a analizar la situación, fundamentalmente, en lo que respecta a qué porcentaje del total de lo recaudado por Casinos, se deriva a salud.
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La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Diversión Nocturna, aceptando las modificaciones efectuadas en la Cámara de Senadores.
La normativa, abarca a todos los eventos sociales y locales de esparcimiento con excepción de los eventos privados socio familiares, realizados en cualquier ámbito en donde no exista venta o canje de entradas ni de bebidas alcohólicas.
Mediante esta nueva normativa, se transforma el Programa Provincial de Previsión de los Riegos vinculados a la Diversión Nocturna de los jóvenes, en la Subdirección de Control de Eventos y Locales de esparcimiento bajo la órbita de la Dirección Provincial de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, junto a la derogación de la Ley nº 6444.
Además, se recategorizan todos los eventos y locales para personas mayores y para menores de edad - diferenciados en dos grupos etéreos que vayan de 12 a 15 años (matinée) y otro de 16 y 17 años (M-17) - y los organizados por establecimientos educativos u organizaciones no gubernamentales, así como también la diferenciación de eventos socio familiares de otro tipo de eventos con fines de lucro. Los propietarios de locales bailables, en tanto, podrán establecer otras categorías para mayores de 18 años, siempre que no impliquen algún tipo de discriminación.
Se dispone también que los locales bailables en donde no se expenda ni se consuman bebidas alcohólicas, gozarán de una desgravación impositiva del cien por ciento de Ingresos Brutos.
Se firmó un convenio de asesoramiento para la implementación del Parlamento Estudiantil entre la Cámara de Diputados, representada por su presidente Jorge Tanús, y la Fundación Familiares Víctimas Indefensas Mendoza -FAVIM-,
bajo la responsabilidad de su titular Eliana Luna.De acuerdo a la ley 7978 por la cual fue creado el Parlamento Estudiantil, iniciativa de los diputados Fabián Miranda (PJ) y Raúl Vicchi (UCR), corresponde ahora reglamentar este instrumento legislativo por parte del Ejecutivo provincial.
Durante el acto de firma del convenio, el prosecretario legislativo de la Cámara, Gustavo Tobares, señaló que se asumirá el compromiso de asesorar a FAVIM para lograr una propuesta para la reglamentación correspondiente conforme a las siguientes consideraciones y cláusulas: que desde el año 2008 la Fundación asiste a la Cámara en el desarrollo del programa “Si yo fuera diputado” visitando escuelas secundarias de todo el territorio provincial.
Además, según la referida ley se establece la creación de un Consejo Asesor Permanente del Parlamento Estudiantil, siendo una de sus funciones elevar al Ejecutivo un proyecto de reglamentación. El Consejo ha propuesto como metodología de trabajo abrir a la sociedad el proceso de conformación del Parlamento Estudiantil, promoviendo la participación de organizaciones no gubernamentales interesadas en colaborar. La Fundación junto con otras ONG desde hace tiempo están elaborando propuestas y asume el compromiso de coordinar y conducir dicha tarea.
El director de Saneamiento y Control Ambiental, Ricardo Debandi, afirmó ante legisladores de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados,
que la información remitida por Vale a la Secretaría de Ambiente es “insuficiente para determinar si se está cumpliendo” con el acta acuerdo firmada con la provincia, por el que se compromete a contratar hasta un75 por ciento de mano de obra y servicios en Mendoza.La comisión, presidida por Alejandro Limas (UCR), recibió al funcionario para analizar si la empresa – que desarrolla en Malargüe el proyecto minero Potasio Río Colorado – está cumpliendo con el denominado “compre mendocino”.
Según explicó Debandi, desde la Secretaría de Ambiente se solicitó a la firma que remitiera la información en noviembre de 2010, pero fue contestada en forma incompleta. A partir de allí, se le pidió que detallara entre otros puntos, las contrataciones realizadas en 2010, los procesos de selección de insumos, servicios y personal, las normas internas de contratación incluyendo a los contratistas y subcontratistas, así como información sobre la sede administrativa principal de la empresa.
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La norma alcanza a construcciones próximas a ríos, lagos y embalses
Diputados convirtió en ley un proyecto por el cual la
construcción de obras nuevas, ampliaciones, refacciones, reformas de emprendimientos turísticos o de otra naturaleza de emplazamiento definitivo a realizarse a una distancia de hasta tres mil metros de las márgenes de ríos, lagunas, lagos y/o embalses en todo el ámbito provincial deberán obtener la declaración de impacto ambiental de acuerdo al punto I, inc. 15 de la ley 5961 (ley 8023). La iniciativa corresponde al senador Germán Gomez (Eje Peronista).En consecuencia para la habilitación municipal y/o provincial deberán contar previamente con un sistema de tratamiento de efluentes y/o líquidos cloacales que permita la reutilización del agua empleada. El líquido tratado podrá destinarse para riego agrícola o forestal. Para la habilitación definitiva deberán contar con el sistema referido concluido, operativo y completo.
El sistema de tratamiento de efluentes o líquidos cloacales debe contar como mínimo con las siguientes características: el efluente tratado deberá cumplir con la normativa vigente establecida por el EPAS, Irrigación y Municipios. El tratamiento de los líquidos cloacales se realizará a través de sistemas biológicos y/o químicos. Deberán contemplar un tratamiento terciario en las cercanías de lagunas, lagos y/o embalses, mediante el abatimiento de fósforo y nitrógeno para evitar la eutroficación de los mismos. El sistema de tratamiento propuesto tenderá a una producción mínima de lodos, deberá minimizar el impacto visual y la generación de ruidos molestos.
La elección fue por unanimidad durante la Sesión Preparatoria
La Cámara de Diputados realizó su Sesión Preparatoria en virtud de iniciarse el próximo 1° de mayo un nuevo Período Legislativo Anual, en cumplimiento del artículo 84 de la Constitución provincial.
De acuerdo con el Reglamento Interno el Cuerpo eligió a sus autoridades. No obstante acordó un cuarto intermedio para el próximo miércoles 27, porque algunos bloques aún no decidían la presidencia de los mismos.
La conducción de la Cámara Baja continuará bajo la responsabilidad del ingeniero Jorge Tanús por decisión unánime de sus pares. Igualmente fueron ratificados Roberto Infante en la vicepresidencia primera y Silvia Ramos en la tercera. La vicepresidencia segunda, en mano de los demócratas, quedó pendiente de definición por pedido del bloque.
La primera parte de la sesión fue presidida por el diputado Ricardo Puga (PIM), por ser el legislador de mayor edad, mientras Tanús fue reelegido para continuar conduciendo al Cuerpo.
Tras las propuestas de los candidatos a ser autoridades de Cámara, por parte de los titulares de los distintos bloques, se efectuó, en todos los casos, votación nominal y luego el juramento de rigor.
Los integrantes de la comisión de Derechos y Garantías de la cámara de Diputados, que preside Ricardo Puga (PIM) recibieron a representantes de choferes
de troles de Mendoza, que llevan a cabo medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales.Los trabajadores pidieron la mediación de los legisladores para que se garantice “la libertad de reclamar dentro del marco constitucional” y solicitaron una investigación para comprobar el estado económico- financiero de la empresa provincial de transporte, ya que según dijeron “los subsidios nacionales que la empresa recibe para pagar aumentos salariales estarían siendo usados de manera discrecional “.
El diputado Puga expresó que “estamos ante un conflicto grave que deja a los usuarios en una situación de debilidad frente al conflicto planteado,” y que es necesario que esta realidad se revierta y se retomen las negociaciones.
También solicitaron que se investigue los “sobreprecios” pagados a una empresa local por mantenimiento de las unidades, denuncia formulada por ATE hace tiempo y cuyo expediente se habría extraviado.
Por este motivo la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja decidió invitar en los próximos días, al Fiscal de Estado y a autoridades del Tribunal de Cuentas, organismos en los cuales habría estado dicho expediente.
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La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley del diputado Fabián Miranda (PJ) por el cual se crea una base de datos que contendrá los nombres
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de calles y plazas d la provincia, a fin de que sirva de elemento de consulta por las municipalidades al momento de nombrar a sus nuevas calles, plazas o espacios públicos.El gobierno de la provincia convocará a esos fines a asociaciones de artistas, geógrafos, historiadores, universidades, entre otos a conformar dicha base de datos.
A partir de la promulgación de la ley la Dirección de Vías y Medios de Transporte tendrá un plazo de dos años para elaborar la cartelería con nombres de calles y sentido de marcha de las mismas, en las intersecciones no señalizadas de Mendoza.
El plenario de comisiones de diputados recibió a un especialista chileno que dirige el Centro de Estudios del Cobre (CESCO) para conocer detalles sobre la experiencia del país trasandino en materia de minería.
Las comisiones de Obras Públicas, Legislación, Economía y Ambiente recibieron a Juan Carlos Guajardo, director del CESCO, organismo que se dedica al estudio de la minería y el cobre en Chile.
Liliana Vietti (UCR), quien presidió la reunión, explicó que la intención del encuentro era conocer la experiencia chilena, sobre todo en materia de “convivencia entre la explotación minera en diferentes escalas y la agricultura y la vitivinicultura”.
En ese sentido se le preguntó a Guajardo si Chile había tenido alguna crítica de organismos internacionales hacia productos agrícolas que se obtienen de lugares cercanos a proyectos mineros.
Sobre esto el invitado respondió que “hubo problemas en un momento con el hallazgo de cianuro en uvas”, pero luego “se determinó que el cianuro fue inoculado”.
De hecho, para Guajardo “hemos (en Chile) ido evolucionando y comprendiendo el aporte de la minería a la producción del país” y además “creemos que bien aplicadas la minería puede ser un actor de desarrollo”.
Roberto Blanco (PJ Federal), presidente de la comisión de Ambiente, interrogó sobre cómo ha hecho Chile para convivir entre la explotación de cobre y el cuidado del ambiente.
El intendente de San Carlos y representantes del Colegio Argentino de Ingenieros de Mendoza junto a la Federación Económica, acercaron sus visiones al plenario de comisiones que analiza el expediente que autoriza el proyecto minero San Jorge. Silvia Cardozo (PJ), de Legislación y Asuntos Constitucionales, presidió la reunión.
Las comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Presupuesto, Ambiente, Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales que conforman el plenario de comisiones, y diputados de distintos bloques, se reunieron con el propósito de analizar el expediente que contiene la ratificación de la Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge, “en los términos señalados en el Informe Ambiental presentado por la empresa, y condicionada al cumplimiento de las instrucciones de carácter obligatorio” que se enumeran dicha resolución.
En este sentido, cada uno de los asistentes hizo uso de la palabra para exponer sus posturas, en torno a las ventajas y desventajas que el proyecto minero San Jorge puede tener en su desarrollo en Mendoza.
Intendente de San Carlos
Al hacer uso de la palabra, Jorge Difonso, intendente del departamento de San Carlos, manifestó razones por las cuales muchos vecinos de esa localidad y del Valle de Uco están en desacuerdo con la explotación minera San Jorge en Uspallata.
Difonso subrayó la necesidad de comprender que Mendoza tiene experiencias de crecimiento y desarrollo sustentable con aprovechamiento del agua como premisa fundamental, esto demuestra que “estamos a favor de un modelo de desarrollo sustentable y la minería metalífera a cielo abierto no lo representa”.
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La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley por
el cual se modifica el régimen legal que ordena la Caja de Seguro Mutual, adaptándolo a la normativa federal de orden público vigente.Esta modificación incorporará la incapacidad psíquica para la cónyuge o concubino y por muerte de los hijos solteros, ítems antes no presentes en al ley
Proporcionará a todos los agentes de la administración pública provincial y municipal una extensión de la cobertura del seguro de vida colectivo obligatorio.
Esta nueva situación conllevará el aumento de las primas de los asegurados, las que serán retenidas por las oficinas respectivas, descontándose de las remuneraciones y jubilaciones respectivas a través del código de descuento.
La filósofa y socióloga Maristella Svampa, la socióloga Norma Giarraca y el especialista en Derecho Ambiental, Enrique Viale, explicaron ante los
integrantes de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados distintos aspectos que, a su criterio, son necesarios para resguardar el recurso hídrico de la provincia y defender el ecosistema de nuestra cordillera ante los emprendimientos megamineros que se conciben para Mendoza.Esta reunión, presidida por Alejandro Limas (UCR) se enmarca dentro del plenario de comisiones que analiza el expediente que autoriza el proyecto minero San Jorge.
En oportunidad de la visita de los especialistas a la provincia, desde la comisión se propuso atender a los aportes que los primeros pudiesen realizar en torno al análisis del expediente que contiene la ratificación de la Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge, “en los términos señalados en el Informe Ambiental presentado por la empresa, y condicionada al cumplimiento de las instrucciones de carácter obligatorio” que se enumeran dicha resolución.
La comisión de Salud de Diputados estudiará la viabilidad de adherir a la ley nacional de prestaciones de salud para personas con discapacidad o
bien promover una iniciativa del Ejecutivo que les garantizaría el servicio.La comisión de Salud, que preside Alberto Recabarren (PJ), se reunió con miembros de la Obra Social de Empleados Públicos y la titular de la Dirección de Discapacidad, María Pereyra de Gabutti, para analizar la posibilidad de que Mendoza adhiera a la ley de prestaciones de servicios de salud para personas con discapacidad.
Según Pereyra, es contradictorio adherir a la ley nacional cuando el Poder Ejecutivo ha presentado una iniciativa para la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza.
De hecho, OSEP ha presentado ayer el proyecto que establecería las prestaciones que esta mutual tendría que efectuar a los discapacitados afiliados.
Raúl Martínez, gerente de asuntos jurídicos de OSEP, manifestó que la adhesión “lisa y llana” a la norma nacional significaría “transformar a OSEP en nacional con lo cual corremos el riesgo de un desfinanciamiento”.
Según Martínez, la inviabilidad radicaría en que existe un fondo con el que trabajan las obras sociales nacionales que le permiten recuperar lo gastado en tratamientos de sus afiliados, pero “nosotros al adherir no tendríamos la posibilidad de recuperar lo que se invierta en prestaciones a los afiliados discapacitados”.
Por eso desde OSEP se promueve un proyecto del Ejecutivo que establecería el “mismo elenco prestacional que a nivel nacional pero asegurándose los fondos necesarios”.
El funcionario aseguró que las prestaciones que se asegurarían con la ley provincial serían el “cien por cien” de las que necesitarían los afiliados.
Diputados dio media sanción a un proyecto de ley de Silvia Ramos (Eje Peronista) por el cual se declara parte integrante del Patrimonio histórico y cultural de la Provincia, en los términos de la ley 6034 y sus modificatorias, al inmueble de la escuela 9-003 Normal Superior “Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce”, ubicada en calle Barcala 14 de la ciudad de San Rafael.
Representantes de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN), de la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI) y de la Federación de Empresarios de Mendoza (FEDEMZA) acercaron sus posturas al plenario de comisiones que analiza el expediente que autoriza el proyecto minero San Jorge. Roberto Blanco (PJ Federal), de Obras, presidió la reunión.
Las comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Presupuest
o, Ambiente, Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales que conforman el plenario de comisiones, y diputados de distintos bloques, se reunieron con representantes de CASEMI, CAMEN y FEDEMZA con el propósito de analizar sus inquietudes en torno al proyecto minero San Jorge, en la localidad de Uspallata. El propósito de las reuniones del plenario se funda en el análisis del expediente que contiene la ratificación de la Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge, “en los términos señalados en el Informe Ambiental presentado por la empresa, y condicionada al cumplimiento de las instrucciones de carácter obligatorio” que se enumeran dicha resolución.
En este sentido, cada uno de los asistentes hizo uso de la palabra para exponer trabajos de investigación y estudios realizados, relacionados a las ventajas y desventajas principalmente en oportunidades económicas y desarrollo que el proyecto minero pueda fortalecer y/o poner en riesgo.
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